Reducir los plazos de tramitación de los proyectos de energías renovables es la principal clave para que Cataluña pueda avanzar en transición ecológica. La comunidad autónoma, líder en consumo eléctrico industrial del país, debe dejar atrás los errores del pasado para atraer promotores de plantas solares fotovoltaicas y parque eólicos, así como de instalaciones de almacenamiento y gases renovables.
Cataluña quiere despertar de su letargo en el desarrollo de energías renovables de los últimos años y se ha puesto manos a la obra. La legislación autonómica y las trabas políticas han dificultado el impulso de plantas tanto fotovoltaicas como eólicas.
A partir del Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, tomó algo de impulso. El texto modificó la Ley de urbanismo con el fin de facilitar la instalación de paneles solares sobre las cubiertas de las construcciones y otros espacios urbanos y también acabó con las limitaciones de superficie y distancia establecidas en el caso de instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre suelo no urbanizable, de tal forma que se eliminó así uno de los principales obstáculos en la implantación de esta tecnología.
Bajo un escenario en el que día sí y otro también se conocen nuevos proyectos renovables, la región tiene aprovechar la fiebre por las energías 'verdes'. Actualmente, la Generalitat tiene 629 MW eólicos en trámite, que equivalen a 111 aerogeneradores, y otros 929 MW de capacidad solar fotovoltaica, lo que supondría una ocupación de 1.537 hectáreas, según los últimos datos disponibles en el visor ambiental que maneja la Generalitat. Para ponerse en contexto, Naturgy activó en mayo de 2023 los dos primeros parques eólicos en Cataluña tras 10 (largos) años de parón.
Fin a las trabas políticas
Cataluña se ha visto perjudicada frente a otras regiones debido las trabas políticas. En 2009 se aprobó una legislación muy restrictiva, que solo permitía hacer plantas de menos de tres hectáreas. Esto, combinado con el parón de las primas de 2012, hizo que entrara en una sequía de proyectos. Con el fin de facilitar el crecimiento 'verde' y la instalación de paneles solares sobre las cubiertas de las construcciones y otros espacios urbanos, el Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, modificó la Ley de urbanismo. Acabó con las limitaciones de superficie y distancia establecidas en el caso de instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre suelo no urbanizable. De su lado, con el Decreto-ley 24/2021 se introdujeron una serie de medidas para lograr una mayor aceptación social al despliegue de plantas, aunque provocó el efecto contrario en muchos promotores. La normativa obliga a que los parques con potencia superior a 5 MW y situados en suelo no urbanizable demuestren la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad, de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación.
Además, para solicitar la declaración de utilidad pública junto con la autorización administrativa previa y de construcción, y la declaración de impacto ambiental, tienen que acreditar que disponen, como mínimo, de acuerdos con los propietarios del 85% de la superficie privada que se pretenda ocupar con el proyecto.
El polémico 20% de participación local
Por su parte, una de las mayores quejas por parte de las empresas es la obligación de presentar una oferta de participación local del 20% de la instalación. En este sentido, la aceptación social ha sido y seguirá siendo un pilar clave para el desarrollo de las fuentes renovables en Cataluña, pero desde la 'nueva' Generalitat defienden la necesidad de afrontar el reto del desarrollo de las energías renovable sin caer en el 'vetos' como ha venido ocurriendo años atrás. En este sentido, entienden desde los departamentos energéticos del Govern que no solo se trata imponer condiciones a los inversores, sino también de hacer entender a la ciudadanía de los beneficios de tener cerca de su municipio una instalación renovable, sea del tipo que sea.
Dentro de la Generalitat hay cuatro organismos o entidades que gestionan la rama energética y están relacionados con transición ecológica. En concreto, están la dirección general de Energía, el Instituto Catalán de Energía (Icaen), el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (Irec) y L'Energètica -la energética pública que abastece de electricidad renovable a la administración y gestiona también otros contratos públicos-.
Todos trabajarán ahora en la misma dirección: acelerar las energías renovables para ajustarlos plazos de tramitación al mandato que deriva de la declaración de crisis climática. Desde el sector les demandan ya coordinación y transversalidad a la hora de tomar decisiones. En total, Cataluña tiene 3.723 MW instalados y operativos entre energía hidráulica, fotovoltaica y eólica, lo que la sitúa séptima en el ránking de comunidades autónomas y muy lejos de la siguiente por arriba, que es Galicia, según datos de Red Eléctrica a cierre de 2024. Todo esto pese a ser una de las regiones con mayor potencia instalada, con 12.059 MW, por las centrales de gas y las nucleares (Ascó I, Ascó II y Vandellòs II).
Bajo la Prospectiva Energética de Catalunya (Proencat), la región pretende alcanzar, entre otros objetivos, una potencia solar de 7.156 MW para final de década sumando instalaciones de suelo y cubiertas, y 5.000 MW de eólica. La clave para conseguirlo está en la burocracia y en las decisiones políticas, porque la intención de las empresas está. Por otro lado, Cataluña es a día de hoy la comunidad autónoma con más permisos de generación concedidos para proyectos de almacenamiento stand alone (sistemas que pueden usarse de forma independiente).
Morera, directora general de Energía
La Generalitat de Cataluña hizo oficial este martes el nombramiento de Marta Morera como directora general de Energía, como publicó elEconomista.es en su edición del 29 de marzo. Desde 2021 es la directora del Instituto Catalán de Energía (Icaen) y destaca por su perfil técnico. El sector la recibe positivamente. "El nombramiento ha de suponer un avance en los pasos que ya se han dado hasta hoy con el anterior director general. Tiene experiencia y conocimiento suficiente. Esto ha de suponer reducir drásticamente los plazos de tramitación actuales simplificando procedimientos", señala el presidente de la patronal EolicCat, Víctor Cusí, en conversación con este diario.
Por su parte, la codelegada de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en Cataluña, Helena Badger, señala que desde su sector están seguros que se está a tiempo de cumplir los objetivos del PROENCAT 2030. "Entendemos que es imprescindible para poder llegar que se haga desde la unidad de acción del gobierno y la transversalidad hacia la transición energética. En este sentido pensamos que es clave que el equipo de gobierno que lidere energía tenga coordinación y transversalidad", subraya.
"Estamos convencidos de que continuaremos trabajando en la misma línea de colaboración entre la administración catalana y Endesa, con un esfuerzo y unos objetivos compartidos. Colectivamente, es imprescindible dar respuesta a los grandes retos de la transición energética en Cataluña: el despliegue de las energías renovables, la descarbonización y electrificación de nuestro tejido empresarial, el crecimiento sostenido de la demanda y la garantía del suministro que requiere el desarrollo económico y social del país", indica, por su parte, el director de Endesa en Cataluña, Enric Brazis.
De su lado, el consultor en comunicación de energías renovables Jaume Morrón reclama la puesta en marcha de un Comisionado por la Transición Energética, dependiendo del president, por encima de las consellerías. "Alguien con la carrera hecha y que conozca bien la administración. Este perfil está y solo hace falta voluntad política", indica.