El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atendido la petición de los grandes lobbies industriales del país. El Ministerio de Industria, que estará en manos de Jordi Hereu, creará en los próximos días una Secretaría de estado para la Industria, frente a la actual secretaría general.
La Alianza por la Competitividad Industrial, que aglutina a las principales patronales de este país, reclamó esta pasada semana al presidente un mayor peso político del Ministerio frente a otros departamentos, en clara alusión a Transición Ecológica.
La capacidad de coordinación e influencia de la actual secretaría general, encabezada hasta ahora por Francisco Blanco, respecto a otros departamentos del Gobierno, era insuficiente para impulsar adecuada y eficazmente la Política Industrial.
La negativa de los sucesivos ejecutivos a elevar esta secretaría general a secretaría de estado era considerada por el sector como un termómetro del nivel de prioridad que los gobiernos otorgan al desarrollo de su tejido productivo, pero a partir de ahora esta situación se va a revertir.
La Alianza, que está constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia), plantea tres propuestas adicionales al Gobierno.
En el primer caso, la constitución de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política industrial, un órgano con capacidad para coordinar la actuación de los diferentes departamentos ministeriales con competencias en ámbitos que afectan a la industria. Porque el futuro de la industria está vinculado a las políticas energéticas y medioambientales, al desarrollo de infraestructuras logísticas y de transporte, a la disponibilidad de materias primas minerales, a los programas de innovación, desarrollo tecnológico y digitalización, o al desarrollo de cualificaciones profesionales y de la formación para el empleo. Este órgano permitiría desarrollar una política industrial efectiva y coordinada, así como diseñar adecuadamente la autonomía estratégica que el país necesita.
En segundo lugar, la Asociación pide la creación de una Agencia Estatal, dotada de capacidad operativa y de recursos económicos y humanos suficientes, que actuara de forma coordinada con las diferentes comunidades autónomas.
La Agencia, entre otras funciones, podría gestionar los incentivos a la inversión, agilizar mediante procedimientos de ventanilla única proyectos estratégicos industriales, facilitar el desarrollo de proyectos de innovación que respondieran a las necesidades de las empresas, e instituir observatorios de competitividad internacional y de vigilancia normativa, capaces de detectar los diferenciales competitivos alcanzados por terceros países y proponer medidas similares en nuestro país.
Por último, el actual Foro de Alto Nivel de la Industria Española, creado con el objetivo de que las organizaciones empresariales y sindicales asesoraran al Ministerio, debe evolucionar a un Consejo Asesor de Política Industrial con atribuciones efectivas para intervenir en el diseño de la estrategia industrial y de sus instrumentos de ejecución. Asimismo, el Consejo debería recuperar los observatorios sectoriales -con la participación de sus respectivos agentes sociales- los cuales elevarían propuestas y medidas específicas para impulsar el desarrollo competitivo y sostenible de aquellas actividades industriales estratégicas desde un punto de vista económico, social, sanitario o de seguridad.