El Gobierno ha decidido dar un paso firme para garantizar la efectividad de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España. El Ejecutivo quiere imponer la obligación a los ayuntamientos de activar sistemas de control y sanción efectivos sobre el acceso y circulación de vehículos contaminantes en sus respectivos núcleos urbanos. La medida pone fin a las denominadas "ZBE simbólicas", implantadas formalmente pero sin efecto real sobre la movilidad ni la calidad del aire.
La nueva norma, impulsada por los Ministerios para la Transición Ecológica y el ministerio del Interior, obliga a los municipios a cumplir cinco condiciones para que una ZBE se considere oficialmente implantada. Entre ellas, destaca la exigencia de contar con un régimen sancionador en vigor, que excluye expresamente los sistemas meramente informativos o de aviso. Además, las entidades locales deberán tener operativos mecanismos de control de accesos, publicar la normativa correspondiente, integrar sus datos con la Dirección General de Tráfico y aplicar restricciones según el potencial contaminante de los vehículos.
La reforma responde a la escasa ambición con la que muchos municipios han abordado hasta ahora la implantación de las ZBE, a pesar de que la Ley de Cambio Climático obliga desde 2023 a establecer estas zonas en todos los municipios de más de 50.000 habitantes -y en aquellos de más de 20.000 que superen ciertos umbrales de contaminación-. Aunque 49 ciudades ya han puesto en marcha sus ZBE, la mayoría aún no cuenta con medidas coercitivas que garanticen su cumplimiento. Otras 98 están en trámites para activarlas a lo largo del año, bajo la presión de perder los fondos estatales para transporte público si no lo hacen.
La modificación legislativa también refuerza las competencias municipales para restringir la circulación en vías urbanas por motivos de seguridad vial y racionalización del uso del espacio, no sólo por razones medioambientales. Para ello, se introduce un nuevo artículo en el Reglamento General de Circulación que permitirá a los ayuntamientos establecer restricciones en función de criterios como el tipo de vehículo, el número de ocupantes o la tecnología embarcada.
El Ejecutivo justifica esta intervención normativa por la necesidad de garantizar la eficacia real de las políticas de movilidad urbana sostenible y la protección de la salud pública. Según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud, casi todas las capitales de provincia en España superan los niveles guía de calidad del aire recomendados, lo que supone un riesgo grave para la salud de la ciudadanía. Además, la medida permite al Gobierno alinearse con las nuevas exigencias de la Unión Europea.
La Directiva de calidad del aire eleva el listón de las exigencias
La Directiva (UE) 2024/2881 eleva el listón de calidad del aire en los Estados miembros y exige la reducción sustancial de los límites permitidos de contaminantes atmosféricos antes de 2030, con el objetivo de alcanzar la "contaminación cero" en 2050. Con esta reforma, el Gobierno busca cerrar la brecha entre la norma y su aplicación práctica, presionando a las ciudades para que sus ZBE dejen de ser un mero cumplimiento formal y se conviertan en una herramienta efectiva para reducir emisiones y fomentar modos de transporte limpios.
