Las estimaciones macroeconómicas muestran que en 2016 el crecimiento de la economía española ha sido uno de los más importantes del mundo desarrollado. Pero esta situación puede ser afectada por una reacción social que elimine toda racionalidad de la política en todos sus aspectos, del económico al de la convivencia, como consecuencia del impacto de fenómenos de corrupción. Por eso, actualmente el impacto electoral puede ser muy peligroso, y capaz de abrir el paso al poder a grupos populistas, los cuales hunden las posibilidades de una política económica seria. El desempleo, la inflación, la caída de la renta y del consumo, la necesidad de emigrar surgen derivados de la reacción social ante fenómenos de corrupción. La raíz de esto se encuentra en que existe una realidad generada por la evolución de nuestra estructura productiva, que se encuentra larvada por un fuerte intervencionismo administrativo, lo que en España se ve agravado por la superposición del procedente el Estado y el generado por las autonomías, con cierto añadido a causa de decisiones de los Ayuntamientos, esto último importante en relación con las grandes zonas urbanas.
Una y otra vez es preciso echar mano de lo que nos indican sobre nuestra realidad actual las afirmaciones contenidas en Doing Business 2015, la publicación anual del Grupo del Banco Mundial. Ordenados los países estudiados de 1 (mayor libertad empresarial) a 150 (mayor intervención), España ocupaba en 2015 el puesto 33, entre Polonia y Colombia. Esto empeora al contemplar, en ese mismo documento, alguna realidad sectorial. Concretamente, por lo que se refiere a la facilidad de conseguir permisos de construcción, el puesto de España es el 107. Esto no deja de explicar por qué esa lacra que es la economía clientelar, tan bien expuesta por el profesor Jaime Terceiro en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y numerosos casos de corrupción administrativa, muestran con claridad cómo en entidades con cierto peso, la capacidad normativa y de gasto favorecen a personas o a empresas concretas, aunque ello suponga perjuicio para la colectividad. Naturalmente eso ha de ligarse a pérdidas en valores que eran vitales para la sociedad española, pero sin olvidar las tentaciones que se reactivarían si se produjese el intervencionismo. Vuelvo, y en eso estoy de acuerdo, naturalmente, con el Premio Nobel de Economia Stiglitz, quien escribe que "la ideología y los intereses descontrolados, pueden generar unas estructuras económicas, tal vez beneficiosas para unos pocos, pero peligrosas para grandes sectores de la ciudadanía". En España, es evidente que eso explica, por ejemplo, cómo a causa de la política del entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acabó por suceder la catástrofe de las Cajas de Ahorros, con derivaciones en el sentido que se expone.
En el año 1987, el académico Gonzalo Fernández de la Mora, en su aportación La corrupción administrativa aportó datos importantes sobre las causas del avance de la corrupción debido precisamente, como se acaba de exponer al crecimiento de la intervención estatal en la vida económica y en la falta de agilización administrativa.
Sobre la primera cuestión no pueden olvidarse sus palabras: "Cuanto más extensa es el área de acción del Estado y más elevados sus presupuestos, más imperativa es la honestidad de los funcionarios públicos, más riguroso el control y más necesaria la persecución de la corrupción. El colosalismo estatal no aminora, sino que multiplica la responsabilidad y la eventual culpabilidad del corruptor".
Y sobre lo segundo señala: "Si de lo que se trata es, pura y simplemente, de lograr que la Administración funcione y si ese objetivo solo se alcanza con mordidas, la solución... está... en una reforma radical (porque)... una Administración que solo se pone en movimiento con dádivas, es un alto testimonio de ineptitud gubernamental".
Y por ambas realidades, concluye: "Contra la corrupción hay que luchar como contra las epidemias, con la diferencia de que, en definitiva, la muerte es insoslayable, mientras que el peculado puede multiplicarse... mediante el ejemplo", si todo ello no es compensado con "la eficaz inspección y la sanción rotunda".
Como final he de señalar que, en cuanto funcionario público he participado en expedientes derivados de situaciones vinculadas al tema que aquí trato, por ejemplo en el asunto Matesa, y en el de Filesa. En el primero, al decidir que una ponencia de ese órgano legislativo que era entonces el Consejo Nacional del Movimiento formada por Gonzalo Botija Cabo, José García Hernandez y José Miguel Ortí Bordás, formulase un informe, convocado por él, para que yo redactase un trabajo previo. Lo entregué y la ponencia decidió que lo hacía integralmente suyo. La única crítica de mi trabajo fue la de Mariano Navarro Rubio en su libro El caso Matesa. Datos para la historia. La base de mi informe era la lamentable estructura del Banco de Crédito Industrial, de la que tenían responsabilidad los anteriores ministros de Hacienda. A la sazón, y probablemente cesó por eso, era el ministro de ese ramo Juan José Espinosa San Martín. En medio del desarrollo de ese Informe fue cesado. Su sucesor, Alberto Monreal Luque, tras leer mi informe, me designó miembro del Consejo de Administración del Banco de Crédito Industrial, para preparar, me dijo, una reorganización de la Banca oficial, como así sucedió. Aquella situación corrupta se debía al mal funcionamiento administrativo.
En el caso Filesa, que parecía mostrar altos índices de corrupción que afectaban al Gobierno González, yo era desde 1991 consejero del Tribunal de Cuentas. Formulé, tras aprobarse, gracias al voto de calidad del Presidente entonces en el Tribunal citado, que no había ninguna responsabilidad de González, formulé un voto particular, señalando las vinculaciones del asunto con políticos concretos. A ese voto particular tenía que dársele publicidad en un Boletín del Congreso de los Diputados. Nunca apareció. En vista de eso, lo incluí, como apéndice a la segunda edición de mi libro España ante la socialización económica, para que quede clara mi toma de posición ante estas cuestiones, de acuerdo con lo que expuse en mi artículo Corrupción, realidad económica y control fiscalizador, en Revista Española de Control Externo, septiembre 1999. Las catástrofes que pueden originar los fenómenos de corrupción son tales que obligan a plantear muy seriamente reformas radicales en nuestra Administración. Derivan de lo señalado, junto con apoyos al mantenimiento de valores esenciales de nuestra civilización occidental, y deberían suponer castigos muy duros a los implicados en esas realidades.
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