En los últimos años, las autoridades europeas y españolas han desplegado diferentes normativas en materia medioambiental, derechos humanos y laborales, reporting o transparencia y buen gobierno. Senén Ferreiro, CEO de Valora, repasa en elEconomista.es el impacto que tendrá la nueva taxonomía en las empresas y el camino que éstas deberían tomar para seguir evolucionando de forma sostenible y captar financiación.
¿Cómo está impactando la nueva regulación en materia social en el desarrollo sostenible que están llevando a cabo las compañías?
Las empresas siempre han tenido que ser debidamente diligentes en todos los ámbitos, otra cosa es que fuera más cómodo gestionar lo físico y obviar la parte humana, que es extremadamente compleja, no está normativizada y tiene un importante componente cultural.
En Valora siempre hemos tenido una visión de la sostenibilidad integradora y estratégica que va mucho más allá de la gestión ambiental. Si queremos que la gobernanza de una compañía occidental sea sólida es necesario contar con todas las perspectivas porque corremos el riesgo de estar resolviendo un problema ambiental a costa de generar uno social.
Actualmente la legislación exige que se informe de los aspectos ESG en casi un millar de indicadores. ¿Es viable a para las empresas soportar esta carga?
Creo que debería haber un equilibrio entre la libertad operativa que marca el modelo americano y el control regulatorio que impera en Europa. En el ámbito del libre comercio ha habido problemas porque se han hecho cosas indebidas, pero un exceso de regulación también limita el ejercicio empresarial. La clave está en que los órganos de gobierno de las compañías tengan una visión a largo plazo de cómo impacta su actividad, algo que, hasta ahora, en términos generales, no han tenido.
El conjunto de las compañías globales está empezando a configurar comisiones de sostenibilidad, ahora que lo exige la ley, y esto es indicativo de que en muchas ocasiones la regulación es necesaria para fomentar las buenas prácticas.
El cambio de mentalidad que están experimentando las empresas en el ámbito de la sostenibilidad, ¿está suponiendo un impulso para el negocio?
Realmente, el gran acelerador de este negocio fue el Covid, que dotó al Green Deal de más peso político, más desarrollo regulatorio y, también, de más financiación. Esa gran consignación no estaba en la hoja de ruta, pero cuando se decidió que el Pacto Verde fuera la palanca de recuperación europea, las prioridades de la agenda política, económica y social cambiaron notablemente.
En los últimos años han tenido lugar numerosos y diferentes eventos geopolíticos, como la guerra de Ucrania, que han acelerado muchísimo el negocio pero, si nos vamos a los básicos el Acuerdo de París, vemos que es sumamente sólido. El firme mandato que dio al sector financiero se ha convertido en uno de los grandes transformadores hacia una economía socialmente más respetuosa e inclusiva.
La fuerte presencia de la ultraderecha en el Parlamento Europeo tras las elecciones, ¿podría llegar a suponer un freno para el avance de las políticas verdes?
Parecía que lo iba suponer, pero al final el freno se lo han puesto a la ultraderecha. La realidad es que tenemos una serie de gobiernos que apuestan por la transición, aunque respetando la identidad y el modelo de cada país. Personalmente, no creo que vaya a haber un frenazo porque no podemos permitírnoslo y porque, además, el marco europeo regulatorio está ya escrito y aprobado.
Estoy convencido de que estamos asistiendo a una transformación de la economía europea en la que el carbono va a ser una moneda de cambio. Ahora bien, el debate podría girar sobre la velocidad a la que podemos ir con los recursos que tenemos actualmente y teniendo en cuenta los daños colaterales que se van a producir.
Al final, la transición energética no es una transición únicamente ambiental; tiene que ver con políticas económicas y con la I+D. Las tecnologías que ahora son incipientes se desarrollarán cuando alcancen un punto de madurez que sea viable en el mercado y, por eso, no creo que el regulador deba poner el foco en una tecnología concreta. Lo ideal sería buscar un mix razonable que incluya aquellas tecnologías cuyo coste de producción por kilovatio sean óptimas.
¿Qué impacto puede tener para las pymes la entrada en vigor de la Directiva sobre diligencia debida?
La ley de diligencia como concepto ha estado ahí siempre a través de los marcos de la ONU que, aunque no tenían fuerza legal para implementarse, animaron a algunas compañías a iniciar la transformación sostenible hace ya 20 años.
La directiva pone en el espacio común de los sectores económicos y empresariales que hay que mirar más allá de la cuenta de resultados y esto es algo muy sano, independientemente de la dimensión que tenga la empresa. A las pymes, del mandato regulatorio no iba a llegar nada, porque corta en una dimensión bastante grande. No obstante, si tenemos en cuenta la esencia, una empresa tiene que mirar a largo plazo y no sólo estar centrada en las variables económicas. La regulación corrige a los que están fuera del sistema y las empresas familiares españolas tienen una cultura de creación de valor económico y social muy potente que no se puede poner en duda.
