Endesa ha detectado más de 32.000 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, lo que supone una media de más de siete casos cada hora. La compañía, a través de su filial de redes, e-distribución, estima que el volumen de electricidad sustraído equivale al consumo de casi 117.000 hogares.
El robo de energía, en muchos casos vinculado a la manipulación de instalaciones eléctricas, se ha convertido en un problema creciente en España. Según advierte la CNMC, esta práctica ilícita genera no solo un coste económico que repercute en la factura del conjunto de los consumidores, sino también riesgos para la seguridad ciudadana, debido al peligro de incendios y electrocuciones.
Buena parte de estos fraudes están asociados a las conocidas plantaciones indoor de marihuana. Estas instalaciones, ocultas en viviendas o locales, se conectan de forma ilegal a la red y operan con altos consumos eléctricos las 24 horas del día. Cada uno de estos cultivos puede llegar a demandar una potencia similar a la de 80 viviendas de 100 metros cuadrados.
Entre enero y junio, se han desmantelado una media de seis plantaciones al día en las zonas donde opera Endesa, gracias a la actuación de las Fuerzas de Seguridad. En total, la energía recuperada en estos casos asciende a 111 millones de kWh, lo que equivale al consumo de más de 31.700 hogares.
España concentra el 73?% de todas las incautaciones de plantas de marihuana en la Unión Europea, según el Informe Europeo sobre Drogas 2025, lo que pone de manifiesto la magnitud del fenómeno.
Ayuda de la IA
Además del trabajo conjunto con las autoridades, Endesa emplea desde 2017 modelos de inteligencia artificial basados en machine learning y deep learning para identificar patrones sospechosos en los 12 millones de puntos de suministro que gestiona. Estos algoritmos cruzan datos históricos de consumo, información de equipos de medida y hasta variables meteorológicas para detectar posibles fraudes con mayor precisión.
La inteligencia artificial se complementa con equipos de supervisión avanzada en la red de distribución, lo que permite acotar zonas de riesgo antes de las inspecciones. Una vez en campo, herramientas como pinzas amperimétricas o videoscopios permiten a los técnicos localizar las conexiones ilegales.
A diferencia de países como Francia, Italia, Alemania o Portugal, España no contempla penas de prisión por el delito de fraude eléctrico. Tampoco existen agravantes, ni se computa como reincidencia, aunque el robo energético esté vinculado a cultivos ilegales de cannabis o provoque incendios de consecuencias graves.
Por ello, desde Endesa insisten en la necesidad de adaptar el marco legal a la realidad delictiva actual, ya que las cifras ponen de relieve un problema estructural que, más allá del daño económico, afecta a la seguridad, el suministro y la calidad del servicio eléctrico en amplias zonas del país.