Madrid
El principal escollo para la transición energética no son -solo- los ingentes esfuerzos que se necesitan para generar electricidad o gases limpios, sino el reto regulatorio, tecnológico y, ante todo, económico de llevar la energía verde a los puntos donde va a ser necesaria. Las redes corren el riesgo de convertirse en el eslabón débil de las transiciones a las renovables. A nivel mundial, al menos 3.000 gigavatios (GW) de proyectos de energía verde, de los que 1.500 GW se encuentran en etapas avanzadas, están esperando en colas de conexión a la red, lo que equivale a cinco veces la cantidad de capacidad solar fotovoltaica y eólica agregada en 2022, según detalló la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en un informe publicado el pasado octubre.
Este hecho pone de relieve el reto que tienen países como España, que está alineada con los ambiciosos objetivos de la Unión Europea de reducir en un 55% sus emisiones contaminantes hacia 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Por cada euro que se invierta en energía renovable se debe desembolsar un mínimo de 70 céntimos para las redes eléctricas, estima la AIE. La relación deberá aumentar por encima del euro a partir de 2030.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) cifra las inversiones totales energéticas hacia ese año en 294.000 millones de euros, de los que el 18% irá a redes (unos 53.000 millones de euros) y el 40% (cerca de 120.000 millones) al despliegue de renovables, lo que deja la ratio en 0,45 céntimos destinados a distribución y transporte de electricidad por cada euro dedicado a fotovoltaicas, eólicas, etc.
Voces relevantes del sector, como el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ya han pedido duplicar la inversión en redes para evitar cuellos de botella, algo que también choca con los límites impuestos por la regulación española. La inversión en nuevas infraestructuras está topada en el 0,13% del Producto Interior Bruto (PIB) para la distribución y del 0,64% del PIB para el transporte.
Las autoridades ya trabajan en fórmulas para mejorar el sistema, algo que llevan reclamando años desde el sector. En mayo, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) abrió dos consultas públicas específicas para elaborar las propuestas de circulares que tendrán que regular la Tasa de retribución financiera y la propia retribución.
Mientras tanto, la demanda eléctrica sigue subiendo. Es el caso de los centros de datos. España aspira a ser el Canal de Panamá de las conexiones de red por los múltiples cables submarinos, a la sazón las autopistas de internet, que pasan por la península ibérica. Estas infraestructuras tienen grandes consumos energéticos, por lo que su despliegue se ha visto truncado su despliegue por la saturación de las redes.
Según la consultora inmobiliaria Colliers, Madrid -donde se concentra la práctica totalidad de los proyectos de data centers en España- disponía de 164 MW instalados a cierre de 2023 y 584 MW en desarrollo. Sin embargo, la consultora informa de que los planes para poner en marcha los data centers va por detrás de la capacidad de la red para incluirlos. Este problema no es exclusivo de los centros de datos, también supone un reto para el despliegue de la red que soporte la recarga de vehículos eléctricos o las bombas de calor, entre otros elementos clave para la descarbonización que necesitan conectarse a la red.
Sin embargo, no es un reto solo para España. Bruselas prevé que la demanda eléctrica aumente en torno al 60% hacia finales de esta década, junto a un alza de la producción de renovables de 600 GW hasta los 1.000 GW en eólica y solar. Esto deja un panorama en el que la Comisión Europea calcula que se necesitan 584.000 millones de euros solo en redes. En este esfuerzo habrá de estar incluido la actualización del sistema actual, ya que las estimaciones comunitarias apuntan a que el 40% de la red tiene más de 40 años.
Redes de gas
Las empresas enfocadas a las energías convencionales también abogan por la necesidad de inversión en las infraestructuras gasísticas, ya que estiman que la electrificación no es suficiente para descarbonizar la economía. Según un estudio de la Fundación Naturgy del año 2020, solo el 25% de la demanda energética era eléctrica, el resto dependía de otros combustibles; principalmente la demanda industrial o el transporte marítimo y aéreo.
La mayor parte de esa demanda, esperan, se verá suplida por los gases renovables, como el hidrógeno y el biometano, lo que reducirá las emisiones de carbono y contará con otros beneficios estructurales, como es la capacidad de almacenamiento a largo plazo y la de aprovechar la red actual de gasoductos que ronda los 100.000 kilómetros en España.
Las firmas que lideran la inversión
A nivel local, Red Eléctrica de España (REE) anunció el pasado marzo 7.000 millones destinados a la infraestructura de red hasta el año 2026 para mejorar 8.000 kilómetros de redes, instalar 2.700 km más de líneas y 700 km de conexiones submarinas. Con este horizonte en mente, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció que el peso de las energías renovables en España pasará del 46% actual hasta cerca del 67% en 2026.
Las principales firmas cotizadas españolas también tienen puesto su foco inversor en las redes, aunque sus inversiones van más allá del mercado ibérico. Es el caso de Iberdrola, la mayor energética europea y la segunda a nivel global, que desembolsará seis de cada diez euros de sus inversiones -o capex- a redes hasta 2026. En total, esto representa 21.500 millones de euros divididos entre EEUU, Reino Unido, Brasil y España. Más de 6.500 millones están enfocados a líneas de transporte, detalla la eléctrica.
Endesa es otra de las grandes energéticas que pondrá importantes fondos para el desarrollo de la red. En su plan estratégico hasta 2026 prevé invertir 2.800 millones de euros, lo que supone un incremento de 200 millones de euros con respecto a su anterior plan 2023-2025, la partida que más crece junto a las inversiones destinadas al área de clientes.
Por su parte, Naturgy avanzó en su plan estratégico quinquenal, publicado en 2021, que incluiría 4.100 millones de euros en redes en el lustro. En conjunto, hasta 2023 la compañía ya ha desembolsado 2.304 millones de euros, 1.426 destinados al mantenimiento del sistema y cerca de 880 millones al crecimiento.
Otro actor con gran calado en el mercado eléctrico es Energias de Portugal (EDP), con gran despliegue en el sistema ibérico. La compañía espera destinar un 20% de los 17.000 millones de capex bruto (unos 3.400 millones de euros) a conexiones. La portuguesa pondrá el foco en Europa, donde recaerán el 45% de sus inversiones totales, con Estados Unidos, Canadá y México como segundo foco inversor con un 33% del total.
