Madrid
Las reclamaciones por las renovables sobre el Reino de España se multiplican y, tras afectar a Aena esta semana con el embargo de sus acciones en el aeropuerto londinense de Luton, ahora el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments amenaza con llevar a España ante la justicia británica, esta vez por 'default' técnico. Es decir, una situación de impago.
La entidad, afectada por el recorte en las primas a las renovables promovidas durante la primera legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy, envió el pasado julio una notificación prejudicial al actual Ejecutivo en la que advierte de la próxima puesta en marcha de un procedimiento de default técnico, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
En concreto, el grupo de afectados, encabezados por el fondo estadounidense, han tomado esta decisión en relación con un bono de deuda valorado en unos 200 millones de libras esterlinas (unos 237 millones de euros).
Esta notificación prejudicial remitida al Gobierno español serviría como antesala para un procedimiento de ejecución legal que echará a andar este mismo verano ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.
El título en cuestión vence en 2029 y, debido al procedimiento de 'default' técnico, España puede verse obligada a saldar los pagos pendientes de inmediato.
Asimismo, los acreedores entienden que el incumplimiento reiterado de los laudos que condenan a España a pagar más de 1.560 millones por la retirada retroactiva de las primas renovables dan pie a un escenario contemplado en la emisión de este título de deuda, de lo que se deriva la activación de la cláusula de incumplimiento cruzado ('cross default') que deja a España en situación técnica de 'default'.
Última advertencia
En este sentido, no es la primera advertencia que recibe el Estado por parte de este fondo. La entidad notificó en tres cartas por escrito al Gobierno -la primera del 7 de marzo de 2023- la activación de la llamada cláusula de 'default' de cuatro emisiones de bonos.
La declaración de una situación de 'default' es susceptible de crear estragos en las operaciones de endeudamiento soberano del Tesoro -a la sazón, el Estado-, bloqueando el acceso a siete instrumentos de financiación e incluso desatando procesos cruzados de nuevos 'default' por parte de otros tenedores de deuda.
Por el momento, además del embargo del derecho de usufructo del operador aeroportuario sobre el 26% del aeródromo de Luton, los impagos de los arbitrajes internacionales han provocado ya la incautación de la indemnización por la catástrofe del hundimiento del barco Prestige (valorada en cerca de 1.000 millones de euros). También ha motivado la congelación de la cuenta bancaria del Instituto Cervantes en Londres y la confiscación de su sede en Londres. Además, se ha producido también el embargo de un edificio de Acció, la agencia de promoción económica de la Generalidad de Cataluña. También la propiedad en la que se sitúa la Escuela Internacional Vicente Cañadas.
Cláusula 'Cross default'
Las mismas fuentes consultadas por Europa Press precisaron que cuando España emitió el título de deuda que quedará sujeto al procedimiento, lo hizo incluyendo una cláusula que estipula que el impago por parte del emisor del principal o los intereses de cualquier deuda activaría un escenario susceptible de activar una cláusula de incumplimiento cruzado, en virtud de la cual se puede reclamar la redención inmediata de los pagos pendientes a los tenedores del bono en cuestión, que vence en 2029.
Los afectados subrayaron que existen otros tres títulos de deuda denominados en dólares, yenes y euros, cuyo valor combinado ronda los 750 millones de euros y cuyo articulado recoge una cláusula idéntica. Mediante esta, se puede invocar el escenario de 'cross default'. Por lo tanto, España se expone al pago anticipado de cuatro bonos del Tesoro valorados en 800 millones de euros.
Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que la forma en que está estructurado el bono, con un agente fiscal en lugar de un fideicomiso al uso, permite que cualquier tenedor de estos títulos emita el preceptivo aviso de incumplimiento técnico. De esta manera, los más de 25 laudos pendientes de pago abren la puerta a este tipo de procedimiento, a la vista de los más de 1.560 millones que debe España, cifra que asciende a 1.875 millones al tomar en cuenta condenas en costas, intereses de demora y otros sobrecostes.
