El 25 de julio el mundo conocía que Donald Trump daba las licencias necesarias a Chevron, el mayor productor de crudo de Venezuela, para que volviese a operar en el país caribeño. La nación sudamericana, que cuenta con las mayores reservas de crudo del planeta, necesita que las empresas internacionales lideren los aumentos de producción dado que su petrolera nacional está en estado de quiebra y casi paralizada por las enormes deudas contraídas y la crítica situación del país. Con la mayor empresa privada en la región volviendo a operar con normalidad, todos daban por hecho que las firmas europeas, con Repsol entre ellas, volverían a recibir sus respectivas licencias también. Sin embargo, por el camino, la tensión EEUU-Venezuela se ha disparado hasta el punto de que Washington ha llevado parte de su flota a las costas de la república caribeña... un escenario que ha dejado en el aire este paso. De momento, tras lo ocurrido, Trump ha denegado estos permisos a la española, la italiana Eni y a la firma francesa Maurel & Prom.
Así lo aseveran desde Bloomberg con una información en la que explican que todas ellas le habrían pedido los permisos a la Casa Blanca y esta ya se los habría denegado. Todo esto en un panorama político realmente complicado en el que el republicano ha mandado parte de la flota a las costas de Venezuela para 'bloquear' a los cárteles de droga que operan desde el país, en particular al Cártel de los Soles, la organización supuestamente entrelazada con el ejército venezolano y que, según EEUU, estarían apoyados por el mismo Nicolas Maduro. "Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional", justificó la fiscal general de EEUU, Pam Bond. También le acusan de favorecer a otros cárteles como el de Sinaloa o el de Aragua.
Volviendo al veto de Trump a Repsol y a otras firmas europeas, sus negocios en el país quedarían en el limbo. Según sus últimos resultados financieros la exposición patrimonial de Repsol en Venezuela asciende en junio de 2025 a unos 330 millones de euros. La producción neta de la empresa en el país asciende a unos 70,5 millones de barriles. "En 2025 se mantiene la incertidumbre sobre la situación política y económica en el país, influenciada por las sanciones impuestas por EEUU que afectan significativamente a las empresas extranjeras, especialmente en el sector petrolero", decía la empresa en su último informe. "A la fecha, la Compañía no ha recibido notificación oficial sobre posibles nuevas licencias, por lo que se limita la capacidad de operar en Venezuela y se restringen las posibilidades de cobro. Repsol está en continuo contacto con la administración estadounidense en un esfuerzo por ajustar el alcance de las actividades autorizadas de Repsol en Venezuela y alcanzar un acuerdo que se alinee con sus intereses".
Por su parte la empresa afirmaba que "Estados Unidos está autorizado a imponer un arancel del 25% a todas las mercancías importadas a EEUU desde cualquier país que importe petróleo venezolano, ya sea directamente desde Venezuela o indirectamente a través de terceros. Si bien la implementación de dichos aranceles queda a discreción del gobierno estadounidense, la posibilidad de exigirlos o incluso la amenaza de hacerlo podría llevar a España y a otros países a dejar de aceptar importaciones de petróleo venezolano".
Actualmente Repsol cuenta con cerca de 139 empleados operando 829 kilómetros cuadrados en varios proyectos, destacando el 'Proyecto Perla' un campo offshore con cerca de 580 millones de piés cúbicos diarios de gas al día, el proyecto Petrocarabobo y el 40% de Petroquiriquire. También destaca Quirique Gas. En total, la empresa produce 70.500 barriles equivalentes de petróleo al día (según datos del primer semestre de 2025). Sin embargo, su negocio en el país no es el oro negro sino el gas, que representa el 85% de sus operaciones.
El limbo de Repsol
En ese sentido, el veto de EEUU deja todos los negocios de la empresa en un limbo que puede ser muy complicado para la española si el problema se va enquistando y las licencias no llegan. El motivo es que, a pesar de que sigue operando sus negocios de gas que, en buena medida van para el mercado interno, la firma energética nacional del país se niega generalmente a pagar. El petróleo se había convertido en la era Biden en la moneda empleada para saldar la deuda sin necesidad de utilizar dólares ni moneda local.
Francisco Monaldi director del programa de Energía en Baker Institute explica en declaraciones a elEconomista.es que "para Repsol el impacto de los barriles que produce frente a sus 900.000 totales no supone un problema. Sin embargo, Venezuela si era una esperanza de crecimiento y esperaba duplicar producción en un año a dos. Sin embargo, lo problemático es el gran proyecto de gas que tiene con Eni y con PDVSA. Si Trump no le da a Repsol una solución como hizo Biden la situación puede volverse muy complicada y la deuda que se empezará acumular será cada vez más grande hasta que emerja la duda de si es lógico marcharse del país. Aún no ha llegado ese momento pero si la voluntad de Trump se mantiene, está decisión puede llegar".
