El ministro del Gobierno que ha reaccionado con más rapidez a la sentencia de las cláusulas suelo ha sido Montoro. Sin embargo, no se crea que la reacción ha sido para facilitarle las cosas a los que han pagado indebidamente a los bancos, sino para decirles que tienen que tributar por las cantidades recibidas, aunque sin decir cómo. A diferencia de lo que ocurrió con las participaciones preferentes, donde el Gobierno del PP hizo tributar como ganancia de patrimonio hasta las costas de los abogados, ahora está claro que lo que hay es una devolución de un pago al banco. Así que, más allá de los casos de viviendas alquiladas o de actividades económicas, el principal problema se plantea en la deducción por vivienda.
Según los últimos datos, hay más de 4.600.000 contribuyentes que se beneficiaron de la deducción por vivienda. De ellos, la inmensa mayoría tiene una hipoteca a tipo variable, y de ellos muchísimos tienen cláusula suelo. Por lo tanto, estamos hablando de corregir centenares de miles de declaraciones como poco. La cuantía hay que calcularla caso por caso, y para controlarla habría que pedir información específica a los bancos. Esta información luego debería facilitarse en los borradores del IRPF. Además, habría que eliminar la obligación de pagar un recargo del 20%, y además intereses de demora, cuando los interesados declaren. Ésta es una cuestión de justicia, ya que la complementaria con exención de recargos e intereses es la regla cuando se perciben atrasos en el caso de salarios. Además, obviamente el cliente que no fue informado de una cláusula suelo declaró correctamente en su momento, y no se merece un recargo del 20%.
Como no estoy seguro de que estos argumentos de justicia convenzan a Montoro o a otros altos cargos de Hacienda, queda el sencillo argumento de que a todos nos conviene que se declare correctamente. Evidentemente, no se pueden dedicar todos los escasos recursos de control de la Agencia Tributaria sólo a controlar la fiscalidad de las cláusulas suelo: estamos hablando de cientos de miles de declaraciones a controlar caso por caso. Recursos en la lucha contra el fraude que los últimos Gobiernos del PP y PSOE, por cierto, lo único que han hecho es reducir.
Otra cuestión que llama la atención es que el ministro de Hacienda se plantee toda esta cuestión como un ingreso para Hacienda. Las cuantías que pague la banca por haber cobrado indebidamente por las cláusulas suelo serán menores deducciones por vivienda, pero también gastos para los bancos. Ahora bien, el tipo de la deducción por vivienda es el 15%, y el impuesto de sociedades es el 30%. Además, todos los pagos serán deducibles en el impuesto de sociedades, mientras que hay hipotecas sobre segunda vivienda, o que no cumplen los requisitos de la deducción por vivienda. Pues bien, la realidad es que, en este punto, probablemente Montoro tiene razón: el tipo efectivo del impuesto de sociedades en los bancos está muy por debajo del 15%. Esto significa que si se facilitan las cosas a los contribuyentes, y se controla adecuadamente, las Arcas Públicas no se resentirán por los efectos fiscales de las cláusulas suelos. Por supuesto, esto significa que tras la reforma Montoro de 2014, el impuesto de sociedades está hecho unos zorros, y el último y chapucero Decreto Ley de subidas fiscales no ha contribuido precisamente a arreglarlo.
En cualquier caso, seguro que a usted como lector le habrá sorprendido que el Gobierno del PP se preocupe antes de la tributación que de los derechos de los consumidores o de la solvencia bancaria. Especialmente, si tenemos en cuenta que algunas cifras las pagará directamente el contribuyente, caso, por ejemplo de Bankia. En otros, como el de Abanca, debido al Esquema de Protección de Activos que otorgó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), es decir el Gobierno del PP, los contribuyentes sólo pagaremos el 85% de las indemnizaciones de las cláusulas suelo.
Aun así, a mí lo que más me ha sorprendido es que con estas declaraciones Montoro se separe de su doctrina anterior cada vez que salta un escándalo fiscal. Así, en el caso de los Papeles de Panamá el Gobierno no ha informado de ninguna actuación. En el caso de Apple, aunque la Comisión Europea ha ofrecido a los Estados documentación para que le exijan los impuestos que, en su opinión, la compañía no ha pagado, España, a diferencia de Italia, no ha reaccionado. Hace unos meses, le pregunté oficialmente al Gobierno por el caso, y sigo esperando respuesta. Algo similar se puede decir del fraude en el fútbol, donde, para variar, el Gobierno tampoco me ha contestado, y sin que ninguna autoridad fiscal haya querido comparecer.
Con todo, el caso más escandaloso de doble rasero ha sido el de la amnistía fiscal. Aquí, el Gobierno del PP no ha hecho el más mínimo esfuerzo para recuperar el 7% ilegalmente perdonado a los defraudadores, ni siquiera les ha dicho que tendrían que pagar. Esto, aunque el Pleno del Congreso, a instancias de Ciudadanos se lo haya exigido reiteradamente. Naturalmente, aquí hablamos de menos de 30.000 defraudadores, que ni siquiera habían cumplido con el vergonzoso Decreto Ley de amnistía, y no de millones de perjudicados por las cláusulas abusivas de algunos bancos. ¿Está Montoro yendo a por los de siempre, aunque ni siquiera sea en estos casos lo más fácil?
Felices fiestas y que 2017 sea un gran año.
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