Cataluña cobra las tasas de tramitación a las renovables más altas: hasta cuatro veces más que Andalucía

Cataluña es la comunidad autónoma que más tasas cobra a los promotores de energías renovables por tramitar un proyecto: hasta cuatro veces más que el resto de las regiones. A modo de ejemplo, para un parque eólico de características similares, un promotor puede pagar hasta 130.000 euros en tasas en Cataluña, mientras que en Andalucía o Castilla y León pagaría 30.000 euros.

Datos del Observatori de les energies renovables (Obercat) reflejan que los costes pueden llegar a ser incluso hasta nueve veces más altos que las medias de otras regiones: en Cataluña tramitar un proyecto de baterías stand alone (sistemas que pueden usarse de forma independiente) tiene un coste de más de 40.000 euros, frente a los 5.000 euros en Navarra. Hay que recordar que la tasa está directamente vinculada a la prestación de un servicio por parte de la administración, en este caso la tramitación administrativa de proyectos de generación de energías renovables.

Desde el sector reclaman que se implante un servicio de seguimiento personalizado para la tramitación de cada proyecto; la identificación de un único responsable administrativo del expediente, independientemente del punto de tramitación y del área departamental; una dotación de profesionales suficiente para dar salida a los expedientes presentados en los plazos establecidos por la ley o la correspondiente externalización, sin que haya ninguna mengua de las garantías en el proceso de tramitación y sus objetivos; y una reducción de las tasas para que se ajusten a la contraprestación real que las motiva.

Pagos acumulados

Según Obercat, los proyectos eólicos en tramitación efectiva acumulan 4,1 millones de euros pagados en concepto de tasa de tramitación en la comunidad, y los solares fotovoltaicos unos 8,65 millones de euros. En conjunto más de 12 millones de euros. "La Administración catalana no puede alegar carencia de medios. La lentitud en la tramitación continúa siendo un grave problema a resolver. Cataluña tiene que simplificar los procedimientos para evitar la redundancia, el sobrecoste y, sobre todo, el alargamiento innecesario de la tramitación", denuncian desde el sector.

El Informe de Situación 2024 del progreso de la implantación de energías renovables en Cataluña–Objetivos 2030 / 2050 pone de relieve que la Generalitat no autorizó ningún proyecto de parque eólico terrestre en 2024 y, cuatro de los seis proyectos de parques eólicos autorizados en 2023, todavía no han obtenido la aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación Específica (PAE) por las Comisiones Territoriales de Urbanismo (CTU): los proyectos Galatea, Conca de Barberà I, Conca de Barberà II y Conca de Barberà III. Según el artículo 17 del Decreto Ley 16/2019, las CTU tendrían que aprobar el PAE de un proyecto eólico o solar fotovoltaico sobre terreno, en el plazo máximo de un mes tras obtener la autorización ambiental.

Moratorias y bloqueos urbanísticos

Por su parte, a 10 de junio de este año, fecha de cierre del informe, se han publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) las autorizaciones administrativas previas y de construcción de cuatro parques eólicos: BCN4, Sant Joan, La Comella y Anoia y Segarra III. Después de 21 meses de la autorización ambiental, ninguno ha obtenido el PAE. El parque eólico de la Anoia y Segarra III, lo tendría que haber obtenido lo más tarde el 7 de octubre de 2023, los de La Comella y Sant Joan, el 21 de octubre de 2023. Por otro lado, el proyecto BCN4 siendo de autoconsumo, todavía no ha recibido la licencia de obras del ayuntamiento del Far de l'Empordà.

"La estrategia de algunos municipios de bloquear la implantación de renovables de forma sistemática mediante moratorias o modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico con carácter suspensivo de hasta dos años, implica la prevalencia de un interés particular o local ante un interés general (interés público superior al nuevo DLl 12/2025). Esto es un abuso de una norma, creada para usos como el ocio nocturno o la proliferación de pisos turísticos, y que ha supuesto paralizar proyectos con todos los trámites superados y con autorización firme de la Generalitat", apuntan desde Obercat.

El sector propone para resolver esta situación vincular el interés público superior con la imposibilidad de moratorias genéricas y cambiar el orden de tramitación para que la autorización energética de la Generalitat sea definitiva, introduciendo el silencio administrativo positivo si las Comisiones Técnicas de Urbanismo no resuelven en plazo o agilizar la elaboración del Plan Territorial Sectorial para la Implantación de Energías Renovables (PLATER).