Nueva sentencia en contra de España por el recorte retroactivo de las primas a los desarrollos renovables. El Tribunal de Distrito de Columbia de Estados Unidos ha rechazado los argumentos esgrimidos por el Gobierno español en el litigio que mantiene con Infrared, brazo inversor del banco HSBC que desarrolló varias instalaciones renovables en el país.
De acuerdo con la sentencia, publicada el pasado 13 de agosto, España debe abonar una compensación valorada en 28,2 millones de euros. Teniendo en cuenta que los intereses de demora acumulados en este procedimiento se sitúan cerca de los 7 millones de euros, la factura total del caso Infrared ya ronda los 35 millones de euros.
El caso Infrared, gestionado por Blasket Renewable Investment, arrancó en 2014. En aquel entonces, el fondo invirtió en dos proyectos renovables localizados en Andalucía y Extremadura. En concreto, en dos plantas termosolares, de 50 megavatios (MW) cada una, en los municipios de Morón de la Frontera (Sevilla) y en Olivenza (Badajoz).
Ejecutados los cambios regulatorios y fiscales entre los años 2010 y 2013, el fondo inició un proceso de arbitraje mediante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) —el tribunal de arbitraje del Banco Mundial—, que falló contra los intereses del Estado en 2019. Posteriormente, en 2021, España reclamó una revisión del procedimiento, que decayó en 2021 con una nueva derrota.
En última instancia, el Estado español trató de anular la decisión del tribunal del Ciadi; un intento que ahora se ve frustrado con la sentencia del tribunal estadounidense.
Esta nueva derrota judicial se suma a las últimas sentencias contrarias a la postura gubernamental, correspondientes a los casos Eurus, RREED e Infraestructure Services, mediante las cuales España deberá abonar más de 360 millones de euros. Todos estos laudos refuerzan la posición de las empresas afectadas y podrían abrir la puerta a nuevos embargos cautelares o finales de bienes del Reino de España en caso de que el Gobierno no ofrezca una solución que permita poner fin a años de incertidumbre.
En este sentido, las empresas afectadas creen que el acuerdo alcanzado el pasado mes de junio, por el que España pagó 32 millones de euros a la japonesa JGC Holdings Corporation, podría servir como base para el resto de laudos pendientes.
Actualmente, España acumula 26 laudos impagados por las renovables, motivo por el cual se han llevado a cabo embargos de bienes soberanos en jurisdicciones como Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, EEUU o Australia. En conjunto, las indemnizaciones pendientes superan los 1.492 millones de euros y, sumando intereses y sobrecostes procesales, la factura puede incrementarse en otros 386 millones adicionales. En el marco del propio caso Infrared, los denunciantes lograron el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres.