Repsol ha dado un gran paso en su estrategia de descarbonización al recibir financiación del Fondo de Innovación Europeo para su proyecto de almacenamiento de CO2 en la costa de Tarragona. Sin embargo, la petrolera sigue a la espera de que el Gobierno español apruebe el permiso de investigación, un retraso que amenaza con frenar una iniciativa clave para la transición energética.
El proyecto TarraCO?, presentado el 22 de septiembre de 2023, busca capturar y almacenar CO2 en formaciones geológicas submarinas, convirtiéndose en el primero de su tipo en España. Aunque la normativa establece un plazo máximo de un año para la resolución de la solicitud, el proceso sigue estancado. A finales de noviembre de 2023, el Ministerio abrió un periodo de dos meses para recibir propuestas de mejora u ofertas en competencia, pero aún no hay respuesta oficial.
España se queda atrás
Mientras la burocracia española retrasa su avance, Repsol sigue expandiéndose a nivel global en el almacenamiento de carbono. En EE.UU., lidera un consorcio para desarrollar un proyecto en la costa de Luisiana con una capacidad de almacenamiento de hasta 300 millones de toneladas de CO2. En Indonesia, avanza con un plan vinculado al megayacimiento de gas natural de Sakakemang, con un potencial de 1,5 megatoneladas anuales. En Brasil, participa en la producción de combustibles sintéticos a partir de CO2 capturado. Y en Noruega, colabora en el desarrollo de nuevas tecnologías para la captura de carbono en alta mar.
La apuesta de Repsol es clara: el almacenamiento de CO2 es una pieza clave en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, mientras en otros países la compañía encuentra apoyo y agilidad en los trámites, en España el proyecto enfrenta un freno burocrático que podría costarle el liderazgo en este campo estratégico.
Bruselas presiona: España, en la cuerda floja
El retraso del Gobierno español contrasta con la creciente presión de la Comisión Europea para acelerar la descarbonización. Bruselas ha instado a los Estados miembros a incluir objetivos específicos de captura y almacenamiento de carbono en sus Planes Nacionales de Energía y Clima, advirtiendo que sectores como el cemento, el acero y las refinerías no podrán reducir sus emisiones sin esta tecnología.
Además, iniciativas como Pycasso, un proyecto transfronterizo entre Francia y España para descarbonizar la industria del Pirineo, ya cuentan con el respaldo de gigantes como ArcelorMittal y Lafarge. Mientras otros países avanzan en soluciones innovadoras, España sigue sin tomar decisiones firmes.
De hecho, el sector lleva meses reclamando al Gobierno la elaboración de una Hoja de ruta que les facilite, a su vez, el acceso a más fondos europeos para el desarrollo de estas tecnologías.
El almacenamiento de CO2 es una de las herramientas más prometedoras para reducir la huella de carbono de la industria. El proyecto de Repsol en Tarragona podría posicionar a España en la vanguardia de la transición energética, atrayendo inversión y generando empleo en un sector emergente.
La Agencia Internacional de la Energía además considera que se trata de una tecnología que será clave para poder alcanzar los objetivos de cambio climático e incluso para hacer frente a aquellos sectores cuyas emisiones sean difíciles de abatir.
Pero el tiempo corre. Si el Gobierno no actúa pronto, España podría perder una oportunidad histórica para convertirse en referente del almacenamiento de carbono. Mientras tanto, Repsol miran al futuro, aunque quizás tenga que hacerlo más allá de nuestras fronteras.