Esta semana, España recibió el quinto pago de los fondos Next Generation, dotado con casi 23.000 millones de euros. La cuantía pudo ser superior —concretamente, 1.100 millones adicionales—, de no ser porque el país incumple dos requisitos exigidos desde Bruselas: la digitalización de entidades regionales y locales y la reforma fiscal del diésel.
Sobre este segundo objetivo, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que representa a más de 4.000 distribuidores y comercializadores, ha propuesto una vía alternativa para cumplir con los compromisos con Europa y tratar de conseguir esos 1.100 millones perdidos, "sin necesidad de generar una espiral inflacionaria ni de fomentar la desigualdad, tal y como haría una equiparación inmediata de la fiscalidad del gasóleo de la automoción a la de la gasolina".
La propuesta de la confederación contiene dos medidas: incrementar el impuesto al diésel de forma gradual en el tiempo a lo largo de, al menos, tres años, y acompañarlo de una bonificación fiscal a los combustibles renovables, como bioetanol, HVO100, biogás, biopropano, hidrógeno verde, etc.
De esta forma, se evitarían consecuencias inflacionistas de la equiparación fiscal respecto a la gasolina y se proporcionaría al consumidores alternativas que no impactarían en su bolsillo, a juicio de la confederación de empresarios.
Por un lado, la organización señala que una equiparación inmediata supondría, tomando como referencia los precios actuales, un aumento de 11,3 céntimos por litro de diésel de la noche a la mañana; una subida considerable teniendo en cuenta que el diésel es el combustible más usado en España para la automoción.
Por otro lado, la bonificación de otros combustibles renovables traería consigo una mejora en materia medioambiental. Además, no contravendría los principios regulatorios. "La propia propuesta de revisión de la Directiva de Fiscalidad Energética —del Pacto Verde Europeo— propone exenciones para los productos menos contaminantes", afirma la confederación. Según sus datos, la expedición de este tipo de combustibles supone el 11% del total.
Desde CEEES confirman que ya han trasladado su propuesta de fiscalidad sobre los combustibles de automoción a la Administración por los canales oficiales correspondientes.