Que el capítulo del Banco Popular no estaba cerrado era algo que ya preveía en un reciente artículo. Hoy, menos de una semana después y tal y como indicaba al final de la referida tribuna, todo indicaba que esa paz no iba a ser posible. El cadáver ni siquiera se ha enterrado, no se ha hecho ni la autopsia y ya se está meneando al difunto. Un hecho que me parece la cosa más normal, yo así lo haría. Hay temas que se van a judicializar con toda seguridad, pero además hay que aclarar cuestiones tremendamente importantes.
Vamos con la judicialización. Lo primero y la base es la ampliación de capital de mayo del año pasado. Preveo, no lo sé pero me da la sensación de que así será, que va a desencadenar la mayor parte de las demandas. Estás demandas vendrán, además, por pequeños y grandes accionistas. En este asunto y sin lugar a dudas Bankia es el mayor escaparate en el que mirar y aprender. Recordemos que en el caso de Bankia la existencia de una contabilidad que no respondía a la imagen fiel de la entidad dio lugar a que las sentencias fueran a favor de los demandantes. Demandantes que obtuvieron todo su dinero. Como bien saben, Popular hizo una modificación de la contabilidad, esa modificación va a ocasionar muchos problemas y desde luego es combustible para que un abogado impulse los motores de la demanda. Quiero enfatizar que yo no estoy diciendo ni sospechando que las cuentas fueran falsas, lo que estoy señalando es que la propia entidad corrigió sus cuentas después de haberlas redactado.
Esa modificación va a ser el punto de partida en el que anclar por parte de los abogados la última ampliación de capital llevada a cabo por el banco, concretamente mayo de 2016. Estamos hablando de 2.500 millones, mucho de los cuales fueron suscritos por pequeños accionistas. Por cierto, permítanme un inciso, muchos de esos pequeños accionistas son empleados del Banco Popular, a los cuales les mando desde aquí mis mejores deseos, pues son unos profesionales excepcionales, buenísimos y me consta que lo están pasando muy mal. Dejando el tema de los trabajadores, como saben, algún importe empleado para esa ampliación fue suscrito mediante préstamo concedido por el propio banco, con lo cual la cosa se enrevesa un poco más. Pero continuemos: cualquier abogado va a pedir la anulación con devolución del capital de las cantidades suscritas. Para los que emplearon o accedieron al préstamo, saldar totalmente el préstamo, devolución de las cantidades amortizadas hasta el momento y, por supuesto, los intereses pagados.
Pero puede que las demandas no solo se circunscriban al ámbito de los minoristas, las denuncias pueden ser interpuestas por grandes fortunas, incluso por inversores profesionales. Sobre esto nos puede dar una idea que hay un enorme mercado gris de compra de acciones, deuda subordinada y cocos (convertibles por contingencias) por parte de los fondos buitres. Estos títulos, como decía, ya se están moviendo, aquí el problema vuelve a ser la contabilidad y esa anulación que hubo al computar como capital acciones que fueron adquiridas a través de un crédito concedido por el propio banco. Aquí ya tenemos a importantes fortunas y personas, con un perfil muy destacado en el mundo empresarial, aglutinando a su lado otros accionistas para hacer así mayor fuerza.
Por cierto, también estoy seguro que los bufetes de abogados se van a interesar y ver posibilidades de emprender acciones legales para las personas que hubieran comprado acciones entre mayo de 2016 y la fecha de 3 de abril de 2017, y que en la operativa hayan tenido pérdidas. Esta posibilidad está ya siendo objeto de estudio por parte de los abogados y parece que desde el punto de vista legal podría haber base para la reclamación.
Claro que más de uno no solo va a buscar que se le devuelva su dinero, sino que estoy convencido que alzaran el tiro. Estoy pensando en este caso en posibles denuncias al consejo de administración, así como a altos responsables del banco intervenido y vendido por un euro. Aquí incluso el primer interesado puede ser el propio adquiriente, es decir el Banco de Santander. Ya está habiendo movimientos en este sentido, pues conforme nos informa la prensa, parece ser que el Santander estaría bloqueando el pago de indemnizaciones. Por otra parte, parece insistir, nuevamente cito a la prensa, que ya habría reclamaciones sobre los fondos de pensiones que habrían recibido altos cargos ya cesados.
Pero como decía al inicio, hay más temas que la judicialización, también que se aclare el embrollo. Para mí las palabras de José María Roldan, presidente de la AEB, son diáfanas. Roldán, frente a otras importantes voces, ha enfatizado lo que todos sabemos y que no es otra cosa que el Banco Popular venía arrastrando una situación muy complicada desde hace tiempo. La intervención por parte del MUR no fue para nada súbita, sino el desenlace final de la crónica de una muerte anunciada.
Estoy de acuerdo con el ministro Luis de Guindos que dice que quien retiró grandes cantidades de dinero, horas antes de la intervención, no ha tenido ventaja sobre los que se quedaron. Cierto, pero esta cuestión es fundamental, puesto que la causa del fallecimiento del Popular es por problema de liquidez, por una fuerte retirada de depósitos. Por tanto, ed fundamental saber si hubo uso de información privilegiada, de ser así esas salidas provocadas por las filtraciones aceleraron el colapso del pobre Banco Popular. El uso de información privilegiada ha sido siempre perseguido.
