España avanza de manera positiva conforme a los objetivos de descarbonización fijados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030. Sin embargo, el ritmo al que avanzan no será suficiente para alcanzar las metas propuestas, escenario ante el cual será necesario adoptar algunas medidas de carácter administrativo o regulatorio, como la trasposición de regulaciones europeas, el lanzamiento de mercados de capacidad o la modificación del calendario de cierre nuclear.
Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) a través de su Observatorio para el seguimiento de indicadores del PNIEC: Estado actual y perspectivas de la descarbonización en España, elaborado por el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense e investigador asociado de Fedea, Diego Rodríguez.
De acuerdo con el informe, en el que se combinan indicadores con el análisis de medidas y regulaciones, la evolución observada en España hasta 2024 de las emisiones totales de gases de efecto invernadero es consistente con el objetivo comprometido en el PNIEC. No obstante, la reducción observada en los últimos años, basada fundamentalmente en los sectores de generación eléctrica e industrial, se ha producido a un ritmo que difícilmente podrá mantenerse en próximos años, cuando la carga se desplace a sectores más difíciles de descarbonizar, como al sector residencial y, sobre todo, al del transporte.
"Por sectores, el comportamiento es heterogéneo. Mientras que en la industria ha habido un comportamiento positivo, tanto en los procesos de combustión como en los de emisión, el comportamiento en el transporte está siendo muy complicado. Esperábamos que se produjese una reducción más intensa", indicó el catedrático, exponiendo que, si bien el sector del transporte ha contribuido con un 10% en la reducción de emisiones desde 2019, su peso debió haber sido del 37,6%. "El objetivo de conseguir 5,5 millones de vehículos eléctricos no parece alcanzable. Implicaría irnos a cuotas de mercado del 20%, del 40% o 60% durante los próximos años que no se van a producir", afirmó el investigador.
En cuanto a la generación eléctrica, Rodríguez identifica que, aunque su trayectoria es buena, se necesita un mayor ritmo de descarbonización. Por tecnologías, la fotovoltaica se encamina a lograr sus objetivos (de 76 gigavatios o GW) , aunque sobre ella sobrevuelan algunas incertidumbres, como la caída de los precios capturados. "Es probable que su ritmo se mantenga alto hasta 2027. Sin embargo, si sigue descendiendo el precio capturado, se va a paralizar la entrada [de fotovoltaica] al cruzar el umbral de rentabilidad", previó el investigador asociado.
La eólica, en cambio, tiene más difícil lograr su objetivo de 62 GW de potencia instalada. "Sería más realista que pasemos de los 32 GW actuales a 45 GW", pronosticó Rodríguez. Para ello, desde Fedea consideran fundamental eliminar barreras en la administración de cara a la repotenciación eólica. Más allá de la eólica terrestre, la circunstancia se agrava especialmente sobre la offshore, la cual ni siquiera ha despegado —y pretende contar con 3 GW para 2030—. Para incentivar su "curva de aprendizaje", el catedrático reclama convocar la primera subasta. "Creemos que es la única subasta de asignación retributiva que se necesita", consideró en relación a los aerogeneradores marinos.
Sobre el almacenamiento, el investigador alertó de que, "salvo sorpresa, no se va alcanzar el objetivo de 18,5GW o 22GW con termosolar". De forma desglosada, el experto catalogó directamente de imposible lograr el objetivo en termosolar, ya que tanto el bombeo como las baterías permiten mejores eficiencias. Sobre estas dos, para el bombeo señaló como "factible" pasar de los 6 GW actuales a unos 9. Y para las baterías, "creemos que habrá un cierto boom en los dos o tres últimos años de esta década, para legar a 10 GW", dando lugar a unos 16 GW —sobre los 22 proyectados—. "Es necesario desplegar ya el mecanismo de capacidad", advirtió.
Otro de los "imposibles" está en el objetivo de 12 GW fijado para el hidrógeno, ni para España ni para otros países de la Unión Europea. "Cabe esperar que en los próximos 2 o 3 años empiecen a funcionar las primeras plantas", opinó, a la vez que reclamó "concentrar esfuerzos en mejorar las condiciones de demanda" y "avanzar en la trasposición de la directiva de hidrógeno y gases renovables". Precisamente la no consecución de los objetivos de hidrógeno es uno de los aspectos que mayor preocupación genera al investigador, ya que están directamente relacionados con el aumento del nivel de la demanda eléctrica.
En cuanto a otros gases, como el biometano o el biogás, Rodríguez cree que el PNIEC es "muy optimista", pese a que se esté avanzando a buen ritmo.
Repensar el cierre
Todo esto hace que, bajo su análisis, sea necesario "flexibilizar o modificar" el actual protocolo de cierre de las centrales nucleares para que se adapte a las circunstancias "reales". "Las condiciones de 2025 no son las previstas en 2019 —cuando se establecieron las fechas de cierre—", destacó. "Creemos que las condiciones actuales justifican una modificación del protocolo de cierre para que se retrase el cierre de Almaraz. Normativamente no es complejo, habría que cambiar una orden ministerial", explicó. Al hacerlo, añadió, se evitaría el aumento de los ciclos combinados, lo cual acarrearía un aumento tanto de las emisiones como del precio de la electricidad. En esta línea, el investigador reclamó eliminar el impuesto de generación al no haber ninguna causa que motive su mantenimiento y "dar alguna solución" sobre la llamada Tasa Enresa.
Además de la cuestión nuclear, el informe recomienda adoptar otras medidas para impulsar la reducción de emisiones, como profundizar en la eliminación de barreras administrativas, sobre todo en el bombeo (cuyos procesos se dilatan extraordinariamente) y en la repotenciación eólica. También, desarrollar "cuanto antes" instrumentos que faciliten el despliegue del almacenamiento, como con mecanismos de capacidad y flexibilidad; convocar subastas para el despliegue de eólica marina, atender a la descarbonización de sistemas no peninsulares y no acumular nudos de acceso sin asignación de la capacidad.
A nivel regulatorio y fiscal, propone la trasposición del paquete regulador europeo, la revisión del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), del Impuesto especial sobre la electricidad (IEE) o la igualación de los tipos en combustibles.
Por último, pide recordar que el PNIEC no es una planificación vinculante y que debe tener flexibilidad para adaptarse.