El debate sobre las estaciones de servicio ?low cost? o desatendidas sigue abierto. La proliferación de este tipo de gasolineras a partir de la aprobación de la Ley 11/2013 de Medidas de Apoyo al Emprendedor que permite su funcionamiento por ?procedimientos automáticos?, sigue siendo foco de preocupación entre los propietarios de las estaciones de servicio tradicionales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios, especialmente en aspectos relacionados con los derechos de los clientes, seguridad y medio ambiente y los efectos negativos sobre el empleo.
Lo cierto es que algunas comunidades autónomas tienen en vigor desde hace varios años una serie de normativas que prohíben a las estaciones de servicio funcionar sin personal. La precursora fue Canarias que, desde 1994, obliga por Decreto a las gasolineras a disponer de un trabajador para repostajes superiores a cinco litros. Una norma curiosa, sin duda, que se ha visto secundada -con algunas variaciones- por Navarra (junio 1997), Andalucía (diciembre 2004) y Castilla-La Mancha (enero 2005).
?El problema es que estas normativas no se estaban cumpliendo y, en algunas comunidades autónomas, ni siquiera tenían claro cómo aplicarlas?, ha explicado a elEconomista Energía Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar).
Desde 2014, patronales y sindicatos han mantenido conversaciones con diferentes comunidades autónomas con la intención de hacerles ver que se están aplicando normas distintas para el mismo sector. ?Si los consumidores ya no tienen ciertos derechos, que los quiten, pero si los tienen, que hagan que todos los cumplan?, explica García Nebreda, que tiene claro que ?esta lucha? ha favorecido que algunas autonomías hayan empezado a legislar a favor de incluir personal en las gasolineras de su región.
Además de las comunidades mencionadas, actualmente también existe legislación al respecto en Aragón, Baleares, Murcia y Valencia, a las que también se espera que se sumen en el breve plazo Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y País Vasco, que se encuentran en diferentes procesos de tramitación. En el caso de Cataluña, Galicia y La Rioja, de momento no se tienen noticias de cambios en su legislación.
Actualmente existen unas 500 estaciones de servicio desatendidas en España -de un total de 10.700-, que suponen alrededor del 5 por ciento del total, aunque en algunas comunidades autónomas como Madrid el número de licencias solicitadas para la apertura de estaciones ?low cost? es muy elevado. El secretario general de Aevecar tiene la esperanza de que esta cifra baje progresivamente ?con el cumplimiento de las normas en vigor y la aprobación de nuevas normativas autonómicas?. Además, cree posible que algunas incluso puedan cerrar ?porque no serán capaces de cubrir gastos?.
Uno de los principales problemas con el que se han encontrado, comenta García Nebreda, es que el incumplimiento de las normas autonómicas más antiguas ?no están tipificadas como infracción y las sanciones son muy leves? -300 euros de multa-. Las nuevas leyes, asegura el representante de Aevecar, sí están tipificando la conducta como infracción y sanción grave ?con multas de hasta 6.000 euros?.
Es un tema que traerá cola, asegura García Nebreda, ?porque estas empresas tratarán de defenderse?, pero tiene claro que los problemas no se resuelven despidiendo a los trabajadores, ?por eso pedimos que se apliquen las normativas y haremos un seguimiento para que se cumplan?.
La seguridad ante todo
Las dos últimas comunidades autónomas que se han sumado para regular este asunto con menos de una semana de diferencia han sido Castilla y León, donde se ha presentado una proposición de Ley que modifica la normativa por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor, y la comunidad de Madrid mediante la presentación de una proposición No de Ley -aprobada por la Asamblea de Madrid-, que insta a modificar el decreto de protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público.
Fuentes de BP han comentando a nuestra publicación estar de acuerdo con este tipo de medidas, ?porque ayudan a revertir la proliferación de muchas estaciones de servicio sin trabajadores, consecuencia de la normativa adoptada por el actual Gobierno para fomentar la competencia entre gasolineras?. Además, explican, ?las estaciones desatendidas ponen en riesgo la calidad de servicio y la seguridad en el momento del repostaje?.
Desde BP también apuntan que su compromiso con la seguridad se pone de manifiesto en la exigencia para sus instalaciones de ?unas condiciones que superan ampliamente las que normativamente están en vigor?. Quieren dejar claro que una estación de servicio es ?una instalación compleja? en la que se almacenan productos que, sin la vigilancia de personal cualificado, ?pueden resultar peligrosos?, además de ser conscientes de que las estaciones desatendidas ?están más expuestas a actos vandálicos?.
En el caso de Repsol, fuentes consultadas han querido dejar patente que su negocio de estaciones de servicio se fundamenta en ofrecer ?la máxima calidad al cliente?, tanto en servicio como en productos. Por eso, la compañía asegura tender hacia un modelo en el que predominan ?el servicio al cliente, la accesibilidad a personas con discapacidad, la venta de una amplia gama de productos y servicios, así como el lavado de vehículos?.
En líneas generales, las estaciones de servicio tradicionales no se identifican con la estrategia de las estaciones ?low cost? de ofertar combustible a bajo precio a costa de prescindir de otros servicios, no invertir en innovación o seguridad o limitar la creación de empleo. Según la petrolera británica, ?la reducción de costes debe venir de un aumento de la eficiencia de la actividad de los operadores?.
En su opinión, la iniciativa de exigir que las estaciones de servicio estén atendidas ?es una medida necesaria para garantizar cierta seguridad en el suministro, pero no es suficiente?, por eso piden que la legislación exija a todos los operadores el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en materia de seguridad y medio ambiente y las correspondientes obligaciones fiscales. Además de la obligación de contar con personal, para BP existe otro problema de fondo y es la necesidad de modificar la reducción del plazo máximo para los contratos de abanderamiento y suministro, que ha pasado de cinco años ?tal y como sucede en Europa- a sólo uno, un aspecto que consideran muy negativo, ?ya que la inversión que hay que hacer en seguridad, imagen, calidad, etc., no se recupera en un plazo tan corto?.
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