León
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha apelado este martes a la negociación con las empresas eléctricas Endesa e Iberdrola, antiguas propietarias de la Central Nuclear de Garoña (Burgos) que reclaman al Ejecutivo una indemnización de 50 millones de euros por el retraso en el desmantelamiento.
Al ser preguntado sobre la noticia adelantada por elEconomista.es en la que se recoge que la empresa Nuclenor, participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola, el representante gubernamental ha subrayado que se trata de expedientes "que llevan una tramitación de muchos años, como en cualquier desmantelamiento".
Es por ello que Nicanor Sen ha apuntado a la negociación entre el Gobierno y las compañías afectada como vía para la resolución del conflicto. En este sentido ha remarcado que "la negociación es en lo que se basa la acción diaria del Ejecutivo, tanto con este sector como en el resto".
Nuclenor, participada por las dos eléctricas y antigua propietaria de la central nuclear burgalesa, ha presentado una reclamación al Estado de 50 millones de euros por el sobrecoste que ha tenido que asumir por el retraso de tres años en el cambio de titularidad de las instalaciones atómicas a favor de Enresa, paso necesario para comenzar su desmantelamiento.
El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) establece un plazo de tres años entre el decreto de clausura y el comienzo del desmantelamiento de una central nuclear, periodo que finalmente se ha alargado a seis. El Gobierno ordenó la clausura de las instalaciones atómicas burgalesas el 1de agosto de 2017, aunque el cambio de la propiedad de la central a favor de Enresa, necesario para el desmontaje, no se llegó a producir hasta julio de 2023 pese a que Nuclenor había cumplido en plazo todos los requisitos para que se pudiera hacer el traspaso de titularidad. Durante ese tiempo, las dos compañías han tenido que costear los gastos de operación y mantenimiento.
