Las dudas han quedado totalmente despejadas, Venezuela vuelve a ser objeto de las sanciones de EEUU, en particular las que afectan a su industria petrolera. Esta decisión rompe con el deshielo de seis meses donde el país norteamericano concedió una excepción temporal con la condición de que el país caribeño garantizase unas elecciones libres. Sin embargo, el veto consecutivo a los dos candidatos propuestos por el principal partido de la oposición y la necesidad de la misma de presentar a un tercer contendiente de 'emergencia', han provocado que EEUU considere que no se ha cumplido el acuerdo y, por lo tanto, no extienda el alivio a las sanciones.
Según ha indicado EEUU en un documento publicado en la madrugada del miércoles, las empresas tienen hasta el 31 de mayo para cerrar todas sus operaciones en el país. De este modo se rompe el sueño que se generó hace seis meses, cuando está acuerdo abrió la esperanza de que, poco a poco, la inversión internacional permitiera rearmar la producción y la industria para sostenerla del país con más reservas probadas del mundo (el 24% del todo el mundo).
Aunque los expertos temían que no se pudiera volver a la era dorada, cuando el país producía 3,3 millones de barriles diarios, un 14% de toda la OPEP, la realidad es que todos los analistas defendían que el acuerdo abría la puerta a un incremento sostenido desde los 750.000 barriles diarios actuales. Sin capital suficiente, incapacidad de acceder a préstamos internacionales y con su empresa pública petrolera (PDVSA) quebrada, las inversiones internacionales eran el único camino por el que a día de hoy pueden incrementar su producción.
Sin embargo, aunque EEUU dejó caer todo el acuerdo, una clausula se ha mantenido en pie, la licencia 41. Esta es la licencia especial, otorgada antes del pacto con Venezuela, y que permite operar a Chevron en el país. De este modo la petrolera seguirá con su proyecto en el país y supone cerca de 100.000 barriles que han sido el principal motor del crecimiento de la producción venezolana.
Se mantiene con la idea de que no haya una caída muy contundente de la producción de crudo en países vecinos, pero deja en entredicho acuerdos en el futuro que se estaban gestando (como Repsol u otras firmas europeas) y que habrían incrementado sensiblemente la oferta de crudo. En cualquier caso, la imposición de las sanciones limita completamente el horizonte de producción de la nación caribeña, pues, según Baker Instute, la medida actual solo le da margen para alcanzar un techo de 1 millón de barriles. Para crecer de forma sostenible necesitaría un largo periodo sin sanciones que de seguridad a las empresas para invertir en infraestructura, que está totalmente dañada tras años de crisis en el sector.
Desde el punto de vista de EEUU la decisión ha estado en el aire hasta los últimos días. Según comentaba hace semanas tanto Washington Post como Bloomberg, el gobierno de Joe Biden estaba inclinado a mantener el alivio de las sanciones o, como mínimo, mantener una alivio parcial. El presidente demócrata se encuentra ante un año electoral donde la inflación es uno de los grandes enemigos y la OPEP mantiene el petróleo en los 87 dólares. En ese sentido, la gran esperanza del país para 'aliviar el mercado del crudo' pasa por un EEUU bombeando a pleno pulmón aderezado por actores secundarios siguiendo su ritmo, como Guyana, Brasil o Canadá.
En ese sentido, no quería perder un 'aliado más' a la hora de sumar barriles a la oferta mundial y eso ha lastrado la decisión. Según destaca Bloomberg, Biden estaba estirando al máximo los tiempos con la esperanza de que Maduro reconsiderase sus incumplimientos y garantizase unas elecciones sin interferencias, por ejemplo, con una extensión del plazo para inscribir candidatos o que la oposición acéptase la negativa del centro electoral y aceptase competir a los comicios con Manuel Rosales, el único candidato aceptado, como su representante. Sin embargo, la fecha límite era este jueves y sin cambios de ningún tipo por lo que las sanciones han vuelto.
Por qué EEUU sanciona a Venezuela
Las sanciones de EEUU se iniciaron en 2017, cuando Maduro cerró el Parlamento del país, donde estaba en minoría, para establecer una Asamblea Nacional Constituyente encargada de redactar una carta magna pero que en la práctica solo se dedicó a legislar. Posteriormente su gobierno fue acusado por EEUU de fraude electoral para mantener la cámara y la presidencia. En 2019 las sanciones se ampliaron de la mano de Donald Trump y terminaron de hundir una industria petrolera que era el gran escudo del país frente a la hiperinflación.
Tras el acuerdo de 2023, EEUU ha considerado incumplido la acordado debido a que, en primer lugar, se vetó a María Corina Machado, que arrasó en las primarías con un 92,5% del voto debido a su apoyo a Juan Guaidó, el expresidente del parlamento que se proclamó presidente en funciones en 2019. Tras la inhabilitación por apoyar este movimiento considerado alta traición, la oposición optó por una candidatura liderada por la académica Corina Yoris, pero también fue vetada por, presuntamente, un fallo en los plazos de inscripción.