Sé perfectamente que el espacio disponible me impide hacer una reflexión más prolija y extensa. Pero el uso y el abuso del término por parte de los voceros del estatus me obliga a tomar partido y a pergeñar unos ejes básicos sobre los que se fundamenta mi opción. Una simple mirada alrededor nos evidencia que los gobiernos, partidos y seres humanos acusados de tal "crimen" no intentan otra cosa que llevar a la práctica los contenidos de la Declaración de DDHH de la ONU de 1948, en concreto, el Preámbulo y los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 28.
Unos contenidos que, como el resto, constituyen la base de nuestra Constitución (artículo 10). Son los sacerdotes de la "única y verdadera economía" los que deben responder si están en condiciones de aventurar una fecha en la que la aplicación de sus principios y prácticas económicas desemboque en la consecución de los citados contenidos en la Declaración.
Por otra parte, no parece que la "racionalidad" y "cientificidad" de la economía oficial haya conseguido evitar crisis, errores de consecuencias incalculables, especulaciones fraudulentas, mercados opacos, prácticas de oligopolio, paro, precariedad, intercambio desigual o malversaciones de caudales públicos.
Errores de cálculo
Es posible que los gobiernos y fuerzas políticas o ideológicas motejados de "populistas" por el oficialismo incurran en errores de cálculo, de previsión o de no explicitar valores alternativos y necesarios. Deben corregir esos fallos y los complejos ante las descalificaciones de los otros.
Pero los del "capitalismo popular", los del negocio a toda costa, los del "inviertan y no pregunten", los de la rentabilidad económica al precio que sea; es decir, los populistas del "y todos seréis como ricos", deben ser honestos con ellos mismos y con el lenguaje. Y sobre todo deben dejar de vestir sus intereses personales o grupales con lugares comunes, tópicos o declaraciones engoladas sobre los DDHH. Aunque, eso sí, cultivan el cinismo como nadie.
Julio Anguita, excoordinador general de IU
