La integración de Europa es un proyecto histórico de hondo alcance político y social. El proceso de integración empezó por donde parece más fácil y más obligado entenderse, la economía, y en particular por el comercio, estableciendo un mercado común. Todo lo demás seguiría. ¡Y vaya si siguió!
El principio de no discriminación por nacionalidad o de igualdad de trato entre nacionales de los Estados miembros es el motor de la integración europea. En cuanto a las personas, la no discriminación se concreta en la libertad de circulación, primero de los trabajadores asalariados, gradualmente extendida a todos los ciudadanos europeos. La vocación social de la Unión Europea es primeriza, sin duda, y responde a las venas socialcristiana y socialdemócrata que inspiraron la integración.
Hoy, en su Tratado (art. 3) la UE se define como "una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social". Con todo, parece como si la dimensión social de la Unión fuera limitada, como si hubiera que compensar el mayor desarrollo de la integración económica y monetaria, que existiera un déficit social europeo.
De hecho, el desarrollo de la política social de la Unión no estuvo circunscrito por una supuesta primacía de la economía, del economicismo y del liberalismo. La faceta social de la integración europea ha estado limitada por la sobre regulación social de los Estados nacionales. En efecto, la protección al trabajo, la negociación salarial, la seguridad social (salud y pensiones) y la educación se consideraron una cuestión estrictamente nacional, en su definición y en su financiación. Todos, Estados y sindicatos, se sentían más cómodos en el ámbito nacional que en el europeo. El concepto de subsidiariedad remite a esta primacía de los Estados miembros.
En cambio, fue la misma integración económica la que requirió la coordinación de la protección social de los Estados y la armonización y comunitarización de aquellos aspectos de las regulaciones sociales nacionales que aparecían como incompatibles con el mercado común. De este modo, hoy la UE y sus Estados miembros aúnan de un modo inseparable democracia, mercado y Estado del bienestar. El Estado social y democrático de derecho tiene en la UE y en cada uno de sus Estados miembros la más desarrollada expresión.
En la actual reconfiguración de la UE se está introduciendo con fuerza el concepto de pilar europeo de derechos sociales. El término pilar tiene un antecedente en los tres pilares que, decíase, configuran la arquitectura de la Unión. Son el pilar co- munitario (con las competencias, políticas y acciones ejercidas directamente por la Comunidad, sustancialmente las económicas y sociales), el pilar de asuntos exteriores y defensa y el pilar de asuntos de interior y justicia. En estos dos últimos pilares, la UE actúa por cooperación entre Estados miembros y con el concurso de las instituciones comunes.
El pilar europeo de derechos sociales tiene raíces potentes. Está anclado en la igualdad de trato de los ciudadanos que se encuentren en cualquier otro Estado de la Unión, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Esta Carta sucede a varias otras (Carta Social Europea, Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y otras iniciativas concurrentes) y culmina la voluntad de codificación y de visibilidad de los derechos sociales, tratando de hacerlos operativos. Introducida por el Tratado de Lisboa (2007) junto al Tratado de la UE, la Carta de los Derechos Fundamentales como es derecho primario europeo y prevalece sobre el derecho de los Estados cuyas regulaciones sociales complementa.
El pilar europeo de derechos sociales puede ayudar a una real convergencia social entre los Estados miembros. Persigue tres grandes metas: igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas, y una protección social adecuada y sostenible. En la medida en que la recesión económica vaya superándose, el desarrollo del pilar social europeo ayudará a afianzar la integración política de la Unión y el progreso de los ciudadanos europeos.
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