Sí es cierto que la implantación puede generar cierta tensión porque la nueva regulación genera más esfuerzo de gestión y las empresas están al límite en términos de coste de personal. Por eso, los consultores y los asesores debemos ser capaces de analizar los riesgos, evaluar los impactos y proponer medidas específicas, eficaces y competitivas que permitan llevar a cabo implantaciones eficientes. No podemos ir con pizzas precocinadas a todas las empresas porque a alguna se le puede atragantar.
La norma también conlleva obligaciones para microempresas y autónomos. A nivel general, ¿están preparados para adaptarse a los nuevos requisitos?
Aquí sí es necesario poner el dedo en la llaga porque el esfuerzo que han hecho las administraciones públicas por impulsar la digitalización de las pequeñas empresas y los autónomos no lo están haciendo en términos de sostenibilidad.
Aunque algunas comunidades, como Galicia, lo está haciendo bien, es necesario apoyar con determinación este aspecto, porque la mayoría no van a ser capaces de hacer esta integración por sí solos.
¿Qué opina sobre la propuesta de la CNMV de investigar los productos que promocionen características ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para evitar 'greenwashing'?
En este aspecto sí creo que debe haber regulación más allá de la perspectiva Green para evitar el engaño a los consumidores. En el ámbito financiero, la calidad ESG de las empresas para tomar decisiones de inversión es un tema que todavía no está resuelto. El Reglamento de Divulgación de las Finanzas Sostenibles (SFDR) de 2021 hizo que se construyeran cestas de fondos con un grado de calidad de datos de las compañías ínfimo. Estoy absolutamente de acuerdo con la decisión de la CNMV, porque se han hecho una serie de proxys por querer correr que no son correctos.
Además, la nueva regulación no está consiguiendo incentivar el apetito climático; es más, lo está frenando porque, en general, falta cultura sobre lo que significan de verdad los riesgos relacionados con el clima. Otro componente es el sobreprecio que supone financiar la transición para reducir este riesgo, porque el coste medio de cualquier producto es muy superior al de un producto convencional.
El informe 'Empresa familiar y financiación sostenible' elaborado por Valora cifra en 140.000 millones los recursos necesarios hasta 2030 para que las empresas familiares puedan culminar su transformación sostenible. ¿Están estas empresas concienciadas con la necesidad de avanzar en el proceso de descarbonización?
El informe se realizó con los datos que manejamos sobre el estado de las pymes en términos de carbono y el camino que tienen que recorrer para alcanzar la descarbonización. Después, analizamos las tecnologías que existen en el mercado y el capex que necesitarían las compañías para abordar esa inversión. El estudio calcula que ahora se necesitarían 140.000 millones pero, a medida que nos aproximemos al 2050, la cifra debería bajar porque las empresas han comenzado a invertir y la tecnología es más barata.
Sin embargo, en muchas ocasiones el problema no es la inversión. Las entidades financieras tienen capital y voluntad inversora, y también hay capital privado dispuesto a invertir en proyectos de sostenibilidad. El problema es hacer entender a las compañías que es necesario invertir en transición, facilitarles el camino para que lo hagan y explicarles que la financiación aparecerá después de la inversión.
Valora lleva más de 20 años asesorando a grandes empresas globales de 'retail' -uno de los sectores más cuestionados desde el punto de vista ambiental- en cuestiones de sostenibilidad. ¿Qué estrategias se están llevando a cabo para transitar hacia una industria sostenible y circular?
La cadena de valor de este mercado a nivel mundial es muy compleja porque está muy atomizada, presenta una gran dispersión y, en multitud de ocasiones, no requiere de un gran diferencial tecnológico sino de mano de obra. Sin embargo, todas las multinacionales que conozco están invirtiendo y trabajando intensamente para buscar soluciones de circularidad. También se están haciendo grandes esfuerzos para eliminar químicos, desarrollar fibras de origen vegetal y consumir menos agua. De hecho, se han puesto en marcha iniciativas consorciadas en las que compañías competidoras en el lineal han compartido problemas y han colaborado en la búsqueda de soluciones.
Es cierto que en los últimos años el textil se ha puesto en el punto de mira, pero no creo que sea bueno demonizar a ningún sector porque todos ellos nos aportan bienestar: ropa, alimentos, movilidad, soluciones tecnológicas… Creo que la industria tiene la capacidad de ayudarnos, si la sociedad y los políticos quieren, a construir un mundo mejor, con menos impacto y más equitativo, pero es necesario trabajar mano a mano con ella.
Mientras la industria occidental ayude a un desarrollo equilibrado de otras regiones vamos a seguir produciendo bienes, vamos a tener productos y vamos a conseguir un mundo más confortable, pero, para conseguirlo, creo que los patrones de consumo deben modificarse pensando en global, ser más racionales y configurarse desde la generosidad y no desde el egoísmo. Es un equilibrio muy crudo, pero no podemos obviarlo: construir Europa, si no ayudamos a mejorar la calidad de vida de otras regiones, no vale para nada.
