Valencia
La filial en España de BP ha sido condenada a pagar 2,98 millones de euros más intereses a una plataforma formada por transportistas asociados a Fenadismer y el fondo especializado en litigios King Street Capital que había presentado una demanda por los daños y perjuicios provocados por los sobreprecios que el juzgado considera que la petrolera aplicó durante años y por los que llegó a ser sancionada por Competencia.
El Juzgado de los Mercantil Número 1 de Castellón, donde tiene su domicilio social y su refinería BP Oil España, ha dado la razón parcialmente a los demandantes, cuyos derechos se agrupan una sociedad con sede en Luxemburgo y denominada Afectados por las Petroleras Dos S.a.r.l.
En la sentencia finalmente adoptada se rebaja notablemente las peticiones económicas que planteaban inicialmente los transportistas, que para ello presentaban miles de facturas de pagos por la compra de combustible. La parte demandante fijaba en 8,1 millones de euros el importe de la indemnización por daños y perjuicios.
La magistrada ha condenado solidariamente a BP Oil España y a BP España a hacer frente al pago de esos cerca de 3 millones de euros basándose en una infracción de la Ley de la Competencia y del artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esas irregularidades ya habían sido investigadas y sancionadas en una resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009, y que posteriormente respaldaron la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Posteriormente la autoridad de Competencia emitió varias sanciones más en las que consideraba que esa infracción se había mantenido durante varios años después de que hubiese fallado su decisión inicial.
El Juzgado considera probado que las actuaciones de la petrolera, que en su día había sido sancionada junto a Repsol y Cepsa, produjeron como efecto sobreprecios en las compras de gasóleo que perjudicaron a las gasolineras. Una práctica que el tribunal castellonense considera que se ha mantenido desde julio de 2006 hasta el 1 de julio de 2017 para fijar la cuantía económica del fallo.
Según ha informado el TSJ de la Comunidad Valenciana, la sentencia del juzgado mercantil no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón.
Guerra legal
Desde hace años tanto colectivos de transportistas como de pequeñas estaciones de servicio mantienen una guerra legal con los grandes grupos petroleros por las prácticas para establecer los precios de los combustibles de los grandes operadores.
La plataforma Afectados por las Petroleras, que aglutina a 120 estaciones de servicio, también ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid para reclamar daños y perjuicios a Repsol, Moeve -antigua Cepsa- y BP por fijar los precios de los carburantes y los perjuicios de esas prácticas anticompetitivas.
Como publicó elEconomista.es, en ese caso la reclamación asciende a un importe conjunto de 600 millones de euros para las tres petroleras.