La central nuclear de Almaraz se prepara para convertirse en el primer símbolo de resistencia en contra del apagón nuclear en una manifestación que se celebrará hoy en la zona. Según un estudio elaborado por la Asociación de Municipios con Centrales Nucleares, en el peor escenario y el más factible, la zona de influencia directa pierde casi 1 de cada 3 habitantes, y la población activa disminuye en un 36%, como consecuencia de un tremendo envejecimiento de la población. Esta situación supondría la posibilidad real de desaparición de los pueblos más pequeños de la zona.
En cuanto al impacto económico, los ayuntamientos de la zona, calculan que dejarán de percibir 15 millones de euros anuales en conjunto, casi el 60% de los ingresos totales. Así, Saucedilla, Romangordo, Almaraz, Serrejón e Higuera de Albalat verán claramente afectada su viabilidad económico-financiera.
Esta situación considera obligará a los Consistorios a tomar medidas "inmediatas y radicales" como recortes en sus plantillas, reducción de los servicios municipales e incremento de tasas y precios públicos, lo que tendrá un impacto directo en la población ya que se reducirá el empleo, los servicios y la calidad de vida, impulsando la emigración lo que agravará el problema de despoblación y envejecimiento en la zona.
Al impacto en la zona de la central, se suma, según el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que su cierre afectaría a decenas de empleos en Talavera de la Reina (Toledo) y su comarca.
Núñez ha mantenido un encuentro con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, y se ha unido a la petición de prórroga de la actividad de la central nuclear.
Con fecha 26 de marzo de 2019, Almaraz presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica una solicitud de renovación última y definitiva de la autorización de explotación de la Central para continuar la operación hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I, y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II, pero según indica el Foro Nuclear, las autorizaciones se tramitaron como si el permiso fuera a ser de diez años, lo que facilitaría una decisión rápida en caso de que el Gobierno decidiera cambiar de opinión.
Enresa lanzó hace más de seis meses el anuncio previo del proceso de licitación de los servicios de ingeniería para desmantelar la central nuclear, con un presupuesto de 28 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco años, según se desprende de la Plataforma de Contratación del Estado, pero todavía no ha dado el paso en firme de su convocatoria definitiva.
Los propietarios de las centrales creen que se debe tomar una decisión en un plazo de tres meses para poder comprar el combustible nuclear necesario.
