El peor año agrario del siglo. Así de contundente se muestra la Unión de Pequeños Agricultores en Andalucía (UPA) a la hora de calificar los resultados obtenidos en el campo andaluz durante 2023, el cuarto año consecutivo de sequía que vive la región. Y es que además de con la escasez de precipitaciones, los agricultores han tenido que luchar contra una climatología marcada por temperaturas anormalmente altas, una drástica disminución de las dotaciones de riego y una subida de costes generalizada que ha condicionado significativamente las campañas y ha hecho inviable el mantenimiento de muchas explotaciones. El olivar ha sido uno de los grandes damnificados por esta situación y la producción de aceite de oliva en la comunidad andaluza ha caído hasta las 579.675 toneladas frente a las 1.156.000 toneladas de 2022.
Andalucía acaba de cerrar uno de los ejercicios con menos lluvia de su historia: según la Aemet no se registraba un año tan seco desde 1961. La situación de los embalses cobra ya tintes de convertirse en emergencia, ya que en algunos casos como la cuenca del Guadalquivir, se encuentran al 19,3% de su capacidad.
Con datos tan preocupantes y unas perspectivas poco alentadoras desde el punto de vista climatológico, el gobierno autonómico ha puesto en marcha su IV Decreto de Sequía, un paquete de medidas que prevé destinar 217,8 millones de euros a la activación de nuevas acciones para luchar contra los efectos de la sequía y que pone especial atención en las necesidades actuales y futuras del sector
primario mediante la adopción de medidas urgentes para apoyar a los agricultores.
En concreto, la normativa incluye ayudas a través de líneas directas, exenciones fiscales y nuevas infraestructuras para aportar la conexión a las aguas regeneradas a los regantes.
En este sentido, la gran novedad, es la línea específica, por valor de 50 millones de euros, para recuperar el potencial productivo para los cultivos más afectados por la sequía, mientras que para la ganadería se mantienen la excepción para la alimentación convencional del ganado ecológico por la falta de agua.
Por último, el Gobierno andaluz asumirá la puesta en marcha de las conexiones a las aguas regeneradas en las zonas regables de la margen izquierda del Bajo Guadalete-Costa Noroeste, Guadalhorce,
Guaro, la cabecera del Guadalhorce en Antequera, Motril-Salobreña y zonas del Levante almeriense (Vera, Mojácar y Cuevas del Almanzora).
Esta revitalización del uso de aguas regeneradas refuerza la apuesta que desde hace tiempo realiza la Junta por ampliar los recursos hídricos de los agricultores. El objetivo es conseguir que todas las comunidades de regantes andaluzas puedan acceder a este sistema mediante la concesión de ayudas económicas que permitan afrontar las obras de conexión.
Se espera que estas subvencioness beneficien a nueve comunidades de regantes andaluces que aglutinan a 877 agricultores y se prevé que generen una inversión en el sector agrícola cercana a los 28 millones de euros. Asimismo, se estima que los proyectos subvencionados por la Consejería de Agricultura tengan impacto en una superficie de cultivo superior a las 4.350 hectáreas para cuyo riego se utilizarán 6,65 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas
al año.
El compromiso del Gobierno andaluz con el aprovechamiento de nuevas fuentes hídricas permitirá que en el primer semestre de 2024 se hayan puesto en circulación en la región un total de 70 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para el riego.
En esta misma línea, próximamente comenzará la segunda fase del Plan de Aguas Regeneradas de Andalucía que permitirá la entrada en
circulación para el regadío, como mínimo, de 68 hm³ más de aguas regeneradas, lo que superaría los 140 hm³ para la agricultura, el turismo y la industria.
