El Gobierno tramitará la prórroga de la central nuclear de Almaraz si las empresas propietarias la solicitan

El Gobierno de España tramitará la prórroga de funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz si las empresas propietarias presentan formalmente la solicitud, así se lo ha traslado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. La ministra ha insistido en el "compromiso firme" del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que, "en el caso de que se presente formalmente esa solicitud de prórroga" de funcionamiento de Almaraz, esta se tramitará.

Estas declaraciones las ha dado a conocer este lunes la portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña, destacando la coherencia de los socialistas en la región y su secretario general, que ha sido el único político que se ha dirigido a las empresas de Almaraz para pedirles, "desde la diplomacia bien entendida y respeto a la empresa privada", que pidiesen la prórroga.

Gil Rosiña ha recordado que las empresas avanzaron la pasada semana su intención de pedir una prórroga de funcionamiento de tres años. Por lo que ha afirmado que a partir de ahora, los populares y la presidenta Guardiola "tienen tres años para plantear una alternativa real en Campo Arañuelo para cuando la central cese su actividad", asegurando que el PP carece de hoja de ruta para ello, aunque cuenta con una gran ventaja como es que los socialistas dejasen la alternativa diseñada.

"Esperamos, por tanto, que la señora Guardiola se alegre de la noticia pues, ya tiene una cosa menos que achacarle a Pedro Sánchez, pero tres años es poco tiempo por lo que tiene que ponerse ya a trabajar en una agenda alternativa para el mantenimiento de la economía y el empleo en Campo Arañuelo", ha afirmado la portavoz del PSOE, quien se ha referido por ejemplo al impulso de la gigafactoria de Navalmoral de la Mata de la que el PP no dice nada.

"El tiempo da y quita razones y el tiempo no es que nos haya dado la razón, sino que ha puesto el escenario real y no el malintencionado y contaminado que Guardiola planteó sobre la Central Nuclear de Almaraz engañando a la ciudadanía extremeña", ha añadido la portavoz socialista.

Gil Rosiña ha reiterado que el PSOE siempre ha mantenido una postura coherente pues, no son los extremeños ni los españoles quienes tienen que pagar el tratamiento de los residuos nucleares, sino las propias empresas y, mientras el PP echaba la culpa a Pedro Sánchez de la no continuidad de la central, "parecían estar dispuestos a aceptar un chantaje fiscal, engañando a los ciudadanos y haciendo tóxico un debate que no es real".

El MITECO precisa que el Gobierno se compromete a tramitar una prórroga para Almaraz, pero no a aprobarla automáticamente

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha informado a Europa Press que el compromiso es tramitar la prórroga, no prorrogar automáticamente la vida útil de la central. Almaraz es la primera central nuclear afectada por el calendario de cierre pactado en 2019 entre las empresas titulares y Enresa. Su autorización de explotación se extiende hasta el 1 de noviembre de 2027 --en el caso de la Unidad I-- y 31 de octubre de 2028 --en el de la Unidad II.

Dado que los trabajos previos al cese de operación de una central suelen durar unos tres años, el director de la central nuclear de Almaraz, Rafael Campos, dijo en 2024 a Europa Press que ya tenía a dos equipos trabajando en paralelo en en las dos líneas, una, que la central cierre a partir de 2027; y otra, que continúe operando pasada esa fecha.

En este sentido, fuentes del sector especificaron a Europa Press en abril que las últimas recargas de combustible de la central nuclear de Almaraz están previstas para finales de marzo de 2026 --en el caso de la Unidad I-- y finales de marzo de 2027 --para la Unidad 2.

Las empresas titulares de Almaraz son Endesa, Iberdrola y Naturgy. De entre ellas, Endesa e Iberdrola se han mostrado en los últimos meses dispuestas a ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) si se dan las condiciones. De hecho, fuentes de Iberdrola anunciaron a Europa Press que la compañía va a proponer en el CNAT (las siglas de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, empresa propietaria de Almaraz y Trillo) iniciar los trabajos necesarios para posibilitar la ampliación de la vida de la central.

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha defendido como solución para la central nuclear de Almaraz una tregua sobre el calendario de cierre acordado en 2019 en su vida útil de dos y tres años, hasta el horizonte de 2030 frente a los años 2027 y 2027 previstos, y luego "repensar" el futuro de esta tecnología.

