La Comisión Nacional de Mercados y Competencia dejará a la futura Comisión Nacional de la Energía una amplia lista de tareas. El nuevo organismo que surja bajo el control del Ministerio de Transición Ecológica asumirá la negociación de la retribución de las inversiones en redes de distribución eléctrica sin haber cerrado las correspondientes a los años 2020 a 2023.
Las grandes eléctricas del país tienen más de 22.000 millones de euros en juego por unas liquidaciones que todavía no son definitivas y que temen que puedan resultar excesivamente líquidas en manos de una Comisión Nacional de la Energía muy politizada.
Ante este escenario, las eléctricas se preparan para una batalla a finales de año que puede ser clave para los avances en la transición energética. Los retrasos acumulados por la CNMC generan una incertidumbre para las cuentas de las compañías al dejar abierto un asunto de la magnitud del actual con una institución que se espera que tenga un sesgo notablemente más intervencionista.
El organismo que preside Cani Fernández se escuda para justificar estos retrasos en la aprobación de las retribuciones, entre otras cuestiones, por los distintos recursos en el ámbito de lo contencioso-administrativo que en los últimos años han presentado las eléctricas. De hecho, indica que el procedimiento de liquidaciones del sector eléctrico contempla unas liquidaciones a cuenta de los costes previstos cada año para cada empresa distribuidora y asegura que por ese motivo no se puede inferir que haya un impacto negativo.
Por contra, las distribuidoras han alertado ya de las consecuencias negativas que puede tener la falta de recursos necesarios por parte del organismo supervisor para llevar a cabo en un tiempo razonable la comprobación de toda la información y documentación que deberá aportarse para cerrar las cuentas de estos últimos años.
A este problema se suma también el proceso de inspección realizado por la CNMC que, en opinión de las compañías, se ha caracterizado por una ausencia e indeterminación de criterios fijados ex ante, falta de comunicación y, en ocasiones, falta de transparencia, con tratamientos asimétricos, causando a los distribuidores eléctricos graves impactos económicos, que podrían verse agravados con el nuevo organismo.
El sector reclama que la futura Comisión Nacional de la Energía modifique la fórmula de cálculo del WACC -retribución financiera más baja que en Alemania-, que se amplien los límites de inversión del 0,13% del PIB para poder afrontar los desafíos que supone la transición energética, que se revise el coste unitario que lleva sin actualizarse desde el año 2013 o que las fórmulas tengan en cuenta la evolución de la inflación y de los tipos de interés.
Según PwC, "los sucesivos cambios normativos que ha sufrido el sector de las redes, las empresas, especialmente, los distribuidores, no tienen incentivos para acometer las inversiones necesarias para llevar a cabo el necesario proceso de transición energética".
Los inversores pueden considerar que la tasa de retribución financiera (WACC) es demasiado baja para el nivel de riesgo que presenta la actividad y, por tanto, reducirán el nivel de inversiones previstas en esta actividad. El sector de las redes es una actividad basada en capex, por lo que una fuerte subida de los tipos supone un impacto muy elevado en el coste financiero de los agentes, llevando a una falta de recursos para financiar proyectos.
Una tasa retributiva que no refleje este riesgo de la actividad y el actual contexto macroeconómico pone en riesgo el desarrollo de las redes y por tanto la oportunidad económica de la transición, así como el cumplimiento de los objetivos del PNIEC.
Manifiesto eléctrico
Según un manifiesto firmado por las patronales Aelec, Cide, Aseme y Afbel, no se puede obviar que las conexiones a través de la red de distribución permiten conectar mucha más potencia por cada euro de inversión requerido que el transporte. Si se mantuviera la limitación de inversiones fijada por ley para la red eléctrica (impidiendo dar acceso a toda la industria que lo solicita con el efecto económico que eso conlleva) sería al menos indispensable priorizar las inversiones que se realicen bajo criterios de eficiencia económica, con objeto de optimizar el beneficio que aportan.
La previsión actual del sector -si no se actualiza la metodología- es que la retribución pueda bajar del 5,58% al 4,5% para el siguiente periodo regulatorio, lo que supondría un fuerte impacto al reducirse un 20%. La CNMC acaba de someter, por segunda vez, a consulta pública la resolución de la retribución correspondiente al ejercicio de 2020 y lo ha hecho a la baja.