Hace cosa de una semana, un par de okupas de Barcelona decidieron que había llegado la hora de asentarse en una vivienda digna. Y, ni cortos ni perezosos, decidieron hacer suyos dos pisos de un edificio completamente nuevo.
La constructora que lo hizo había quebrado y el banco que los terminó los había adjudicado ya, pero todavía no había entregado las llaves a los que serán sus propietarios. Paradojas de la vida, uno de esos afortunados con nueva casa es uno de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Los okupas, que se saben la ley al dedillo, mucho mejor que los dueños de cualquier vivienda, llamaron ellos mismos a la policía para autodenunciarse. Saben que, una vez se han convertido en 'dueños y señores' de una casa, pueden pasar un par de años hasta que un juez les desaloje.
No es cuestión de alegrarse porque al fundador de la PAH le hayan quitado su vivienda, no vaya a ser que le dé por okupar otra, pero al menos habremos de convenir que algo de justicia poética tiene que le hayan dado a probar de su misma medicina.
La moraleja de este asunto es de sobra conocida por las autoridades: la propiedad privada, una de los pilares del Estado de Derecho, se convierte en papel mojado cuando tienes que esperar meses para que un juez te restituya tus bienes. Y a ver en qué estado los dejan. Pero ni por esas cambian la norma.
Sin embargo, la sensación más grave que deja este asunto es que la ley parece estar hecha más que para proteger la sacrosanta presunción de inocencia para proteger al delincuente. Y este, si me apuran, es un caso hasta cierto punto trivial.
Hay cientos en los tribunales en los que el a todas luces presunto culpable evita la condena porque conoce los recovecos de la legislación mejor que el que tiene que aplicarlos. Ahí tienen, sin ir más lejos, a Quico Homs y la banda de los separatistas. De momento, por el referéndum del 9-N, ya no tendrán que responder por la malversación de fondos públicos.
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