Señala un viejo dicho que a menudo es una maldición vivir en tiempos interesantes. En el ámbito de la política estamos entrando en un terreno desconocido en tiempos democráticos. Esto significa que tenemos "emociones fuertes" y no precisamente estabilidad. Si esto sigue así, afectará, y no para bien, a la economía, es decir al bolsillo de los españoles.
Tras una larga y profunda crisis económica, es cierto que hemos experimentado algunas mejoras en 2015. Parte del mérito le corresponde a los factores externos, como la devaluación del euro y la política monetaria expansiva del BCE, y especialmente a la caída de los precios del petróleo. La buena noticia es que se resulta previsible que todos estos factores se mantengan a lo largo de 2016. Además, y esto es mérito de los españoles, con un enorme esfuerzo muchas empresas y familias han terminado sus ajustes: ya no consumimos e invertimos por encima de lo que ahorramos.
Sin embargo, España sigue teniendo graves problemas económicos estructurales. El primero de ellos es un mercado de trabajo desastroso, con un paro elevadísimo y sostenido. En segundo lugar, la calidad del trabajo que se está creando es muy mala: casi todo el empleo nuevo que se crea es temporal. Esto tiene muchas implicaciones en los proyectos personales de los jóvenes en España, pero además afecta muy negativamente a las Arcas Públicas. Así, con un crecimiento superior al 3%, los ingresos por cotizaciones sociales sólo crecen al 1,27%, muy por debajo de lo que crece el gasto en pensiones. Las cuentas de la Seguridad Social son un quebradero de cabeza que no está mejorando.
Por otra parte, los ingresos fiscales no van tan bien como ha ido proclamando el Gobierno. La recaudación fiscal acumulada a noviembre estaba creciendo a una tasa del 4,7%, que no está mal, pero está incluso por debajo de las previsiones de ingresos de los anteriores presupuestos. Además, las CCAA no cumplirán el objetivo de déficit. En resumen, las finanzas públicas en España siguen siendo un problema.
Además, España sigue siendo un país muy endeudado. Durante la crisis el sector privado, las familias y las empresas, han reducido su endeudamiento, pero el sector público lo ha aumentado de forma considerable hasta casi el 100% del PIB, más de un billón de euros. Este endeudamiento hay que refinanciarlo, en parte, además, en el exterior. Éste es, en mi opinión, el talón de Aquiles de la economía española.
Los posibles riesgos son: por una parte, que haya una parálisis política y que no se haga nada durante meses. Esto nos llevaría a tener un menor crecimiento económico, sin que, además, se arreglen nuestros problemas económicos estructurales. Con todo, el riesgo más grave es que los inversores empiecen a creer que no hay voluntad o posibilidad de controlar el déficit, lo que amenazaría a medio plazo la integridad de cualquier inversión en España. Esto no sólo puede pasar si el nuevo Gobierno de España aumentase el gasto sin tener una recaudación suficiente, sino también del desenlace de la situación en Cataluña.
La hoja de ruta separatista del nuevo Gobierno catalán de Puigdemont no sólo es ilegal y un ataque a la mayor parte de la población catalana que está en contra, sino un camino al fracaso económico y a la pobreza. Las medidas económicas que el nuevo president de la Generalitat propuso en el debate de investidura tendrían, si se aplicasen, un efecto devastador. Por ejemplo, la creación de un Banco Central de Cataluña, no autorizado por el Banco Central Europeo, supone en la práctica la salida de Cataluña del euro, que es uno de los objetivos de las CUP, uno de los partidos que apoya al nuevo Ejecutivo. Esto es un ataque brutal a la estabilidad financiera en Cataluña, que afectaría de rebote a toda España.
Por otra parte, el intento de crear una Hacienda propia a partir de 200 funcionarios y sin acceso al sistema de información de la Agencia Tributaria del Estado es un fracaso seguro. Si lo que se pretende es, en palabras del ex presidente Mas, que se le entreguen a la Generalitat, "las llaves de la Plaza Letamendi", entonces lo previsible es un aumento espectacular del fraude, y la consiguiente caída recaudatoria, al romperse el flujo de información, imprescindible para el control fiscal.
Ante este panorama, desde Ciudadanos consideramos imprescindible, por razones no sólo políticas sino también económicas, que se forme un Gobierno de España estable y comprometido con solucionar los problemas a los españoles. Esto pasa por una agenda de reformas económicas y políticas de consenso, pero por encima de todo por garantizar el cumplimiento de las Leyes y del Estado de Derecho. Cualquier otra actuación sería simplemente colocar los intereses particulares y partidistas por encima de los intereses generales de España, lo que nos conduciría a un seguro fracaso colectivo.
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