La tendencia no es el destino. Preguntarse sobre el futuro de las pensiones (especialmente después de que el Gobernador del Banco de España haya dado su propia respuesta) exige preguntarse previamente si existe o no una preocupación compartida sobre los problemas del envejecimiento y una política común para afrontarlos. La respuesta es claramente afirmativa.
Hay en España una coincidencia política para proteger las pensiones. La crisis del sistema que anunció el Gobernador del Banco de España, si existe, es, sin duda, una crisis de crecimiento, lo que equivale a decir que se trata de una enfermedad incluso saludable y hasta razonablemente esperada.
Una vez cada tanto, y a veces muchas veces en poco tiempo, según el clima político y económico, se escuchan severos augurios de contenido y tono fúnebres sobre la crisis del sistema, lo que recuerda mucho a la crisis del teatro: siempre es un buen tema para conversar o para unas declaraciones a la prensa, pero siempre es un lugar común que se repite desde Shakespeare. Hace 35 años esa idea estaba ya en el Informe de la OCDE de 1980 titulado "El Estado Protector en crisis". Allí se sugerían el aumento de cuotas, una intensa reducción de las pensiones, el aumento de la edad de jubilación y hasta la supresión de las revalorizaciones porque, de no hacerse así ya entonces, todo el Estado del bienestar caería sobre nuestras cabezas. El tiempo ha confirmado que aquella inminencia era falsa.
Hace veinte años, en 1995, el ministro de Hacienda Pedro Solbes recomendó a todos los españoles que contrataran fondos de pensiones privados porque el sistema público iba a ser insostenible. Lo que también fue falso porque al terminar el Gobierno de Aznar en 2004 el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se elevaba a casi 70.000 millones de euros. Por tanto, no es un axioma que la Seguridad Social vaya a ser un día (siempre un día muy cercano) víctima de la quiebra. Lo que sí es axiomático es que a la Seguridad Social hay que gestionarla con claridad de ideas y que el crecimiento del empleo, como ahora ocurre en España, es la mejor vacuna para los temores sobre su derrumbe.
El momento en que las pensiones estuvieron de verdad en riesgo fue en 2011, cuando el anterior Gobierno dejó las cuentas del sistema en tal estado que el Gobierno entrante tuvo que solicitar un crédito para pagar la nómina mensual de las pensiones. Ese sí fue el momento en que las pensiones estuvieron en riesgo. Desde entonces, ni la recaudación ha dejado de crecer ni las pensiones de aumentar en cuantía y en número.
En junio de 2015 han subido un 3% respecto a junio de 2014. La pensión media de jubilación supera los 1000 mensuales, más del 2% de incremento sobre junio de 2014. El sistema abona pensiones mes a mes a más de nueve millones de pensionistas, más de la mitad jubilados. En 1980 la OCDE no hubiera apostado por estos números. Han pasado 35 años. En 1995 tampoco Solbes lo habría creído. Han pasado 20 años. Ha pasado lo contrario de los fúnebres augurios.
La reciente invitación del Gobernador del Banco de España a complementar las pensiones futuras con pensiones privadas parece haber resonado en el ambiente como si se tratara de una cuestión pendiente a la que casi ya llegamos tarde. Eso solo sería así en un contexto de recorte de pensiones que hoy no se da porque en España solo se han reducido las pensiones en 1985, cuando se reformó el sistema, en 2010, cuando el anterior Gobierno congeló por primera y única vez en España las pensiones en un contexto de subida del IPC y en 2011, cuando la ley 27/2011 determinó una bajada de cuantías de un 10 por cien, aproximadamente, como consecuencia de la ampliación de los periodos de cálculo. En esos tres momentos los pensionistas sí tuvieron motivos para considerar la opción de los planes privados, ya que ante la reducción de las pensiones públicas crece la necesidad de su complemento. Esta situación no es hoy así.
Fomentar los planes privados gira en torno a la idea de contener el gasto público. Pero las contribuciones a los planes de pensiones privadas se sustentan en incentivos fiscales cuyo objetivo es favorecer el impulso y desarrollo de tales pensiones complementarias. Estos planes utilizan recursos públicos en forma de desgravaciones y otras ventajas fiscales y por tanto, la financiación de las pensiones privadas descansa de forma sustancial en pérdida de ingresos del Estado. Así pues, si los españoles tienen que detraer una parte de sus rentas para destinarlas a fondos privados y el Estado pierde ingresos, parece fácil deducir quién ganaría con la generalización de este esquema protector complementario.
Afortunadamente, la Seguridad Social española es un sistema público que garantiza -y lo seguirá haciendo- pensiones suficientes, vinculadas al esfuerzo contributivo de los beneficiarios y sus recurrentes crisis han tenido siempre una terapia de adaptación dinámica para su preservación.
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