Valencia
La implantación de las energías renovables en la Comunidad Valenciana han acumulado durante años un atraso crónico en los trámites para los proyectos de nuevas plantas en la región. La patronal valenciana de las renovables, Avaesen, que preside Marcos Lacruz, reconoce los avances, pero insiste en que es necesario multiplicar el ritmo actuar para cumplir los objetivos marcados para 2030 y alerta de nuevos embudos.
¿Las reformas introducidas tras el cambio del Gobierno valenciano están acabando con el atasco administrativo?
La situación es bastante mejor a la hora de tramitar los proyectos. Ahora recibimos autorizaciones cuando antes no llegaban. En el año 2024 se han autorizado 700 megavatios (MW) repartidos en 46 plantas por parte de la Generalitat Valenciana. Esta cifra está bien y contrasta con lo que sucedía en años anteriores. Además, también desde el Ministerio se han aprobado 1.000 megavatios de parques de mayor tamaño en 11 proyectos. Son cifras positivas, pero también es cierto que no son suficientes para devolver a la Comunidad Valenciana al lugar que debería tener dentro del conjunto español.
No todos los proyectos se han aprobado, ¿cuántos se han descartado y cuántos estiman que aún están pendientes de tramitar?
En el caso de los trámites autonómicos, se han desestimado entre 300 y 500 MW. En cuanto a los pendientes, estimamos que aún existen unos 4.000 MW en tramitación que para cumplir las condiciones fijadas por el Ministerio deberían estar conectados entre finales de 2026 y principios de 2027.
¿Podrán cumplir los plazos a este ritmo?
El problema no es solo que se aprueben las plantas, si no que las tenemos que construir en un periodo cada vez más concentrado. ¿Qué pasa? Que si vamos retrasados y vamos llevando todo al final va a suceder que todas las centrales se tengan que levantar mismo tiempo, lo que generará una situación de falta de personal, falta de medios y también de trámites ya no en la administración, sino en las compañías eléctricas. Por eso desde Avaesen ahora reclamamos, principalmente, una mayor dotación de personal a la Dirección General de Energía de la Generalitat para agilizar los expedientes porque los tiempos de tramitación siguen siendo largos.
¿Qué inversión supondrá en renovables en la región esas autorizaciones?
Con esos 1.700 MW estamos hablando de unos 1.200 millones de euros de inversión. Puede parecer mucho en poco tiempo pero hay que tener en cuenta que en estos años previos ya ha habido muchos costes administrativos, en avales y en ingeniería, porque la mayoría se presentaron en 2020.
¿Y ya se puede hablar de obras de construcción en marcha?
En 2024 se conectaron a red apenas 27 MW por ese decalaje entre la autorización y el comienzo de las mismas. Y porque no es el último paso que se necesita. También hace falta la licencia de obras municipal y se están dando casos en que algunos ayuntamientos están retrasando o directamente se oponen a la construcción. En julio pasado se introdujo una modificación que impedía que los ayuntamientos vetasen la instalación de plantas en todo el municipio de forma general, porque se utilizaba como herramienta para frenar algunas más problemáticas. En su lugar se exigió que se tenía que justificar cada proyecto, no se podía aplicar de manera general.
Con este ritmo, ¿es viable alcanzar los objetivos marcados en renovables en la Comunidad Valenciana y garantizar el final de la nuclear de Cofrentes anunciado para 2030?
No, habrá que duplicar o multiplicar por tres ese ritmo, necesitamos incrementar los esfuerzos. Y esos objetivos se fijaron para la autonomía previamente a la guerra de Ucrania y también a los efectos que estamos viendo del cambio climático. Todos los países europeos lo actualizaron tras lo ocurrido en Ucrania, por lo que incluso aquí podríamos estar hablando de objetivos obsoletos. La Comunidad Valenciana es un caso muy claro de que científicamente y económicamente tenemos las cosas muy claras, pero la ejecución y la burocracia es lo que nos está lastrando. En la revolución energética, lo fácil deberían ser los papeles, cambiar todo el mix energético es lo más complicado.
¿Se han perdido oportunidades de inversión por los retrasos en los expedientes?
Con las renovables la Comunidad Valenciana en los últimos años ha perdido mucho prestigio inversor. Hay fondos que invierten en energía pero que no sólo lo hacen en este sector. Muchos consejos de administración han percibido como un territorio hostil la Comunidad Valenciana. Es cierto que estamos recuperando ese sentimiento inversor, pero se ha hecho mucho daño no permitiendo un desarrollo que otras autonomías sí facilitaban. Y no estaban muy lejos, como Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón.
Otro de los puntos débiles para la electrificación es la inversión en redes. ¿La destrucción por la DANA en infraestructuras en Valencia puede afectar al despliegue de las renovables?
Es indudable que hay que reforzar todo el sistema si queremos electrificar la economía. La DANA ha hecho mucho daño a las infraestructuras, pero gracias a REE, Iberdrola y empresas de la asociación se repuso el suministro en cuestión de días. Con un sistema gasístico eso hubiera sido imposible. Situaciones como la DANA muestran la necesidad de una red robusta y diversificada, y la fotovoltaicas y renovables lo son.
¿Qué impacto han tenido las inundaciones al sector?
Al no haber muchos parques fotovoltaicos en suelo en la zona la mayoría de los daños han sido sobre todo en instalaciones de autoconsumo, que ciframos entre 80 y 100 millones de euros. Más que en los paneles en techo han sido sobre todo daños en centros de transformación. Nos ha afectado, pero lejos del trauma que supone para otros sectores.
¿Esperan que los planes para la reconstrucción postDANA impulsen las renovables?
Dentro del plan de recuperación y reconstrucción las infraestructuras energéticas tienen que ser un elemento a considerar y creo que se habla poco de esto. Por eso nosotros lo vamos a tratar específicamente en el IV Congreso Nacional de Energías Renovables que celebramos en Valencia la próxima semana.