El presidente argentino, Javier Milei, parece que ha tomado ya la decisión de hacer frente al pago de los 16.000 millones que el país tendrá que desembolsar el próximo 10 de enero como indemnización por la expropiación del 25% de YPF a los Eskenazi.
De este modo, parece que avanza la propuesta inicial de Milei de crear un impuesto -llamado la tasa Kicillof- para hacer frente a este pago que debe materializarse la próxima semana si el estado argentino no quiere asumir el riesgo de embargos de sus activos en el exterior.
La intención de lanzar esta emisión fue confirmada por el propio presidente en una entrevista concedida a Exclusivo LN+: "Aquí hay un problema porque la plata no la tenemos. Sí tenemos la voluntad de pagar. Vamos a crear la tasa Kicillof, pagarle a Burford con un bono perpetuo. Los argentinos tendremos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso de Kicillof".
Axel Kicillof, junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron los ideólogos de esta expropiación tras el descubrimiento de un gran yacimiento de petróleo llamado Vaca Muerta.
Diez años de pleitos
El 8 de abril de 2015, Petersen Energia Inversora, presentó una demanda contra Argentina ante un Tribunal de Distrito de Nueva York tras el acuerdo de Repsol con el Gobierno argentino en mayo de 2014.
Repsol resolvió definitivamente el conflicto y recibió una indemnización valorada en cerca de 5.000 millones de dólares que le permitió reorientar sus inversiones internacionales con la compra de Talisman, una petrolera canadiense.
Sin embargo, la situación del Grupo Petersen no quedó resuelta y dio origen a este enfrentamiento judicial que se ha librado no solo ante una Corte de Nueva York, sino también en los juzgados españoles, ya que la sociedad cabecera de la participación, Pesa, tenía su sede en Madrid.
Pesa entró en concurso de acreedores y, según explica la propia Burford, la administración concursal española ha admitido que sea la firma de abogados la que preste asistencia financiera durante el periodo de liquidación. Los liquidadores de Pesa tienen abiertas demandas judiciales no solo contra el Estado de Argentina, sino también contra YPF.
En septiembre de 2017, Burford Capital -un fondo especializado en litigios- adquirió los derechos para demandar a Argentina a cambio de 15 millones, un 35% de la cantidad concedida como indemnización, tal y como se recoge en la sentencia de 8 de septiembre de 2023 emitida por un tribunal estadounidense para el Distrito de Nueva York, en relación con los casos Petersen y Eton Park contra la República Argentina e YPF. Según el fondo, en números redondos el pago implica una condena contra Argentina de aproximadamente 16.000 millones de dólares. Tras el anuncio del presidente Milei, las acciones del fondo se dispararon hasta en un 11%.
El Gobierno argentino tiene hasta el 22 de febrero para apelar la sentencia, pero la jueza ha mantenido la fecha de pago prevista para uno de los casos más mediáticos.