El Ministerio de Industria quiere asegurarse el éxito de la subasta de 500 MW eólicos y 200 MW de biomasa y para ello ha decidido proponer un sistema de adjudicación que premiará a los participantes, adjudicándo a toda la potencia ganadora el mismo precio (porcentaje de descuento) de la última oferta aceptada.
Con esta decisión, el Gobierno en lugar de extremar el ahorro pretende que los ganadores construyan con celeridad los parques, incentivando asimismo la eficiencia en la gestión para lograr mejores resultados.
Según el sistema de subastas previsto, se parte de la propuesta del Ministerio de un precio de 1,2 millones de euros por cada megavatio eólico, con una producción de media de 2.800 horas anuales y de 3,35 millones por cada megavatio de biomasa para ir ofreciendo descuentos porcentuales sobre el valor estándar con dos decimales hasta que se casen los 500 MW eólicos y los 200 MW de biomasa.
La resolución, presentada ayer, fija el calendario de la subasta. El próximo 19 de noviembre hasta las 13 horas se producirá la precalificación de los agentes interesados en la misma. Posteriormente, se procederá a la calificación mediante el depósito de los avales correspondientes ( 20.000 euros por cada megavatio) y el 23 de noviembre se producirá un ensayo de la subasta que tendrá lugar definitivamente el 26 de noviembre.
Tal y como ya adelantó elEconomista, la operación será administrada por Omie y por la misma han mostrado ya interés parte de los grandes operadores del sector, entre los que figura Iberdrola y Gas Natural, pero no se descarta que puedan participar nuevos promotores de parques e incluso fabricantes de turbinas.
En línea con el principio fijado en la reforma de que los procedimientos de este tipo no generen costes adicionales al sistema eléctrico, los adjudicatorios deberán asumir los gastos del proceso, a razón de 17 euros por megavatio adjudicado.
Como resultado de la subasta se obtendrá la potencia adjudicada a cada participante para cada tecnología, así como el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia.
Los adjudicatarios tendrán un plazo de 45 días para inscribir las instalaciones en el prerregistro, con el valor de potencia determinado pero no asociado con una instalación concreta.
Si se superan los 500 MW, la oferta ganadora será la que haya entrado antes cronológicamente.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia tendrá 24 horas para validar la subasta, que quedará, por lo tanto, cerrada el próximo 27 de noviembre.
Industria considera que esta operación supone una primera prueba piloto para otras futuras subastas. La reapertura del prerregistro atraerá unas inversiones máximas de 1.270 millones de euros, de los que 600 millones corresponden a la eólica y 670 millones a la biomasa.
El Gobierno tiene el compromiso de que se instalen cerca de 5.000 MW de eólica hasta 2020, para poder cumplir con el objetivo de reducción de emisiones que impone la Comisión Europea, pero el sector se muestra escéptico de que se pueda licitar toda esta cantidad de potencia a no ser que el Ejecutivo acabe eliminando la revisión de los parámetros retributivos cada seis años, como fijó la reforma.
Fuentes del sector consideran que aquellas comunidades autónomas en las que existen cánones o impuestos específicos para la eólica pueden verse perjudicadas para recibir estas nuevas inversiones. Por este motivo, los agentes del sector esperan que se abra una competencia entre las regiones para convencer a los operadores de que instalen en su territorio esta nueva potencia.
La puesta en marcha de esta subasta supone un impulso necesario para la industria eólica.
El Gobierno aprobó recientemente un Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (Prie) en el que explica que el sector aporta 3.000 millones de euros anuales al PIB y exporta por valor de 1.900 millones de euros. La recaudación fiscal anual asciende a 150 millones y da empleo a cerca de 20.000 personas.
Industria mantiene a su vez abierto el proceso de adjudicación de potencia en las Islas Canarias, después del fracaso que supuso la primera convocatoria, a la que apenas se presentaron 11 MW. Para esta segunda edición, de los 450 MW que se ofertan, el sector baraja que haya una demanda final que ronde los 250 a 270 MW.
Unesa pide pagos por capacidad
El presidente de Unesa, Eduardo Montes, pidió la existencia de un sistema de "pagos por capacidad" para los ciclos combinados, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no a la factura de la luz, que permita mantenerlos operativos para que entren en funcionamiento cuando sea necesario para el sistema.
"Hacen falta mecanismos que hagan que estas plantas sean mantenibles. A día de hoy el funcionamiento de los ciclos combinados de gas no supera el 10-11%", según recoge Ep.
