Desde que entramos en la crisis en 2008, España, con gobiernos tanto del PP como del PSOE, ha incumplido todos los años el objetivo de déficit. Con estos precedentes a nadie le extrañará hoy que los datos de 2015 certifiquen un nuevo incumplimiento, que se veía venir hace algunos meses como señalaba elEconomista.
El dato de déficit de 2015 es malo sin paliativos, pero la situación fiscal ha mejorado. Hay que recordar que el déficit en 2011 excedía del 9%, en el último año de Gobierno del PSOE de Zapatero. Evidentemente, buena parte de la mejora se debe al impresionante aumento de impuestos, que el Gobierno de Rajoy y Montoro llevó a cabo en 2012 y 2013, y que ascendió, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria a más de 23.000 millones de euros. Y aquí sólo se computan los impuestos que gestiona la Agencia Tributaria del Estado, y no el IBI, por ejemplo, que ha subido en términos de recaudación efectiva más de 2.000 millones de euros entre 2011 y 2014, mientras que el precio de los inmuebles caía. Además, hubo recortes, como por ejemplo en las prestaciones por desempleo o el gasto en educación y sanidad. Eso sí, el gasto burocrático y suntuario, cuyo ejemplo paradigmático son las diputaciones provinciales, no se recortó.
Sin embargo, para 2015 los presupuestos preveían un crecimiento económico del 2%. Finalmente, los vientos de cola han sido mucho más fuertes de lo esperado, y nos llevaron a un crecimiento del 3,2%. En primer término, la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo fue muy superior a la esperada. Esto originó una importante caída de los tipos de interés, ahora en mínimos históricos. Además, la devaluación del euro favoreció nuestras exportaciones. Por último, lo más importante, la gran caída del precio del petróleo fue una inyección de crecimiento para España, que importa casi todo el petróleo que consume.
Con este crecimiento adicional tan relevante no parecía tan complicado cumplir el objetivo de déficit. De hecho, hubiese sido muy importante cumplirlo por varias razones. En primer lugar, porque el Gobierno del PP presentó unos presupuestos para 2016 con unas estimaciones de ingresos infladas, especialmente en el ámbito de las cotizaciones sociales. Esto lo advertimos desde Ciudadanos, pero luego lo certificaron la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la Comisión Europea. Hace unas semanas, la Comisión Europea envió a España una "Recomendación Autónoma", y fue el único país en recibirla. En ella, la Comisión solicitaba medidas efectivas y duraderas para reducir el déficit. El procedimiento puede acabar con una multa de más de 2.000 millones para España.
En estas condiciones, el cumplir por primera vez el objetivo de déficit hubiese facilitado las cosas. En cualquier caso, el crecimiento económico se está desacelerando en este primer trimestre. Además, el Ministro Montoro ya ha señalado que la recaudación no se está comportando tan bien en estos primeros meses de 2016 como el año pasado. La economía internacional, especialmente en algunos países emergentes como Brasil y China, se está desacelerando. Aunque también es cierto que la inestabilidad política empieza a pasar factura: España lleva más de cien días sin Gobierno. Lo peor no es eso, sino que los ciudadanos no saben qué política llevará a cabo el futuro Gobierno. A esto contribuye que tanto el PP como Podemos no hayan debatido de propuestas, limitándose a exigir cargos.
A efectos económicos, no se puede hacer política sin presupuestos. Y para poder empezar a tramitar unos presupuestos es imprescindible aprobar un techo de gasto de acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Esta norma exige sendos acuerdos de los Plenos del Congreso y el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Esto deja poder de veto al PP, salvo una modificación de esta Ley Orgánica, para lo que se necesita mayoría absoluta y que enviaría un mensaje muy negativo para la estabilidad presupuestaria. Especialmente, porque modificar la Ley de Estabilidad con los votos de partidos abiertamente contrarios a la estabilidad presupuestaria, como Podemos, sus confluencias y otros partidos separatistas, es lo último que querrían conocer los inversores que compran nuestra deuda.
Estamos en una situación de bloqueo político, y la Unión Europea nos insta a que recortemos. Si queremos mantener el crecimiento y dejar atrás definitivamente la crisis, debemos acabar con la inestabilidad y acometer reformas que mejoren el crecimiento.
Esto nos daría la opción de negociar con Europa un aplazamiento del ajuste. No hay más opción que los partidos constitucionalistas y partidarios de la estabilidad económica y presupuestaria nos pongamos de acuerdo en una senda de reformas y crecimiento.
En eso trabajamos en Ciudadanos, porque los riesgos de cualquier otro escenario son elevadísimos, y después del mal dato de déficit, hoy más que ayer.
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