Sólo en un país como España se pueden encajar los acontecimientos ocurridos desde el seis y siete de septiembre con una cierta normalidad, con las actividades a pleno rendimiento y la producción diaria desarrollándose rutinariamente mientras una parte del Estado trata de separarse del todo. Repasando los acontecimientos que han tenido lugar desde hace tres semanas se puede comprender mejor, y con perspectiva, el camino que ha adoptado el independentismo y la respuesta que ha dado el Estado a este desafío.
Aprobación de la Ley del Referéndum. Fue la primera andanada ilegal que adoptaron los rupturistas, y sirvió de base para la firma igualmente ilegal del decreto para convocar la consulta, suscrito por todo el gobierno catalán en pleno en una ceremonia tan desafiante como condenada al fracaso.
La respuesta de Rajoy. "Haré todo lo necesario sin renunciar a nada". Tres semanas después se entiende mucho mejor aquella frase.
Primeras querellas. La fiscalía se empleó a fondo aquel miércoles presentando querellas contra los responsables de la ilegalidad. Y el Tribunal Constitucional anuló el referéndum y la Ley en la que se apoyaba en apenas unas horas.
Ley de Transitoriedad Jurídica. Su aprobación fue un redoble de tambores secesionistas, una repetición de la jugada con idéntica respuesta del Estado. Una norma contra la Constitución y el Estatuto, sin cabida en nuestro ordenamiento jurídico, que quedó suspendida de inmediato.
El apoyo de PSOE y Ciudadanos. Con sus luces y sus sombras, con su inevitable pugna partidista, el sentido de la responsabilidad de las formaciones que defienden la Ley y la unidad del país se escenificó en varias reuniones de crisis con el presidente. Respaldo que hasta ahora no ha tenido más que leves fisuras en forma de demandas de diálogo y en la votación de la proposición de apoyo al gobierno en el Congreso.
Barcelona se alinea con la ruptura. Tras unos titubeos más teatrales que reales, la alcaldesa declaró solemne que en su ciudad se podría votar el 1-O. Pero sin comprometer su prometedor futuro institucional. Aún no se conoce con exactitud qué clase de apoyo dará el ayuntamiento a los organizadores de la pretendida consulta.
La batalla de los ayuntamientos. Más de setecientos apoyaron con declaraciones firmadas el referéndum, y fueron citados por la fiscalía para conocer de primera mano los delitos de los que se les acusará. Unas decenas se opusieron y sus alcaldes aún sufren la presión nacionalista. En las ciudades medianas y pequeños pueblos se librará uno de los episodios clave del domingo.
Las papeletas caseras, solución independentista. La incautación de casi 10 millones de papeletas ha provocado la búsqueda de soluciones urgentes por los impulsores de esta operación de ruptura. El llamamiento a imprimirlas en casa y el reparto lanzándolas al viento por la ANC y Omnium intentan burlar la eficacia de la investigación anti-referéndum.
Correos se implica en evitar el golpe. La instrucción de la dirección del organismo para que no se cursara ni un solo envío relacionado con el 1-O dejó sin enviar miles de notificaciones para las mesas electorales. Sin papeletas y sin constitución de mesas, la celebración de una votación va resultando quimérica.
La carta a Rajoy y al Rey. Los promotores y algún elemento añadido buscaron otro golpe de efecto al proponer al jefe del Estado y al del gobierno una negociación para que la consulta fuera pactada. Pactar una ilegalidad, se les contestó, no está entre las opciones.
Intervención de los gastos de la Generalitat. Otra carta, del vicepresidente catalán al ministro de Hacienda, activó el mecanismo de control de las facturas que se pagan diariamente, con el fin de que ni un solo euro vaya a sufragar una ilegalidad. Uno de los movimientos del Estado que más ha dañado las intenciones secesionistas.
Operación contra el 1-O. La Guardia Civil actuó por orden de un juez, el número 13 de instrucción de Barcelona, que lleva meses investigando la intentona secesionista. Las detenciones de altos cargos que preparaban la logística "alteraban las condiciones" del referéndum, según Oriol Junqueras. La puesta en libertad de todos los detenidos no evita que tengan que hacer frente a sus responsabilidades antes o después: el juez cree que han empleado más de seis millones de euros en su objetivo ilegal.
Puigdemont publica los colegios electorales. La respuesta institucional de la Generalitat a la acción de la Justicia fue un tuit que enlazaba a los ciudadanos con un registro para conocer el centro donde poder votar.
Las multas del Constitucional. Otro de los capítulos decisivos en el desmantelamiento de la consulta. El anuncio de una sanción diaria a los síndicos que debían velar por las garantías del proceso de votación provocó su inmediata disolución. Para sortear su desaparición, la Generalitat ha mencionado supuestos observadores internacionales, entes públicos y académicos como nuevos responsables de esa tarea.
Sedición y rebelión. Dos figuras delictivas sobre las que se ha especulado en los últimos días. La fiscalía maneja la primera acusación para castigar a quienes promovieron el acoso a la Guardia Civil en la manifestación ante la consejería de Economía. Y se piensa utilizar la segunda si se produce una declaración de independencia, dejando la puerta abierta a solicitar la detención del president.
Mando único policial. Tres días después de anunciarse, aún levanta ampollas en los responsables políticos de los Mossos. El jefe de este cuerpo de policía autonómica se niega a acudir a las reuniones de coordinación para impedir la consulta. Y la fiscalía da instrucciones claras a los agentes para que interroguen a los directores de colegios con el fin de descubrir en qué centros se piensa celebrar una votación el domingo. El círculo se va cerrando cada vez más.
