En un mundo teórico, de competencia perfecta, los salarios los fijaría automáticamente el mercado. La reducción de mano de obra o su aumento, la productividad marginal de cada asalariado, las reglas de la competencia, establecerían la retribución de cada empleo. Pero la formación de los salarios en el mundo real se realiza por dos vías: la institucional y la competitiva. Esta última, obedece solo a la ley de la oferta y la demanda. De ese modo, los excesos de demanda se corrigen por la vía de los incrementos salariales y los excesos de oferta se corrigen por los recortes salariales.
Además, la vía institucional, el Gobierno, la legislación, los sindicatos, las organizaciones patronales, negociando las condiciones laborales, influyen en los ajustes salariales, fijando los valores de cambio de trabajo por dinero. Tales decisiones se adoptan al margen del mercado. Y no puede ser de otra manera porque los salarios no son solo el precio del trabajo sino también las rentas del trabajador, su medio de vida, del mismo modo que el trabajo no es una mercancía, sino algo más. Y aunque el mercado español está fuertemente institucionalizado, ello no impide el ajuste competitivo de los salarios.
Por eso sorprende que el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea hayan propuesto, como recomendación para España, comprimir los salarios hasta un 10 por ciento para acelerar la salida de la crisis. Eso puede hacerse en la Administración, no sin problemas, por cierto, pero no en el sector privado, donde la contención salarial es una idea quizá compartida por muchos, pero no la bajada generalizada de los sueldos que equivaldría, salvando las distancias, a una fuerte devaluación interna para ganar competitividad.
Desde luego, con una compresión salarial como la propuesta, los sectores de baja productividad podrían ganar competitividad y mejorar las estadísticas del desempleo. Pero, claramente, en muchos sectores de la población, si esta forma de aumentar el empleo no se acompaña de transferencias complementarias a los trabajadores de los sectores que ahora tendrían más bajas remuneraciones, lo único que se conseguiría sería desplazar el problema y en lugar de enfrentar el reto de los pobres en paro, habría que enfrentar el de los pobres con trabajo. El ejemplo alemán no sirve porque la competitividad laboral alemana no está basada en una bajada generalizada de todos los salarios, como se propone para España, sino en el aumento de trabajadores, siempre en la franja de menor cualificación, que han pasado de tener sueldos medios a sueldos bajos. Y eso mismo ya está pasando en nuestro país.
Ese 10 por ciento de recorte salarial general que parece separar la crisis del crecimiento no es más que la sombra de un problema que no existe. Recuerda la obra de teatro del autor suizo Friedrich Dürrenmatt, Proceso por la sombra de un burro, en la que un dentista arrienda un burro a su dueño y emprende viaje. Se sienta luego a descansar, a la sombra del animal y el dueño le pide un aumento de la renta porque la sombra no estaba incluida en el trato y si quiere seguir descansando, deberá abonar también el precio de la sombra. Sobre si la sombra estaba o no incluida en el contrato giran entonces debates de toda índole que, cuanto más aumentan su profundidad intelectual, más ridículos se hacen. Se inicia el proceso judicial, la controversia implica a todo el pueblo, surgen bandos en lucha y acaba con la destrucción de la ciudad por un incendio causado por la ira de todos. El culpable, todos lo dicen después, naturalmente, ha sido el burro.
Aquí parecería que el problema, el culpable, es ese 10 por ciento de rebaja salarial. Pero en mitad de la gran crisis, la bajada general de un 10 por ciento en todos los salarios no puede ser la gran discusión porque eso es solo la sombra de un debate más serio. Un debate que tiene que resolver si la presión sobre los salarios, añadida al recorte del gasto público, en lugar de aumentar la competitividad lo que puede suponer es una pérdida del poder adquisitivo y un descenso de la demanda interna. Esta evolución genera estancamiento, recesión y paro. Y a largo plazo, esto repercute negativamente en la competitividad, lo que da lugar a nuevas presiones a la baja en los salarios y en el gasto público, en una espiral sin fin que tiene origen en una sola cosa: quizá se está confundiendo al burro con su sombra.
Juan Carlos Arce, profesor de derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid.
