Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad), declaró ayer por la tarde en el Senado que el Gobierno ha planteado un "incidente de nulidad" contra la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cambiar la financiación del bono social eléctrico, ahora sufragado por las grandes compañías eléctricas.
No especificó más el ministro, de modo que se desconoce en qué argumentos jurídicos se apoya el Ejecutivo para "recurrir" un fallo que dio la razón a Endesa y E.ON (Actualmente Viesgo) contra las disposiciones que obligan a los grupos integrados verticalmente -con actividades de producción, distribución y comercialización de energía- a costear el descuento del 25% en el recibo que disfrutan algunos colectivos.
Consultado por este diario, el gabinete de prensa del Minetad tampoco fue capaz de aportar más información al respecto. En cualquier caso, un "incidente de nulidad" se plantea cuando se considera que hay algún defecto que puede derivar en la invalidez del fallo de los jueces.
Durante su intervención en la Cámara Alta, Nadal ha urgido a los partidos a dialogar para evitar los efectos de la sentencia, según informa Efe. A su juicio, el bono ha quedado sin financiación y no debería recaer ni en el resto de consumidores ni en los contribuyentes por medio de los Presupuestos Generales del Estado.
Pobreza energética
Preguntado por la pobreza energética, Nadal ha insistido en que es un problema que afecta a varias Administraciones, especialmente a las locales con competencias sociales.
El impacto del bono social asciende a cerca de 600 millones de euros desde que empezó a aplicarse con el vigente sistema, en 2014. Las sentencias del Supremo han dado la razón a las empresas, indicando que ellas no deben costearlo y, además, ha establecido su derecho a ser indemnizadas por las cantidades abonadas hasta ahora, incluyendo los intereses que correspondan.
El bono social lo disfrutan ciertos colectivos, como los hogares con todas las familias en paro, las familias numerosas, los jubilados o los abonados con menos de 3 kW de potencia contratada. Las eléctricas se quejan de que esos criterios no guardan relación con la renta y de que terminan favoreciendo a gente que no tienen por qué necesitar ayuda; apuntan, por ejemplo, que mientras bajan los beneficiarios que están en paro, se han disparado los de las familias numerosas.
