El Estado español vuelve a sufrir un revés judicial como consecuencia del recorte de las primas energéticas renovables. Ahora, un tribunal británico ha acordado una medida cautelar para embargar la participación de Aena sobre el aeropuerto de Luton, en Londres, del cual el operador nacional posee el 26,01% del usufructo.
Esta decisión viene por uno de los 26 laudos pendientes de pago que tiene España, fruto de las indemnizaciones a los inversores en renovables valoradas en más de 1.200 millones de euros. Entre ellos estaba el gigante NextEra Energy, que ha pedido a los tribunales la homologación y ejecución del laudo de 291 millones de euros que fue dictaminado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, con el objetivo de compensar las pérdidas en dos plantas termosolares instaladas en Extremadura.
Aena se ha visto perjudicada por este asunto al ser una empresa participada al 51% por Enaire, sociedad pública. Esta ya sufrió el pasado mes de julio otro embargo por los tribunales de Bélgica, en el que en este caso el implicado era el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments. Aquí, se embargó las transferencias que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), realizadas por Enaire por la recaudación de las tasas de ruta y terminales. En principio, la indemnización fue valorada en 32 millones por el Ciadi, aunque unos días después el tribunal de Bruselas lo elevó a 83,7 millones de euros.
Ante esta situación, Aena remitió el sábado por la noche un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) firmado por Elena Roldán, secretaria del Consejo de Administración, informando que no le han sido comunicadas estas medidas cautelares, aludiendo a que Aena "no es parte en este proceso judicial de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral". Aena apuntó que llevará a cabo, tan pronto le sea notificada la decisión, las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, defenderá los intereses de Aena, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda.
Resistencias de España
No es el primer embargo que recibe el Estado por esta causa. Otros organismos públicos, como el Instituto de Cervantes en Londres y el Instituto Español en la misma ciudad ya han sido afectados con medidas similares. Esta cautelar supone, por el momento, quedarse sin un aeropuerto que logró unos ingresos de 194 millones de euros en el primer semestre y un ebitda de 75 millones de euros.