Polémica

Extremadura estalló en tensión con la orden ministerial donde se fijó el cese "definitivo" de la Central Nuclear de Almaraz para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II. Las empresas que no veían viabilidad económica por la carga fiscal hasta el momento no solicitaron su prórroga. Pero ha sido el 30 de mayo cuando las empresas propietarias avanzaron su intención de prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, algo a lo que el Gobierno estaría dispuesto.

La tensión de Almaraz no sólo quedó en el plano energético, el debate sobre si España estaría o no preparada para un apagón nuclear dio paso a un debate político donde la Ecotasa y las cargas fiscales fueron las protagonistas, Vox pedía en la Asamblea de Extremadura modificar la tasa ENRESA y la ecotasa autonómica para rebajarlas y aliviar la carga fiscal de las empresas y el PP defiende una "integral" del sistema tributario de energía. Por su parte el PSOE en alusión a la carga fiscal, se negaba a que los ciudadanos fueran los responsables de pagar el tratamiento de los residuos nucleares, aunque es partidario de su mantenimiento hasta que no haya otra alternativa en la zona y Unidas por Extremadura rechazaba la prórroga de la misma.

Tal ha sido el impacto político y social que el cierre de Almaraz ha tenido en la región que se ha creado una Plataforma "Sí a Almaraz, Sí al Futuro" donde han iniciado varias campañas de crowdfunding con el objetivo de ir hasta Bruselas a defender la energía nuclear.

La central de Almaraz da empleo a casi 3.000 trabajadores directos e indirectos y su producción energética supone el 7% de la demanda total del país. Pero es que además, los municipios del entorno de Almaraz temen perder el 60% de sus ingresos si cierra, por lo que iniciaron una reivindicación social para pedir la continuidad.

El cierre de la central podría ser un mazazo para una zona que lleva décadas viviendo de las oportunidades de la energía nuclear, pero alternativas económicas y nuevas inversiones se plantearon para que una vez llegado el cierre, la comarca Campo de Arañuelo tuviera oportunidades, como la gigafactoría que AESC va a implantar en ExpacioNavalmoral.

Esta posible prórroga de tres años viene a replantear todo el calendario del apagón nuclear en España, en un momento donde Europa está apostando por el mantenimiento de estas centrales y España está impulsando las energías renovables.

La patronal alerta de los riesgos del cierre

Cuando se ha conocido la posible prórroga de Almaraz, representantes de CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM y de CREEX, la Confederación Regional Empresarial Extremeña, han visitado las instalaciones de la central nuclear de Almaraz, con el objetivo de conocer, de primera mano, el impacto real que tendría, para España, para Extremadura y para Madrid, el inminente cierre que plantea el Gobierno.

Los empresarios madrileños y extremeños han destacado tres aspectos fundamentales consecuencia directa del cierre de Almaraz: el riesgo para garantizar el suministro en periodos de alta demanda y baja producción de energía renovable; el incremento directo sobre el precio de la electricidad, que supondría un aumento del 23% en la factura eléctrica de los hogares y pymes, con un coste de 22.500 millones de euros y de hasta un 35% en el caso de la industria, y el aumento de emisiones de CO2, ya que la eliminación del parque nuclear supondría la emisión de 21 millones de toneladas de CO2 adicionales cada año, lo que equivale a un incremento del 73% en las emisiones del sistema de generación eléctrico.

Asimismo, ambas organizaciones destacan que la generación nuclear ha visto cómo las cargas fiscales se han incrementado un 400% entre 2008 y 2019 (fecha en que se estableció el calendario previsto de cierre), y otro 50% adicional desde entonces.

Precisamente, este incremento desmesurado de la carga fiscal, pone en riesgo la viabilidad económica de las centrales y por tanto, su continuidad, por lo que es preciso revisarla, tanto la componente estatal como la autonómica.

Destacan los empresarios que, en un contexto internacional de incertidumbre, es necesario que el Gobierno central, las comunidades autónomas y las eléctricas lleguen a un acuerdo que permita un sistema mixto de energía renovable y nuclear, al igual que está ocurriendo en el resto de países europeos.

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha destacado el impacto directo que tendría sobre el suministro de la Comunidad de Madrid el cierre de Almaraz: "Las centrales de Trillo y Almaraz suponen el 40% del suministro de la Comunidad de Madrid, por lo que el cierre de Almaraz, que supone el 15%, pone en riesgo la garantía del suministro en un área de alta demanda y donde cada vez se están instalando más centros de datos, que tienen una necesidad extra de energía".

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