El Ministerio de Transición Ecológica acaba de abrir una consulta pública sobre el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima: la Hoja de ruta del sector energético a 2030. El departamento que dirige Teresa Ribera ha dado de plazo hasta el 12 de julio para presentar las alegaciones correspondientes sobre un informe que ha llamado poderosamente la atención del sector.
La consulta pública -que en esta ocasión no se ha incluido en el área de energía- plantea serias reticencias a la instalación masiva de renovables y minimiza el impacto económico del cierre de las centrales nucleares.
El PNIEC, no olvidemos, plantea que las renovables aporten el 81% del consumo eléctrico en 2030 frente al 76% anterior y un aumento hasta el 48% en los usos finales de las energías verdes frente al anterior 42%. Para lograrlo, Transición Ecológica propone alcanzar una potencia total en el sector eléctrico de 214 GW, de los que 160 GW son de generación renovable, y 22 GW de almacenamiento, lo que en la práctica supone más que duplicar el nivel de instalaciones actual.
Según se recoge en el documento resumen de los 20 principales puntos que se han evaluado una docena suponen un impacto negativo para el medioambiente y otros ocho se consideran positivos.
El análisis asegura incluso que la propuesta puede suponer un impacto negativo severo en varios de los asuntos analizados. Lo más sensibles se centran en el riesgo de ocupación de espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 por nuevas instalaciones de generación eólica y solar, y por redes de distribución y transporte, así como la alteración del paisaje rural que pueden provocar este tipo de instalaciones.
Estas consideraciones coinciden con las reclamaciones que en numerosas ocasiones plantean desde las organizaciones ecologistas en zonas con alta concentración de energías renovables.
Según recoge el informe ambiental del plan, el PNIEC no ofrece localizaciones concretas para las nuevas plantas, por ese motivo se han incluido una serie de recomendaciones para la integración territorial en dichos espacios rurales.
Asimismo, en el contexto de aceleración de la transición energética que marca el PNIEC, el aumento de la potencia eólica y solar a instalar supondrá un incremento de la superficie afectada. No obstante, aclaran que con las medidas específicas de integración ambiental y territorial adoptadas propiciarán una mejora en la interacción de la infraestructura con el entorno y, especialmente, en evitar los efectos acumulativos derivados de una distribución territorial desfavorable, por lo que no se estima un incremento significativo en los niveles de impacto paisajístico.
Este impacto potencial por acumulación de instalaciones en algunas zonas, indica el Gobierno, es susceptible de reducirse mediante instrumentos de planificación y medidas que se puedan adoptar, incluyendo el proceso de evaluación de impacto ambiental al que deben someterse.
En este sentido, siempre que sea factible, recomienda el Ejecutivo que se aprovechen las estructuras existentes para la instalación de renovables con el fin de reducir la superficie natural ocupada en el territorio. Para el Gobierno, instalar un aerogenerador de mayor tamaño cuenta con un menor impacto ambiental porque reduce el número que deben instalarse.Hábitats naturalesOtro de los puntos que se destaca por su efecto negativo es la alteración de los hábitats naturales que utilizan las aves y los quirópteros (murciélagos).
La ocupación adicional de territorio por la construcción de estas nuevas instalaciones y sus infraestructuras de transporte y distribución puede llevar consigo una alteración del hábitat. Además, puede suponer un efecto barrera y pérdida de conectividad ecológica del territorio. Estos impactos potenciales podrían tener, en determinados casos, efectos sinérgicos, por acumulación de instalaciones en determinados territorios del ámbito nacional con una elevada penetración de energías limpias.
Impacto del cierre nuclear
El Estudio Ambiental Estratégico sorprende también al entrar en el impacto sobre la actividad económica y el empleo asociados al cierre de las centrales de carbón y nucleares. Los últimos desarrollos en materia económica, técnica y regulatoria, indican, han llevado a que actualmente todas las centrales térmicas de carbón del país ya hayan completado su cierre, estén en proceso o sometidas a planes de cierre a medio plazo, con lo que se estima que el cierre total del carbón podría darse en torno al año 2025.
Para paliar sus consecuencias ya se han venido desarrollando iniciativas de acompañamiento en los territorios afectados con fondos nacionales y europeos provenientes del Plan de recuperación.
El informe valora también de forma positiva los efectos globales a largo plazo de la reducción del parque nuclear, debiendo desarrollarse los instrumentos previstos para la gestión de los residuos de alta actividad generados por el funcionamiento de las centrales, incluyendo su depósito en condiciones de seguridad.
El plan considera que existen efectos negativos asociados al desmantelamiento de las centrales nucleares. Cuando finaliza la vida útil de una central nuclear y se procede a su desmantelamiento, se han de gestionar grandes cantidades de residuos radiactivos, la mayor parte de ellos de muy baja actividad. No obstante, indica que los riesgos se minimizan con los estrictos protocolos de seguridad que se aplican a todas las operaciones que se desarrollan en el proceso de desmantelamiento de las centrales nucleares y que dirige la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa).
