El Gobierno se prepara para ampliar la vida de las centrales nucleares españolas. Para lograrlo se ha dado un plazo de dos años en los que poder conseguir el máximo respaldo parlamentario y, a su vez, el visto bueno de las eléctricas que albergan grandes dudas por la situación económica deficitaria de estas plantas. La hoja de ruta para los próximos meses está marcada.
Las eléctricas han sido claras y reclaman mayores garantías antes de acometer las inversiones necesarias para seguir adelante. No están dispuestas a comprometerse a gastar una ingente cantidad de dinero para que luego pueda cambiar el Gobierno y decretar el cierre, como ha asegurado el PSOE en diversas ocasiones. Por eso mismo, no dudan en exigir garantías adicionales o una rebaja sustancial de los impuestos que les permita rentabilizar las inversiones.
El Gobierno, por su parte, no quiere seguir siendo objeto de presiones y baraja una normativa que le permita tomar el control de una central y posteriormente readjudicarla por subasta si una operador no está dispuesto a mantenerla funcionando (la misma solución que quiere aplicar a algunas centrales de carbón), pero el escenario es así cada vez más incierto.
La entrada de una mayor cantidad de renovables en el mercado mayorista -si se cumplen las previsiones de las subastas se incorporarán cerca de 9.000 MW de aquí a 2020- hará que los precios de ese mercado caigan y dificulte la vida de las centrales tradicionales. Por ese motivo, en el sector se espera que el Gobierno abra las puertas a un nuevo sistema de pagos para poder garantizar el suministro eléctrico, una suerte de primas para las tecnologías tradicionales que ayuden a cubrir la demanda en momentos como el actual de escasez hidráulica y de viento y que llegarían por algún tipo de subasta.
Antes de tomar una decisión sobre el parque nuclear español, el Ejecutivo esperará a tener sobre la mesa dentro de seis meses tanto los informes que elabore la comisión de expertos, que se está constituyendo, como la comisión interministerial creada en marzo para definir el plan nacional de energía y cambio climático que enviará el Gobierno en enero a la Comisión Europea, pero que no se validará definitivamente hasta enero de 2018, lo que da margen para buscar un acuerdo.
A su vez, el Gobierno prepara la Ley de cambio climático y transición energética, que recogerá la propuesta de mix energético enviada a la Comisión y probablemente este cambio adicional con el que coquetea desde hace algún tiempo el ministerio para impedir el cierre de las centrales que considera estratégicas.
Para lograr esta prórroga de dos años, el Gobierno aprobó a principios de junio una modificación de las autorizaciones de funcionamiento de las nucleares, con la intención de darles plazo a las eléctricas para decidir en la renovación de las autorizaciones de explotación.
Las compañías saben que tienen en sus manos importantes bazas, ya que el Gobierno no está preparado para poder acometer el desmantelamiento de todas las centrales, ni quiere hacerlo: las considera insustituibles y tampoco se puede permitir prescindir de los ingresos que suponen las nucleares para contener el déficit de tarifa.
Para dar estos dos años más de negociación que pedían Iberdrola, Gas Natural y EDP, se modificaron todas las órdenes ministeriales vigentes y se incluyó un nuevo procedimiento para las "Revisiones Periódicas de Seguridad" (RPS) cada diez años. Según la nueva normativa, se abre la puerta a que Energía pueda ofrecer más años de permiso a las eléctricas sin descuidar el control de la seguridad de este tipo de centrales cada 10 años. Es decir, el Gobierno podría autorizarlas hasta los 60 años y sólo acometer las revisiones de seguridad.
Todas las centrales nucleares superarán en la próxima autorización los 40 años de la llamada vida útil de diseño (Almaraz 2020, Ascó I 2022, Asco II 2025, Cofrentes 2024, Trillo 2027 y Vandellós II 2027) y si los permisos siguen siendo de diez años la central más longeva llegaría incluso al año 2034.
Si el Gobierno apostase por llevar la vida de las nucleares hasta los 60 años, la central de Almaraz podría llegar a operar hasta 2040 y Vandellós II y Trillo incluso hasta 2047, es decir, justo en el límite de las planificaciones que el Ejecutivo tiene que enviar a la Comisión Europea para los próximos años.
Plan de residuos caducado
El cierre de Garoña se produce además con dos importantes inconvenientes: el sexto plan de residuos nucleares está caducado desde el año 2010 y sigue sin estar operativo el almacén temporal de residuos nucleares. El plan se aprobó en 2006 y desde 2010 debería haberse revisado. De hecho desde ese mismo año debería estar activo el cementerio nuclear cuya construcción se acelerará hora sin duda para poder albergar los restos de Garoña.
El retraso del ATC ha provocado hasta el momento que se tengan que comenzar a instalar almacenes temporales en las centrales nucleares. Ya hay sitios individuales activos, en las centrales de Trillo, José Cabrera y Ascó. Al tiempo que se prepara uno nuevo en Almaraz, que llegó a generar un problema con el Gobierno portugués. Los permisos del ATC están ahora pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental que tiene que dar Agricultura.
"Cerrar el parque nuclear elevará un 25% la luz"
El Gobierno quiere evitar a toda costa que el cierre definitivo de Garoña siente un precedente que marque el futuro de todo el parque nuclear español. El ministro de Energía Álvaro Nadal aseguró que el desmantelamiento de la central burgalesa es un excepción y que el plan del Ejecutivo el mantener las demás instalaciones activas puesto que son fundamentales para contener el alza de los precios de la electricidad. Así, Nadal aseguró que si se retirara de la oferta energética el parque nuclear, la factura eléctrica subiría un 25%.
El Gobierno se posiciona por el mantenimiento del resto del parque nuclear que tiene que seguir operando y por esa razón la proposición de ley que vino del grupo Podemos de cierre de todas las centrales nucleares fue vetada", sentenció.
El Gobierno defiende que la energía nuclear es una fuente de producción en base barata y sin emisiones de CO2. En este punto, también señaló que en cuanto a los planes de mantener abiertas el resto de las centrales no hay un posicionamiento tan claro entre los partidos de la oposición. En concreto, el ministro señala al PSOE, ya que explica que se ha puesto de perfil y que no es lo mismo "votar de postureo" que "cuando tiene "consecuencias reales".
Entidades