Para entender el por qué la situación actual puede ser decisiva hay que retrotraerse a los peores momentos del país, cuando la inflación rampante y las sanciones de la primera etapa de Trump (ante el cierre del Parlamento de Venezuela, las denuncias por amaño electoral y el choque institucional con Guaidó) provocaron un colapso en su industria energética. El resultado fue que "desde que el proyecto de gas empezó a producir PDVSA se retrasaba en los pagos en dólares (hay una parte estipulada en esa moneda y otra en local) y acumulaba una deuda gigantesca incluso antes de las sanciones. PDVSA incumple de forma continua provocando que Repsol no tenga más opción que irse o quedarse asumiendo la situación y manteniendo el suministro".
"No hay voluntad de pagar ni a Eni ni a Repsol a menos que haya otro beneficio paralelo como fue el petróleo refinado"
Sin embargo, Biden logró una solución para este problema. Según Monaldi con los permisos especiales a Repsol se logró una fórmula que permitió que Caracas comenzase a pagar a la firma española. "Venezuela le otorgaba tanqueros a Eni y Repsol que iban a refinerías en España y traían de vuelta refinados y diluyentes para el crudo extrapesado de Venezuela y el margen económico de esa operación se utilizaba para cancelar deuda". A pesar de que Venezuela cuenta con las mayores reservas de crudo del planeta, este es en su mayoría extrapesado y necesita ser tratado con diluyentes y infraestructura que escasea en el país, por lo que cualquier ventana para lograrlo supone una ventaja decisiva para Caracas.
El pacto con Repsol era un elemento en esta dirección "en teoría el gobierno venezolano no recibía ni un dólar y así lo justificaba Biden. No beneficiaba a Maduro, este obtenía diluyentes, no dólares". En ese sentido, esta solución ofrecía algo paradójico "de forma extraña, las medidas de Biden provocaron que el Gobierno venezolano pagase de forma regular a Repsol porque obtenía un beneficio que realmente le interesaba".
Posteriormente Trump reimpuso las sanciones originales en marzo quitando este recurso de Biden y ahora, cuando le devolvió la licencia de Chevron (y parecía que a las europeas), un nuevo brote de tensión bloquea el paso con el resto de empresas. Incluso con las sanciones actuales, por las que ya no se puede hacer este swap, PDVSA podría pagar a Repsol pero "tiene otras muchas obligaciones y muy pocos incentivos. No hay voluntad de pagar ni a Eni ni a Repsol a menos que haya otro beneficio paralelo como fue el petróleo refinado".
"Queremos garantizar un marco estable para nuestras actividades (en Venezuela) y eso incluye un mecanismo viable para monetizar la producción que mantenemos en el país"
Para aterrizar esto en cifras, esta deuda explica esa exposición patrimonial de 330 millones de euros. La propia Repsol revisaba en julio a la baja su exposición y explicaba que "en el primer semestre de 2025 se han reconocido dotaciones por deterioro principalmente de cuentas a cobrar vinculadas con la actividad en Venezuela (105 millones de euros), por el entorno más desfavorable tras la reactivación de la limitación a nuestras operaciones en el marco de las sanciones de EEUU".
El mismo Josy Jon Imaz, consejero delegado del grupo, explicaba la necesidad de que EEUU les ofreciera una forma de poder resolver la situación. "La compañía mantiene su presencia en el país y cuenta con un diálogo muy constructivo y transparente con el gobierno estadounidense. De forma muy abierta, para garantizar un marco estable para nuestras actividades, eso incluye un mecanismo viable para monetizar la producción que mantenemos en el país".
De momento no peligra nada en el país pero a la deuda se añaden los costes de una presencia en el país que seguirá acumulándose poco a poco. En ese sentido, Venezuela se perfila como uno de los frentes que tendrá que atender la empresa española. En el horizonte o Trump toma una decisión tal y como hizo Biden para que las firmas europeas vuelvan a tener una 'escapatoria' y hacer que PDVSA tenga incentivos a pagar su deuda o por el contrario estas empresas se enfrentarán ante una decisión complicada, aceptar este limbo político en el que se ven atrapados sus activos… o irse del país. El precio es una posición clave y privilegiada en el país con más crudo del planeta y que, si despertase, podría ser el mercado con más proyección del mundo.