Hay pocos términos tan engañosos en fiscalidad como el paraíso fiscal. Y no lo digo porque en los últimos tiempos las diversas filtraciones, como la de los papeles de Panamá, hayan supuesto un susto "infernal" para los que habían confiado en estos "centros financieros offshore".
Como explico en mi libro ¿Hacienda somos todos?, el término paraíso fiscal es una mala traducción del inglés tax haven. Un haven era un puerto refugio, como la isla de la Tortuga en el Caribe. En estos puertos refugio del Caribe tenían su base corsarios y piratas. Un tax haven es un refugio frente a los impuestos. Sin embargo, el término se tradujo como si fuese heaven, es decir cielo o paraíso.
Además, los paraísos fiscales tienen algo que ver, pero poco, con territorios con bajos impuestos. De hecho, la característica fundamental de un paraíso fiscal es su opacidad. Esto permite a los evasores fiscales huir y refugiarse de los impuestos que deberían pagar en sus países de procedencia. Además, y esto es lo más grave, también permite que no se pueda rastrear el origen del dinero. A menudo, buena parte del dinero que radica o se mueve a través de los paraísos fiscales, proviene de algún tipo de delincuencia económica. Los delincuentes económicos, como todos, pretenden no dejar rastro. Por eso estos delincuentes necesitan primero esconder el dinero, luego borrar su rastro, y por último, reintroducirlo en el circuito legal. Esto es lo que se conoce como blanquear el dinero, y es un delito tipificado en casi todos los países, ya que es un elemento esencial para luchar contra la delincuencia económica. El instrumento fundamental de blanqueo a gran escala son los paraísos fiscales. Por esa razón, la lucha contra los paraísos fiscales es la lucha por la dignidad y la civilización, porque es la lucha contra la impunidad de la delincuencia económica.
En España tenemos problemas graves de corrupción. Para luchar contra ella, como en todos los delitos económicos, resulta esencial poder seguir el rastro del dinero. Como eso también lo saben los corruptos, en todos los pequeños casos de corrupción aparecen los billetes de alta denominación. Eso se debe a que el efectivo no es rastreable. En cambio, en los grandes casos de corrupción, nos encontramos con paraísos fiscales, o refugios fiscales si lo prefiere. En realidad, los paraísos fiscales son los refugios del delito. Por eso facilitar la vida a los que se han llevado el dinero a paraísos fiscales no sólo es facilitar la vida a los defraudadores fiscales, sino también a los corruptos. Ahora, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha puesto encima de la mesa la información de miles de sociedades opacas en Panamá, deberíamos recordar todo eso. Y deberíamos recordarlo porque los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP parecen haberlo olvidado. En primer lugar, porque en 2011 le Gobierno de Zapatero sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales, firmando un Convenio de Doble Imposición. En honor a la verdad, y como ya escribí hace años, este hecho supuso también que España saliese de la lista panameña de paraísos fiscales, ya que Panamá consideraba paraíso fiscal a todos los países que incluían a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales. Habría que recordar que todo eso ocurrió en el momento de la licitación de las obras de ampliación del Canal de Panamá.
En cualquier caso, la cláusula de intercambio de información incluida en el artículo 27 del Convenio de Doble Imposición no contempla, como recomienda la OCDE, el intercambio automático de información. Lo que sí que prohibe el convenio, en varias ocasiones, son las "expediciones de pesca" o fishing expeditions, es decir solicitar información a ver qué se puede encontrar. A la vista de los acontecimientos, había muchos peces que no querían ser pescados.
De hecho, según la información del ICIJ muchos de las sociedades fueron liquidadas en la amnistía fiscal, y no fueron pescadas. El problema es que los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal sólo pagaron una media del 3 por ciento. Además, no se procedió a enviar a los Tribunales sistemáticamente a aquellos defraudadores amnistiados que presentaban indicios de blanqueo de capitales. Ahora el Gobierno ha anunciado que se van iniciar inspecciones para ver si los supuestos titulares de las sociedades panameñas opacas han cumplido con sus obligaciones fiscales. Es algo que hay que hacer, porque cuando aparecen indicios de fraude fiscal hay que inspeccionar, y no enviar invitaciones a regularizar como hizo en su día la Agencia Tributaria en el mandato de Zapatero. Sin embargo, hay que hacer mucho más si queremos recuperar la conciencia fiscal. Hace varias semanas, a iniciativa de Ciudadanos, el Congreso aprobó una ambiciosa propuesta de lucha contra el fraude. En ella, además de exigir los 2.800 millones perdonados ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal, proponemos investigar el origen de los fondos regularizados. Hay que hacerlo, entre otras cosas, porque parece que hay sociedades de personas vinculadas a casos de corrupción, y si no se hace se estará amnistiando la corrupción.
Y por último hay que dejar de engañarse y engañarnos. Si los países con los que firmamos los convenios no intercambian información, de nada sirven estos convenios. Más aún, son contraproducentes, porque los que se refugian en ellos ni siquiera se ven perjudicados por las medidas fiscales y financieras anti-paraísos. Por eso, desde Ciudadanos, en nuestro programa, en las 200 reformas que firmamos con el PSOE y en la propuesta que aprobó el Congreso, instamos a actualizar nuestra lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir a aquellos países que permiten y fomentan la opacidad. Para luchar contra los paraísos, contra los refugios del delito, lo primero es incluirlos en las listas y no sacarlos de ella sin recibir información. Lo otro no es más que engañarse a uno mismo y tratar de engañar a los españoles.
