Pese a las advertencias lanzadas no solo desde España, sino también desde Bruselas, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha ordenado expropiar el 51% de YPF, a la que declara de interés público. El porcentaje nacionalizado provendrá enteramente de la participación del 57,4% que controla actualmente Repsol, que se quedará con poco más del 6% de YPF.
Por su parte, el grupo argentino Petersen, propiedad de la familia Eskenazy, mantendría el 25,46% que tiene a día de hoy. Tampoco se tocarán las acciones que cotizan en los mercados bursátiles, alrededor de un 17% del capital.
Según el texto del reglamento, leído durante un acto en el Salón de las Mujeres, en la Casa Rosada, el Gobierno remitirá al Parlamento una norma en la que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51% del capital de YPF.
Dentro del capital expropiado equivalente al 51% de la empresa, el Estado central asumirá a su vez un 51% y las provincias un 49%, de modo que el Gobierno tendrá un 26,01% del capital total y las provincias, el 24,99%. Tasaciones será el encargado de fijar el precio final de la expropiación.
"Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión", afirma Fernández de Kirchner.
Tras la "desnacionalización" de YPF en 1998, ha asegurado, el país ha acabado convirtiéndose en "importador neto" de gas y petróleo. Asimismo, ha aludido a esta "desnacionalización" como uno de los grandes "problemas" del país.
La Casa Rosada considera que YPF valía hace tres meses 18.000 millones de dólares. Sin embargo, tras los varapalos en bolsa por las amenazas de nacionalización, la cotización tan sólo asciende a 10.000 millones. De hecho, el regulador bursátil estadounidense (SEC) volvió a requerir información a YPF por la volatilidad de sus títulos.
Cumple sus amenazas pese a las advertencias
Sin duda, el anuncio ha cogido por sorpresa al Gobierno. El ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, declaraba el sábado a la prensa que parecía que las cosas se estaban encauzando. "Queríamos creer que se estaban encauzando", han matizado este lunes a Europa Press fuentes diplomáticas.
El Ejecutivo español no se va a quedar de brazos cruzados ante una decisión que fuentes diplomáticas califican de "impresentable" tanto por el fondo de la cuestión como por las formas en que se ha anunciado.
Las mismas fuentes aseguran que el Gobierno de Mariano Rajoy responderá con medidas, que afectarán previsiblemente al volumen de importaciones desde Argentina. De momento, Rajoy ha convocado de urgencia una reunión en Moncloa con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El pasado viernes, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, avisó de que una hipotética ruptura económica con Argentina a resultas de la posible nacionalización de la petrolera YPF "no sería sólo económica".
Tras llamar a consultas al embajador argentino en Madrid, Margallo declaró: "estamos hablando de términos económicos, pero no sólo, ni sobre todo, de términos económicos", puntualizó, diciendo que la ruptura de la relación "fraternal" entre ambos países sería "el peor escenario que se puede imaginar", pero sin descartarlo.
García-Margallo advirtió de que cualquier "agresión" a la empresa española Repsol en tanto que propietaria mayoritaria de YPF, "violando el principio de seguridad jurídica, será considerada como una agresión por parte del Gobierno español", que tomará las medidas que considere oportunas y recabará los apoyos necesarios de sus socios europeos; cosa que, precisó, ya ha hecho.
La reacción bursátil al anuncio por parte de Cristina Fernández de Kirchner de la intención de Argentina de nacionalizar YPF no se ha hecho esperar. El CDS de Argentina se ha disparado 21 puntos básicos, mientras las acciones de la petrolera caen un 25% en la bolsa de Nueva York.
Golpe para Repsol y para España
