Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, defendió ayer, durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que el bono social eléctrico lo sigan sufragando las grandes empresas del sector, a pesar de que el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya dos veces en contra de ello.
El bono social surge de la Directiva 2003/54/CE, que reconoce la protección de los consumidores vulnerables. En 2009 se tradujo en España en un descuento del 25% sobre la tarifa regulada por el Gobierno al que tienen derecho los consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada, los pensionistas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en paro. En la actualidad, están acogidos a él 2,4 millones de consumidores -unos siete millones de personas- y cuesta unos 190 millones de euros anuales.
Las empresas eléctricas están obligadas a sufragar el bono desde su creación y, aunque no lo rechazan de plano, siempre han considerado que está mal enfocado, porque al no aplicarse según un criterio de renta, favorece a consumidores que realmente no precisan ayuda. Además, tampoco protege a los más necesitados: Endesa calcula que el 80% de los casos reales de pobreza energética -como el de la anciana fallecida en Reus por un incendio causado por velas tras el corte de la luz por impago- no están acogidos a él.
Sentencias del Supremo
Pues bien, el Tribunal Supremo falló en 2012 contra el sistema de financiación, que obligaba a las cinco grandes compañías -EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo-, al entender que era arbitrario y discriminatorio.
El Gobierno, tras devolver las cantidades cobradas a las eléctricas, más los correspondientes intereses, modificó el mecanismo en 2013, de modo que afectase a las firmas integradas, es decir, aquellas con actividad de generación, distribución y comercialización. La medida redujo muy ligeramente la parte correspondiente a las cinco grandes, que este año han corrido con el 99,3%.
Las compañías volvieron a recurrir y el Supremo les ha vuelto a dar la razón, el pasado octubre, con los mismos argumentos y preguntándose, además, por qué no se incluye en la financiación a otras empresas relevantes del sector, como REE o Acciona.
También ahora debería devolverse a las eléctricas lo cobrado desde 2014 -cerca de 500 millones con los intereses-, pero el Gobierno, como desveló ayer Nadal, ha planteado un incidente de nulidad al fallo porque, según sus palabras, ?pensamos que debería haberlo dictaminado el Tribunal de Luxemburgo?.
Mejorar la coordinación
Con independencia del devenir judicial del caso, ayer Nadal tendió la mano al resto de los grupos políticos para consensuar un nuevo sistema de financiación, algo urgente, ya que el Supremo ha invalidado el mecanismo vigente. Además, les invitó a lograr una mayor coordinación entre las administraciones, puesto que las competencias de asistencia social para los más pobres dependen del ámbito local.
