La Comisión Europea ha presentado una estrategia para transformar el desarrollo de las redes eléctricas en la Unión Europea, con el objetivo de adaptarlas al rápido crecimiento de la electrificación y las energías renovables apenas un mes después del apagón que dejó a oscuras a 60 millones de personas en España, Portugal y una parte de Francia.
En su nueva Guía sobre inversiones anticipadas para el desarrollo de redes eléctricas, el Ejecutivo comunitario plantea un cambio profundo en la planificación, regulación y financiación de las infraestructuras energéticas, que actualmente avanzan a un ritmo insuficiente frente a las necesidades del sistema.
Según la Comisión, el despliegue renovable en la UE ha sido acelerado en los últimos años —168 GW de nueva capacidad solar y 44 GW eólica entre 2022 y 2024—, mientras que la expansión de la red eléctrica sigue estancada, con un crecimiento de apenas el 0,8% en longitud entre 2021 y 2022 . Esta falta de sincronía está provocando cuellos de botella en el acceso, desigualdad territorial y demoras que pueden superar los ocho años en algunos proyectos.
Además, cerca del 55% de las líneas de baja tensión superarán los 40 años de antigüedad en 2030, lo que incrementa los riesgos operativos. Sin actuaciones urgentes, advierte la Comisión, el sistema eléctrico europeo no podrá absorber la electrificación masiva de sectores clave como la industria, el transporte o los edificios, ni garantizar la seguridad del suministro ni la competitividad de la economía europea.
La solución que propone Bruselas es impulsar las llamadas inversiones anticipadas, es decir, inversiones en redes que se ejecutan antes de contar con solicitudes formales de conexión, basadas en escenarios de planificación futura. La guía señala que este tipo de infraestructuras —como subestaciones sobredimensionadas, líneas con capacidad extra o tubos instalados para futuras ampliaciones— son claves para reducir costes, acelerar la transición energética y optimizar los procesos administrativos.
El documento estima que la UE deberá movilizar 1,2 billones de euros hasta 2040 para adecuar su red eléctrica: 730.000 millones en redes de distribución y 472.000 millones en redes de transporte . Estas inversiones permitirán atender nuevas demandas industriales, conectar zonas de aceleración renovable, alimentar centros de datos y desplegar redes de recarga de vehículos eléctricos, entre otros usos.
El informe está estrechamente ligado al estudio técnico Industrial electrification and EU competitiveness (enero de 2024), que destaca que más del 50% de la demanda eléctrica adicional de aquí a 2030 provendrá de la industria. Según ese análisis, una electrificación competitiva será imposible sin una red preparada, flexible y anticipada, capaz de adaptarse a modelos de producción más descentralizados y a cargas altamente variables .
Para garantizar la viabilidad financiera de las inversiones anticipadas, la Comisión propone adaptar los marcos regulatorios nacionales: flexibilizar la recuperación de costes, permitir amortizaciones prolongadas, facilitar retornos incluso antes de la utilización total del activo y utilizar mecanismos de reparto justo como los ingresos por congestión, las garantías públicas o la financiación estatal. También se pide a las autoridades regulatorias que reconozcan explícitamente este tipo de inversiones en los planes de desarrollo de red y no penalicen la posible infrautilización inicial si las decisiones están justificadas por análisis prospectivos.
La guía será la base del próximo Grids Package, un paquete legislativo que Bruselas prevé presentar este año como parte del Plan de Acción por una Energía Asequible, Resiliente y Competitiva. El objetivo es coordinar mejor la planificación entre niveles —europeo, nacional y local—, acelerar la tramitación de permisos, fomentar la innovación tecnológica y reforzar la cadena de suministro industrial para redes.
"La anticipación es esencial", concluye la Comisión. "Los retrasos y cuellos de botella en las redes no solo ralentizan la transición energética, sino que también encarecen la electricidad, socavan la competitividad europea y generan un riesgo real de emisiones adicionales" .