Una parte de España vuelve a la calle. La conflictividad social va en aumento a medida que las cifras macroeconómicas encajan en el difícil tablero de la contabilidad nacional. Las empresas ganan más dinero, los bancos multiplican beneficios, los ayuntamientos tienen superávit, el déficit se reduce y se crean más empleos. Pero la riqueza no llega por igual a todos y eso ha movilizado a sectores de la población que reclaman una recuperación de lo que perdieron en los peores momentos de la crisis. Proliferan los informes que ponen énfasis en la desigualdad de una parte de la sociedad que no puede hacer frente a su día a día con los mismos recursos que hace diez años. El gobierno parece querer contentar a todos, pero es difícil que pueda regar tantas plantas marchitas a la vez: policías, jubilados, asalariados, maestros...
Los partidos de izquierda habían augurado una primavera caliente de protestas y ha llegado incluso antes de despedirse el crudo invierno, con una parte de los pensionistas españoles secundando movilizaciones numerosas en muchas ciudades del país. Sus demandas de mejora son lícitas, legítimas y hasta necesarias. Constituyen una voz que el país debe tener muy en cuenta. Aguantaron lo peor de la recesión siendo el dique de muchas familias que se refugiaron en sus hogares, y ese esfuerzo debe ser compensado. Hay que escuchares, igual que también deben ser tenidos en cuenta los que no salen a protestar.
En su noble objetivo, este colectivo corre el riesgo de ser confundido. Se ha escuchado en sus protestas que el gobierno está destruyendo las pensiones. No hay gobierno posible que quiera eso para los españoles, ni siquiera tendría los medios a su alcance para conseguirlo. Somos los ciudadanos de este país los que decidimos al respecto, no el gobierno de turno. Habrá que estar atentos en cualquier caso para comprobar y denunciar todos aquellos casos, sin duda inaceptables, de pensionistas que este próximo día 25 no cobren su prestación por decisión del gobierno.
La diferencia entre una subida del 0,25% o del 1% en una pensión mínima es de cuatro euros y medio. La sonrojante carta recibida por los jubilados con pensión mínima a los que se anunciaba el incremento infame de un euro, habría anunciado la un poco menos infame subida de seis euros al mes. ¿Eso habría evitado la indignación y las protestas en la calle?. ¿Alguien les ha explicado esto a los pensionistas que con todo su derecho y razón se están manifestando estos días en España?. Lo cual no quiere decir que la subida merecida, lógica y aconsejable no sea la del incremento de los precios.
La dignidad que se reclama para las pensiones se logró en España hace décadas. Existe la tendencia de confundir la dignidad de las prestaciones con su cuantía. Sin duda la dignidad de las pensiones ya es máxima, lo que es discutible es si son suficientes para que alguien pueda vivir treinta días con el actual coste de la vida. Y por eso hemos visto en las manifestaciones carteles reclamando que la pensión mínima sea de 1.080€ al mes con dos pagas extraordinarias. Serían las prestaciones que cobrarían los pensionistas que hoy perciben en torno a los 600€. Los pensionistas que perciben esos 600€ mensuales cotizaron en relación a lo que reciben hoy. Una subida acorde con el tipo de dignidad que se reclama supondría equipararles a aquellos que aportaron mucho más que ellos durante muchos años, que mirarían con sorpresa el cambio exigido en las manifestaciones del domingo.
Siendo el nuestro un sistema que combina la solidaridad entre generaciones (los empleados de hoy pagan las pensiones de hoy) y la hucha personal de cada trabajador en forma de cotización para su futura prestación, tenemos que entender lo que se puede y no se puede hacer.
