Valladolid/Madrid
Nuclenor, la antigua propietaria de la central nuclear burgalesa y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, ha presentado una reclamación al Estado de 50 millones de euros por el sobrecoste que ha tenido que asumir por el retraso de tres años en el cambio de titularidad de las instalaciones atómicas a favor de Enresa, paso necesario para comenzar su desmantelamiento.
La compañía inicio a principios del pasado año un proceso de auditoría para conocer el importe de la factura al que ha tenido que hacer frente durante los años en los que se ha visto obligada a alargar el mantenimiento de la planta. En el mes de julio hizo efectiva una reclamación ante los tribunales en la que pide una compensación de alrededor de 50 millones de euros.
El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) establece un plazo de tres años entre el decreto de clausura y el comienzo del desmantelamiento de una central nuclear, periodo que finalmente se ha alargado a seis. El Gobierno ordenó la clausura de las instalaciones atómicas burgalesas el 1 de agosto de 2017, aunque el cambio de la propiedad de la central a favor de Enresa, necesario para el desmontaje, no se llegó a producir hasta julio de 2023 pese a que Nuclenor había cumplido en plazo todos los requisitos para que se pudiera hacer el traspaso de titularidad.
El certificado de defunción de Garoña se rubricó en 2017, aunque la central estaba parada y desconectada de la red desde 2012. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que rechazó finalmente la petición de renovación de la autorización de explotación de la instalación que Nuclenor había solicitado en 2014 para seguir operando la central hasta 2031.
Antes del proceso de desmantelamiento era necesario que el Gobierno traspase la titularidad de la central a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (Enresa), la sociedad pública encargada de la gestión de los desechos de la actividad nuclear. Esta nacionalización, que firmó la entonces ministra de Transición Ecológica no se hizo efectiva hasta julio de 2023, momento en el que el Gobierno, previo visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSAN), autorizó el proceso de desmontaje.
Durante esos seis años de retraso, contabilizados desde que se rechazó la renovación de la licencia de explotación, las dos compañías eléctricas han tenido que cargar con los cuantiosos costes de operación y mantenimiento de la instalación, de más de 50 millones de euros.
El retraso en ese traspaso de titularidad tuvo una de sus causas en el rechazo de Teresa Ribera, ya vicepresidenta en el Gobierno de Pedro Sánchez, a continuar con el proyecto de construcción de un almacén nuclear temporal centralizado (ATC), proyecto en el que ya se habían invertido 100 millones de euros. En su lugar, la ministra optó por desarrollar almacenes temporales descentralizados junto a cada una de las centrales desenchufadas.
Enresa no presentó la documentación para asumir la titularidad de la central de Garoña hasta mayo de 2020. A partir de esa fecha, y tras conceder el Ministerio la Autorización, Enresa es la responsable de la instalación y los costes los debe asumir el Fondo del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) del que las empresas propietarias son contribuyentes.
Los retrasos de Enresa en sus proyectos de desmantelamiento son muy relevantes. El sexto PGRR y la propia información publicada por Enresa en 2009 establecían que la duración prevista para el desmantelamiento de la central nuclear de José Cabrera (Zorita–Guadalajara) era de 6 años. Todas estas previsiones han estado muy lejos de cumplirse y según el séptimo PGRR el desmantelamiento finalizará en diciembre de 2025. Si esta fecha se mantiene, el desmantelamiento tendrá una duración de 16 años en lugar de los 6 previstos inicialmente.
La aprobación del séptimo PGRR en diciembre de 2023 supuso un incremento en los costes previstos por Enresa para todas sus actividades de más del 55% con respecto al anterior en vigor desde 2006. Este incremento de costes llevó a que el MITECO aprobara una nueva subida de la tasa Enresa del 30%, en contra de lo acordado en el Protocolo firmado en 2019 entre la compañía pública y las empresas propietarias.
La central de Garoña cesó su actividad en julio de 2012 un año antes de que caducase su licencia ya que su propietaria, Nuclenor no consideraba viable económicamente continuar con la explotación de una central a la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había puesto fecha de caducidad y que tenía que afrontar dos nuevos impuestos para la energía nuclear: uno por el almacenamiento de residuos radioactivos y otro por la producción de material nuclear gastado. El coste añadido para la central más antigua de España era de 153 millones de euros al año.
Tras su desconexión de la red, se abrió una puerta a la continuidad de las instalaciones mediante una renovación de la licencia, una opción que introdujo el Gobierno de Rajoy si el cese de actividad era por razones económicas y no de seguridad y a la que se acogieron Endesa e Iberdrola en 2014. Las desavenencias entre los dos socios sobre la continuidad de la planta hicieron que el entonces ministro Álvaro Nadal decretase el cierre definitivo en 2017.
La central burgalesa era la más antigua de las existentes en España y su reactor, que comenzó a operar en 1971, era gemelo al de la central japonesa de Fukusima. Tenía una capacidad instalada de 466 megawatios, el 6% de la producción de las centrales nucleares españolas en esa época.
