Madrid
La crisis económica desencadenada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto los desequilibrios macroeconómicos de España. Una vez la recuperación esté asentada, es preciso abordar cambios de calado en su estructura impositiva.
El FMI estima que España cerrará el cuarto trimestre de 2020 con una contracción del 10,8% y despedirá los últimos tres meses de 2021 creciendo un 6,6%. Según la última edición de su informe Perspectivas económicas mundiales (WEO, por su siglas en inglés), nuestro país será el que experimente una mayor recesión en todo el mundo, con un desplome del 12,8%.
Hay que recordar que el punto de partida de España no era óptimo. En febrero de 2020, la Comisión Europea publicó su informe específico sobre España, donde se evaluaban los avances realizados con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.
Dicho análisis llevó a la Comisión a concluir que España estaba "experimentando desequilibrios macroeconómicos. El elevado nivel de deuda externa e interna, tanto pública como privada, sigue constituyendo un punto débil en un contexto de desempleo aún elevado y tiene incidencia transfronteriza". En mayo, el Consejo emitió en el marco del Semestre Europeo sus recomendaciones sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de España, donde invitaba a, "cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión".
Recientemente, el think tank Fedea ha preguntado a un grupo de 130 expertos de diferentes sectores profesionales a fin de elaborar una propuesta de reformas conducentes a un nuevo sistema fiscal, más eficiente y justo. Su Informe final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19, publicado en septiembre de este año, recoge las principales recomendaciones para España. En efecto, la necesidad de encontrar el camino que permita un "reequilibrio fiscal" encabeza las propuestas.
Una vez que la recuperación tome vuelo, señalan desde Fedea, podría ser aconsejable la introducción de un "recargo transitorio sobre el IRPF para ayudar a financiar los gastos extraordinarios generados por la pandemia", que habría de formar parte de una "reforma tributaria integral", necesaria tanto por motivos de equidad como de eficiencia. ¿En qué consistiría dicha revisión integral?
Como principio general, el modelo debe asegurar que las cargas públicas se reparten de una manera equitativa, "en función de la capacidad económica de cada uno, sin privilegios ni discriminaciones, con un grado consensuado de progresividad y con un diseño que genere las menores distorsiones posibles a las decisiones de los agentes económicos". Un elemento central de la misma ha de ser la ampliación de las bases tributarias mediante la reducción de los beneficios fiscales, incluyendo los tipos reducidos del IVA, y la eliminación de los regímenes especiales de tributación, como los llamados módulos y el régimen simplificado del IVA, según Fedea.
Los autores consideran asimismo necesario reformar el impuesto de sociedades, de manera que se mejore su neutralidad e integración con el IRPF y asegure un reparto equitativo de su recaudación entre países, en el caso de las empresas multinacionales. Abogan asimismo por una revisión integral de la tributación del capital, para asegurar su neutralidad entre activos, evitar que pueda ser confiscatoria y situarla en línea con la existente en los países de nuestro entorno.
Finalmente, los autores del informe de Fedea consideran necesario el "acercamiento de los tipos de gravamen de los impuestos especiales a niveles europeos, el reforzamiento y ordenación de la tributación medioambiental mediante la promulgación de una ley marco que distribuya bases tributarias y competencias entre las distintas administraciones implicadas y un mayor recurso a los ingresos públicos basados en el principio de beneficio".