El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Real Decreto-ley 1/2019, que traspasa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el control de los costes regulados de los sistemas eléctrico y gasista, que suman un importe de unos 10.000 millones de euros al año y que representan prácticamente la mitad de los recibos de los consumidores domésticos finales.
En los documentos de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a los que ha tenido acceso elEconomista se indicaba que la futura norma no entraría en vigor hasta un año después de su publicación en el BOE, de modo que el Gobierno se reservaría también el cálculo de las tarifas y retribuciones reguladas de luz y gas hasta 2021.
Las agencias de noticias, no obstante, informaban el pasado viernes, citando fuentes del Miteco que esa disposición había desaparecido y que las decisiones de la CNMC se aplicarían ya en el año 2020, con independencia del calendario electoral.
Y así parece en un primer momento, aunque la norma es lo suficientemente ambigua como para dejar manga ancha al Gobierno a la hora de aplicar el trasvase de competencias. Baste de muestra que la CNMC ha eludido responder las preguntas de elEconomista argumentando que la norma "es compleja y se está estudiando todavía".
En el texto de la norma finalmente publicado en el BOE se indica, en la disposición final tercera, que la CNMC, antes de 1 de enero de 2020, tendrá que elaborar las metodologías de cálculo de los peajes y cánones de acceso a las redes, así como las retribuciones afectas a las actividades reguladas de la luz y el gas. Por lo tanto, no hay duda sobre el momento en que deba estar lista la nueva metodología, pero sí sobre su aplicación.
¿Antes o después de 2020?
En la disposición transitoria segunda del decreto se establece que la metodología fijada por la CNMC "en todo caso, no será de aplicación antes del 1 de enero de 2020" y aquí surgen varias interpretaciones.
Algunos creen que el Gobierno seguirá decidiendo sobre la mitad de los recibos finales de los consumidores también durante 2020, porque los peajes deben aprobarse durante 2019 para que estén en vigor cuando arranque el ejercicio.
El Miteco, preguntado por elEconomista, señala que se aplicarán los valores decididos por la CNMC desde el 1 de enero de 2020, con independencia del momento en que ésta los apruebe, incluso si lo hace después, y recuerda que anteriormente ya se ha dado el caso.
Transitorio de cuatro años
Pero la cosa no queda ahí, porque al final del documento, la disposición final tercera establece que la aplicación de la metodología de la CNMC se irá aplicando progresivamente en un plazo máximo de cuatro años desde el momento en que entre en vigor otra metodología, que debe elaborar el Gobierno, para calcular el importe de los denominados cargos, esto es, costes vinculados a política energética, como las ayudas a las renovables, la amortización de las deudas acumuladas tras años de déficit, o la solidaridad interterritorial para que las tarifas sean iguales en todo el país.
Esta disposición ya deja en manos de la diligencia del Gobierno el momento en que la CNMC pase a tomar control real de los costes regulados de los citados sistemas energéticos, porque no lo hará hasta que el Miteco apruebe la metodología de los cargos, pendiente desde 2013.
El Miteco indica, no obstante, que tiene plazo suficiente para hacerlo y que no tendrá problemas para ello, pero en el sector no está tan claro, y apuntan a otro elemento: como las nuevas metodologías deben aplicarse progresivamente durante cuatro años, nada evita que se decida que durante el primero no es necesario y se mantengan las cosas como están.
El Miteco, ante esto, recuerda que la progresiva aplicación durante cuatro años le vincula tanto a él como a la CNMC, que tendrán que ponerse de acuerdo para garantizar una transición ordenada desde el antiguo sistema hasta el nuevo.
Veremos que ocurre, pero de lo que no cabe duda es de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, si así lo desea, tendrá margen para utilizar la tarifa eléctrica como herramienta política durante el año que viene, en el que tiene previsto convocar elecciones, ya sea tras aprobar los Presupuestos Generales del Estado que hoy presenta en el Congreso, ya sea prorrogando los que heredó del anterior Gobierno del PP.
