El proceso electoral que estas semanas vive Cataluña, una de las comunidades autónomas españolas ricas, resultaría insólito en muchos países del mundo. Incluso en el nuestro no hace mucho tiempo. Nunca se había aceptado como ahora la presencia de imputados en la listas electorales. Pocos meses después de que la presión política, social y catódica forzara de forma tajante la renuncia de diputados o incluso presidentes autonómicos por ser investigados en los juzgados, asistimos a unos comicios en los que las candidaturas de algunas formaciones están plagadas de sospechosos por delitos importantes sin que exista ahora presión sobre ellos.
Lo peor del momento en que el debate catalán se encuentra no es la poca fiabilidad de las encuestas, ni la incertidumbre sobre el bloque que finalmente podrá sostener un gobierno con mínima estabilidad. Lo peor de todo no es tampoco el hecho de que haya imputados e incluso presos preventivos en las listas, porque el sistema democrático permite que el derecho a ser elegido en sufragio pasivo sea garantizado para todos por igual.
Lo más desconcertante de todo lo que está ocurriendo es la plasmación, día tras día y a través de declaraciones y de actitudes, de que se persistirá en la ilegalidad. La cortina que envuelve ahora esta repetición de la jugada es la apelación a la unilateralidad, a la que tras un breve y efímero paso por la quimérica bilateralidad se vuelve a enganchar ERC, partido que pese a las encuestas parece seguir siendo favorito para ganar las elecciones catalanas. En vista de la subida que su gran rival, ex socio y compañero en investigaciones judiciales Carles Puigdemont, el partido de Junqueras ha decidido que la solución es volver a situarse en las decisiones por su cuenta e iniciar de nuevo un camino que sólo traerá frustración y desengaño a todos los que crean en él.
Las consecuencias de los hechos unilaterales llevados a cabo en los últimos tres meses se conocen sobradamente. Ahora hemos sabido que los catalanes fueron presa del pánico durante la primera semana tras el referéndum ilegal, y sacaron de los bancos seis mil millones de euros en sólo una semana, la primera de octubre. Lo que va de lunes a viernes. Saber cuantos de esos catalanes eran partidarios del proceso independentista es imposible, lo mismo que discernir cuantos manifestantes que trataron ayer de impedir el traslado de los bienes de Sijena habían entrado alguna vez al Museo de Lérida a contemplarlos. Pero se puede imaginar.
En ese lamentable episodio de las obras de arte sacro devueltas a Aragón, los Mossos han conocido, si es que no tenían ya pruebas o las que tenían habían sido olvidadas, lo que es actuar contra manifestantes que oponen resistencia al cumplimiento de las leyes. Las porras han sido utilizadas esta vez por los agentes de la policía autonómica que el 1 de octubre se mostraron pasivos en su obligación de hacer cumplir la orden de una juez para que no se realizara ningún referéndum ilegal. Para quienes tuvieran dudas de esa pasividad, es la que investiga un juzgado de Sabadell que ha pedido la identificación de los inspectores y subinspectores que se inhibieron de dar instrucciones concretas para que se cumpliera la orden.
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