El cierre de las centrales nucleares en España tendría consecuencias "desastrosas" a nivel económico, medioambiental y de seguridad energética. O al menos así lo piensan los ponentes que asistieron este miércoles a un evento organizado por la Fundación FAES en el Campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura.
Bajo el título El papel de la energía nuclear en el trilema energético: sostenibilidad ambiental, social y económica, los expertos reunidos por la fundación que preside José María Aznar coincidieron en que el presumible cierre del parque nuclear afectaría negativamente sobre los tres aspectos abordados.
La mesa, formada por personalidades del mundo empresarial, de la consultoría y de la política, ha contrapuesto el camino que sigue España en esta materia respecto a Europa: mientras que la nuclear está aumentando su reconocimiento internacional como una energía segura y esencial para garantizar el suministro eléctrico, España mantiene su calendario de cierres progresivos.
"El cierre de las centrales nucleares en España, comenzando por la de Almaraz en 2027, no está justificado desde los puntos de vista geopolítico, tecnológico, económico ni medioambiental", aseguró Miguel Marín, responsable de Economía de FAES y conductor de la jornada. "Se trata de una decisión política con un despropósito y un error histórico que amenaza con hacernos perder la gran oportunidad que representa la descarbonización para nuestro país", añadió.
Sobre la seguridad energética, Nemesio Fernández-Cuesta, exsecretario de Estado de Energía, señaló la sustitución de la generación nuclear solo podrá cubrirse con gas, lo cual implicará un encarecimiento significativo de la electricidad para los consumidores. Del mismo modo, también repercutiría, según el exsecretario, en un consecutivo incremento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Del lado económico, Miguel Solchaga, socio de Metyis, cifró en 4.000 los empleos que se perderían solamente en Extremadura, así como una caída del 14% del valor añadido bruto (VAB) de la comarca.
Para solventar estas cuestiones, la mesa se mostró partidaria de alargar la vida operativa de las centrales. Sin embargo, no solo bastaría con prorrogar su cierre. "Para la continuidad es fundamental una rebaja de la presión fiscal que en este momento es asfixiante y supone una barrera de entrada en el mercado tremenda", indicó Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear.
En esta línea, Óscar Barrero, socio responsable de Energía en PwC España, expuso que "la carga de tasas e impuestos que soporta el parque nuclear ha aumentado más de un 70% desde 2019", y alertó de que esta alcanzará el 40% de los costes totales del sector para 2035.
Su posible prórroga también debería superar otros obstáculos, como el rechazo social a las nucleares, el riesgo a posibles cambios fiscales imprevistos o una eventual intervención de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
