El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido autorizar a la compañía estadounidense Heyco Energy Group (58,7%), la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (37,6%) y Oil & Gas Skills (3,5%) una prórroga para llevar a cabo una perforación en España para la búsqueda de gas natural en el yacimiento de Viura, situado en Sotés el corazón de La Rioja, hasta el 12 de noviembre de 2024.
El departamento que dirige Teresa Ribera había autorizado ya en 2022 un permiso anterior que vencía mañana y que ahora se prorroga por un ejercicio más tras la petición llevada a cabo por la compañía el pasado 6 de marzo.
Heyco Energy justifica esta solicitud en que, tras otorgarse la autorización, los titulares de la concesión pusieron en marcha los trabajos previos necesarios para la ejecución del sondeo, «han lanzado los procesos de compra de las tuberías, cabeza de pozo y otros materiales de largo plazo de entrega, así como de la contratación de la torre de perforación, con el objetivo, en ese momento, de iniciar el sondeo en la segunda mitad del año 2023». Sin embargo, solo recibieron una oferta con la que «no se puede garantizar la disponibilidad de la torre a tiempo para ejecutar los trabajos antes del final de la vigencia de la autorización».
Heyco actúa como operador desde el 13 de julio de 2022 cuando compró esta concesión a Unión Fenosa Gas, antigua filial de Naturgy y Eni. En aquel momento, la compañía contaba ya con un plan de explotación ya evaluado, así como con la declaración de impacto ambiental del proyecto Viura aprobado en 2015.
El 12 de noviembre de 2019, la Dirección General de Política Energética autorizó la ejecución del sondeo Viura-1B, durante un plazo de tres años contados a partir de su notificación a los interesados.
El 15 de marzo de 2022, con la Ley de Cambio climático ya en vigor que prohíbe el uso del fracking en nuevas concesiones, se prorrogó la vigencia de la autorización del sondeo Viura-1B hasta el 12 de noviembre de 2023. En esencia, esta prórroga venía justificada por las condiciones desfavorables del mercado de gas natural en el periodo previo, las restricciones de movilidad causadas por el COVID-19 y el inicio, por parte de Unión Fenosa Gas, del proceso de venta de sus activos y la cesión de la totalidad de su participación a un tercero.
Tras la autorización, el Ministerio para la Transición Ecológica se reserva el derecho de realizar las pruebas que estime convenientes y podrá dejar sin efecto la prórroga si se produce un incumplimiento de las condiciones establecidas en la misma, así como de cualquier otra normativa que sea de aplicación.
Según la Ley de Cambio climático, aprobada por el Gobierno, a partir de la entrada en vigor de esta ley en 2021 no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos, regulados al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
A partir de la entrada en vigor de esta ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen.
Cinco años antes del final de la vigencia de una concesión de explotación, y sin perjuicio de los requisitos establecidos en el real decreto de otorgamiento, la persona o entidad titular de la concesión presentará ante el Ministerio para la Transición Ecológica un informe que refleje el potencial de reconversión de sus instalaciones o de su ubicación para otros usos del subsuelo, incluida la energía geotérmica, o para otras actividades económicas, en particular, el establecimiento de energías renovables, y que deberá contemplar los niveles de mantenimiento del empleo.
La autorización de esta perforación ha aprovechado el resquicio legal que quedaba abierto, ya que la concesión de este permiso era previa a la Ley y no supone una nueva autorización sino prórrogas reiteradas de la misma, tal y como indican fuentes jurídicas consultadas por este diario.
El Ministerio de Transición Ecológica aprobó hace unas semanas los permisos necesarios para que Repsol y Cepsa abandonaran el último yacimiento de petróleo en España por los problemas que les generaba la posibilidad de llevar a cabo nuevas perforaciones para reducir el declino -la caída natural de la producción- que se registraba en el yacimiento de Casablanca.